Canuria ve avances hacia el cumplimiento de sentencia que disuelve Serfunle

El presidente de Serfunle y concejal del Ayuntamiento de León, Vicente Canuria, confirmó este martes que la mancomunidad ha iniciado los pasos para cumplir la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJ), que declaró nulo el acuerdo por el que en 2003 se adjudicó a la empresa Mémora la gestión privada del 49% de la sociedad mixta.

“Evidentemente, la ejecución de la sentencia obligará a la liquidación del contrato”, señaló Canuria, recordando que el proceso conllevará una restitución de bienes entre ambas partes y la preparación de un nuevo concurso.

La resolución judicial, fechada el 4 de febrero de 2022 y ya firme tras ser rechazados los recursos ante el Supremo y el Constitucional, dictamina que el contrato vulneró los principios de igualdad y transparencia al incluir un canon de gestión no contemplado en los pliegos iniciales. Dicho canon supuso ingresos para Mémora por más de 8,4 millones de euros entre 2004 y 2015, a lo que se suman alrededor de 600.000 euros anuales en la última década.

Negociación y liquidación

Canuria subrayó que la mancomunidad ya se ha dotado del asesoramiento técnico, jurídico y económico necesario para este proceso, adjudicado al despacho G. Cueto Legal por 42.350 euros.

“Se han adoptado decisiones relativas al cumplimiento voluntario por parte de ambas partes para intentar una finalización amistosa de la liquidación”, explicó. Sin embargo, advirtió que si no se logra un acuerdo, “habrá que acudir de nuevo a los tribunales para ejecutar la sentencia”.

El presidente de Serfunle insistió en que el procedimiento no será inmediato: “Habrá que realizar memorias económicas y seguir los trámites que marca la ley de sociedades mercantiles y la de procedimiento administrativo. No es algo que se resuelva de un día para otro”.

Continuidad del servicio funerario

Pese a la complejidad del proceso judicial y administrativo, Canuria aseguró que los servicios funerarios en León, San Andrés del Rabanedo y Villaquilambre seguirán prestándose con normalidad: “Lo que sí es seguro es que la forma de prestación del servicio va a seguir siendo la misma. Se volverá a sacar un contrato. No ha cambiado nada”.

Añadió que la fórmula de gestión mixta cuenta con el respaldo institucional: “Fue una decisión adoptada por todas las instancias municipales y supramunicipales. Ningún tribunal ha anulado ese modelo de gestión ni ninguna administración ha tomado una decisión contraria. Por tanto, se mantiene el mismo sistema”.

Contexto del litigio

El pleito que concluye ahora se abrió en 2019, cuando la asamblea de la mancomunidad reinició el procedimiento para declarar la nulidad del acuerdo de 2003. El TSJ subrayó que el canon de gestión –un 10% de la facturación, elevado al 12% a partir del sexto año– debería haber estado recogido en los pliegos, al afectar directamente al precio del contrato.

La sentencia fue tajante: “Si se publican unas condiciones para la adjudicación de un contrato y finalmente se adjudica con otras distintas, se ha infringido el principio de igualdad y de transparencia”.