Las cámaras de la 'almendra central' de León continúan sin tener capacidad para poder sancionar tras meses de bloqueo
Casi doce meses después de su puesta en marcha, las cámaras instaladas en la denominada almendra central de León siguen sin poder imponer sanciones. Aunque el sistema de lectura de matrículas funciona desde el 1 de julio del pasado año, su utilidad se limita por ahora a la recogida de datos.
Desde el Ayuntamiento no se ha ofrecido una explicación oficial sobre la situación actual. Sin embargo, de manera extraoficial se reconoce que las multas no se están tramitando. “No hay soporte legal para que sancionen con garantías”, admiten fuentes municipales.
Intentos fallidos desde su implantación
El despliegue de este sistema ha estado marcado por continuos contratiempos. La primera fecha prevista para su entrada en vigor fue el 1 de marzo del 2025, pero la presión vecinal obligó a posponerla. Posteriormente, se fijó el 1 de julio como nuevo inicio, aunque una decisión cautelar del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), impulsada por el Partido Popular, volvió a frenar el proceso.
Las cámaras, ubicadas en vías como San Agustín, Alfonso V, Gil y Carrasco o Ramiro Valbuena, forman parte del plan municipal para limitar el tráfico en el centro urbano.
Ordenanza en punto muerto
El desarrollo normativo necesario para activar las sanciones continúa sin resolverse. En el pleno de julio del pasado año se decidió ampliar el plazo de alegaciones hasta el 12 de septiembre de ese mismo ejercicio, lo que aplazaba cualquier avance.
Los tiempos administrativos —resolución de alegaciones, aprobación definitiva y publicación— hacen improbable su entrada en vigor en el corto plazo.
Debate político y presión comercial
El Partido Popular mantiene de forma histórica su oposición al modelo actual y ha reclamado que no se sancione sin una base legal sólida. Además, cuenta con el apoyo de asociaciones de comerciantes, que proponían sustituir la peatonalización estricta por un sistema de “tráfico calmado” con límite de 10 km/h.
Según los populares, esta alternativa ya había sido defendida por el alcalde, José Antonio Diez, durante la campaña de 2019, antes de apostar por restricciones más contundentes.
Vigilancia sin multas
Mientras tanto, los dispositivos siguen operando en modo informativo. Detectan accesos no autorizados, pero no generan las sanciones de 90 euros previstas inicialmente.
El Consistorio siempre ha sostenido que la finalidad del proyecto es reforzar la seguridad peatonal y preservar el patrimonio urbano. No obstante, la falta de concreción en los plazos mantiene la incertidumbre entre vecinos, comerciantes y conductores habituales del centro.
