El caso que nunca encajó: ¿Realmente Raquel Gago era culpable? El fiscal mantiene que no lo era

El 12 de mayo de 2014, la presidenta de la Diputación de León y del PP provincial, Isabel Carrasco, cayó abatida a tiros en pleno centro de la capital, en la pasarela del puente que supera el río Bernesga entre el Paseo de La Condesa y el Paseo de Salamanca. La magnitud pública de la víctima, el escenario urbano, la rapidez en las detenciones y el contexto político hicieron del suceso uno de los casos criminales más mediáticos de la última década en España.

La Policía detuvo en cuestión de minutos a Montserrat González, autora confesa de los disparos; a su hija Triana Martínez, involucrada en los seguimientos previos; y, días más tarde, a la agente municipal Raquel Gago, amiga de Triana. La rápida construcción del relato policial —tres mujeres, un arma, una trama aparentemente simple— llevó a un proceso marcado por la presión mediática y política.

Años después, el prestigioso fiscal Carlos Castresana revisó el caso en su libro 'Bajo las togas', en el que repasa errores judiciales emblemáticos de la historia reciente. Su análisis sobre el crimen de Carrasco  vuelve a poner en cuestión la condena a Raquel Gago.

Un relato incriminatorio que se sostenía con dificultad

Durante la instrucción y el juicio, la defensa de Gago argumentó que la agente no tuvo ninguna participación en el asesinato. El sumario recogía un itinerario documentado con testigos, comunicaciones y hábitos laborales que la situaban en una rutina ordinaria la tarde del crimen. Esos movimientos, según Castresana, eran coherentes con su versión desde el principio.

Uno de los puntos más controvertidos fue el hallazgo del arma homicida en su coche. Gago la descubrió más de una hora después del crimen, cuando se disponía a mover el vehículo, y acudió de inmediato a un amigo policía, que activó el protocolo oficial. Para Castresana, la reacción se ajustaba más a un comportamiento de sorpresa que a una estrategia de ocultación.

Incluso la Audiencia Provincial de León —recuerda el fiscal— expresó dudas durante el proceso sobre si la participación de Gago quedaba probada más allá de la sospecha. El tribunal valoró alternativas que iban desde la absolución hasta una figura atenuada de encubrimiento.

Incongruencias en la instrucción y líneas nunca investigadas

El análisis de Castresana subraya que el caso se cerró prematuramente alrededor de un triángulo de sospechosas sin explorar con profundidad otras derivadas que aparecían en el sumario. Una de ellas era la procedencia del arma, un elemento clave cuya trazabilidad nunca quedó aclarada. Tampoco se profundizó en la posibilidad de que terceras personas hubieran colaborado en los seguimientos a la víctima.

El fiscal sostiene que hubo indicios que, debidamente contrastados, habrían obligado a replantear el relato oficial. Entre ellos, registros telefónicos, contactos y archivos que no recibieron un estudio exhaustivo. El sumario, explica, contenía suficiente información como para abrir nuevas líneas investigativas que finalmente no se recorrieron.

Pruebas exculpatorias que quedaron en un segundo plano

Los análisis de ADN, la pericia caligráfica, las pruebas informáticas y la ausencia de un móvil atribuible a Gago formaban un bloque de indicios negativos que contradecían la tesis de su participación.

Ningún testigo la situó en los seguimientos previos a Carrasco, protagonizados por Montserrat y Triana. Tampoco surgieron elementos que la vincularan a la planificación del crimen. Desde el punto de vista lógico, señala Castresana, resultaba difícil sostener que una agente de policía sin beneficio, sin antecedentes y sin motivación clara participara en un asesinato político de alto impacto.

Pese a ello, las dudas no se tradujeron en una revisión en profundidad del relato acusatorio.

Nombres propios y conexiones políticas sin esclarecer

El libro recoge, apoyándose en datos del sumario ya revelados por El Confidencial, varios elementos que nunca llegaron al juicio oral: La frecuente comunicación telefónica entre Triana Martínez y Luis Jesús Estébanez Matos, un militante del Partido Popular cercano al entonces presidente autonómico Juan Vicente Herrera. El contenido y contexto de esas llamadas no fueron objeto de investigación adicional.

La existencia de fotografías de madre e hija junto a una tercera mujer en una hipotética plantación de marihuana, una línea que tampoco fue explorada para descartar o confirmar la implicación de otros actores.

Las cajas de munición encontradas en casa de Montserrat y Triana, con el nombre del padre —inspector jefe con licencia de armas—, que nunca motivaron una investigación ampliada sobre su procedencia o posible relación con el arma homicida.

Para Castresana, estos elementos señalaban un entorno más complejo del inicialmente aceptado.

La decisión del jurado y un veredicto difícil de sostener

El momento final del proceso llegó con un veredicto del jurado que el fiscal describe como “incoherente”: reconocía atenuantes, circunstancialidad y enormes dudas sobre la implicación de Gago, pero al mismo tiempo la declaraba culpable, proponiendo incluso un indulto total.

El tribunal profesional corrigió las contradicciones, pero la resolución final dejó múltiples interrogantes. Para Castresana, el caso ilustra cómo la presión mediática, la necesidad política de respuestas rápidas y la falta de revisión crítica en segunda instancia pueden llevar a errores graves.

Hoy, Raquel Gago permanece en régimen de semilibertad desde 2023, mientras el análisis del fiscal revive el debate que nunca llegó a cerrarse del todo: si su condena se construyó sobre indicios incompatibles entre sí.

Una revisión que reabre el caso en la memoria colectiva

Con Bajo las togas, Castresana no ofrece una absolución explícita, pero sí plantea que el proceso estuvo plagado de fallos en cadena: investigación incompleta, indicios ignorados, pruebas negativas infravaloradas, conexiones políticas sin explorar y un veredicto del jurado que no superaría hoy los estándares de coherencia exigibles.

Una década larga después del crimen, su revisión ha devuelto a la actualidad el debate sobre uno de los episodios más oscuros de la crónica judicial española y sobre la posibilidad —incómoda, pero inevitable— de que una inocente fuese condenada en el asesinato más mediático de la historia reciente de León.