CCOO vincula la masificación y la ausencia de prevención a la reciente pelea entre reclusos
CCOO alerta de que el incremento descontrolado de la población reclusa, unido a la falta de políticas reales de prevención de riesgos laborales, generan un grave deterioro de la seguridad y de la salud laboral del personal penitenciario en los centros dependientes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. El sindicato vincula estas circunstancias al incidente registrado el pasado 30 de enero en la prisión leonesa de Mansilla de las Mulas, donde se registró una pelea entre internos que terminó con dos trabajadores heridos y 15 reclusos en el departamento de aislamiento.
529 agresiones físicas registradas
La masificación, señalan en un comunicado, provocado un aumento de la tensión, conflictos graves y ataques al personal y los datos oficiales señalan que 2025 se cerró con 529 agresiones físicas registradas al personal penitenciario, lo que supone un incremento del 4,33 por ciento respecto a 2024.
Villahierro, un ejemplo de colapso
Los hechos ocurridos en el Centro Penitenciario de Villahierro, apuntan, “son un ejemplo claro de esta deriva” en un lugar que ha experimentado un incremento de la población reclusa, pasando de 840 internos en 2025 a más de 1100 en la actualidad, muy por encima de su capacidad real.
CCOO denuncia que la Administración no está adaptando las plantillas, ni dotando de medios, ni abordando la crisis sanitaria, con centros que funcionan con menos de un tercio del personal médico que les corresponde. Las prisiones se están convirtiendo en almacenes de patologías mentales sin atención adecuada, lo que incrementa exponencialmente el riesgo de episodios violentos que sufren a diario los trabajadores penitenciarios.
Un protocolo de agresiones "ineficaz"
A esta situación, dicen, se suma un protocolo de agresiones (Peafa) totalmente ineficaz, que no evalúa, no previene, no protege y además deja al personal penitenciario fuera del amparo real de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales. La ausencia de una política preventiva integral es una de las principales causas del aumento de las agresiones, a juicio del sindicato, que quiere denunciar también “las agresiones que no aparecen en las estadísticas, especialmente las relacionadas con la violencia sexual hacia las trabajadoras penitenciarias, cuyo incremento es alarmante”.