Una docena de ayudantes técnicos educativos de León denuncian su incertidumbre laboral tras recibir plazas que después quedaron en el aire
Doce ayudantes técnicos educativos (ATE) de la provincia de León afrontan el inicio del curso escolar sumidos en la incertidumbre después de que, según denuncian, la Junta de Castilla y León les ofreciera entre finales de julio y comienzos de agosto puestos de trabajo para todo el curso y posteriormente paralizara esas contrataciones.
Los trabajadores, personal laboral de la Administración autonómica, aseguran que el problema se originó en el tipo de contrato planteado para cubrir las plazas y critican que, mientras se buscaba una solución a su situación, se continuaron realizando llamamientos de la bolsa para cubrir puestos a los que, según sostienen, también tenían derecho a optar.
La situación, explican, afecta directamente a doce profesionales que a fecha 4 de septiembre, cuando ya debería haberse producido su incorporación a los centros educativos, todavía desconocían cuál iba a ser su destino laboral.
Una adjudicación que quedó paralizada
El colectivo relata que entre el 30 de julio y el 4 de agosto recibió llamadas de la Administración en las que se les ofrecieron puestos para todo el curso, con contratos vinculados a circunstancias de la producción. Posteriormente, entre el 4 y el 5 de agosto, fueron citados para formalizar sus plazas.
Sin embargo, según explican, únicamente llegaron a firmar dos o tres trabajadores antes de que la Administración detectara el problema y paralizara el procedimiento.
Los ATE aseguran que el 13 de agosto recibieron una nueva comunicación en la que se les trasladó que la utilización de contratos por circunstancias de la producción podía provocar que, sumados a sus anteriores contratos, alcanzaran los 18 meses y 35 días de contratación dentro de un periodo de 24 meses, circunstancia que, según la explicación recibida, podría desembocar en su conversión en indefinidos.
El colectivo afirma que en aquella conversación se les comunicó que esta situación impedía mantener las contrataciones inicialmente previstas y que, por ello, únicamente podrían optar a vacantes y sustituciones.
"Nos dijeron que nos llamarían en los próximos días para buscarnos una solución", explican los trabajadores, que aseguran que esa solución no había llegado a 4 de septiembre.
"No sabemos nada" cuando debía comenzar el curso
La incertidumbre se prolongó durante las semanas posteriores. Los ATE señalan que, llegada la fecha prevista para su incorporación a los centros, seguían sin recibir información concreta sobre sus destinos o contratos.
Una de las trabajadoras asegura que tuvo que ponerse en contacto con la Administración durante la mañana del 4 de septiembre para reclamar explicaciones. Según relata el colectivo, posteriormente se contactó con el resto de afectados para trasladarles disculpas por la situación.
Los trabajadores consideran especialmente perjudicial que, durante este periodo, se hayan seguido realizando llamamientos de la bolsa a personas situadas por detrás de ellos para puestos que, según su interpretación de las bases, también deberían haber podido solicitar.
"Han seguido llamando a personas de la bolsa con puestos por detrás de los nuestros", sostienen, y aseguran que incluso se han llegado a adjudicar a otros candidatos algunas de las plazas que inicialmente les habían sido ofrecidas a ellos a principios de agosto.
Perjuicios personales y familiares
Los ATE subrayan que la incertidumbre no se limita a una cuestión administrativa, sino que ha provocado consecuencias personales y económicas para los doce trabajadores afectados.
Según explican, algunos seleccionaron destinos próximos a sus domicilios o a los centros educativos de sus hijos, mientras que otros llegaron a organizar su residencia temporal en las localidades donde inicialmente tenían previsto trabajar.
"Hay gente a la que le tocaba trabajar lejos de su casa y se ha alquilado una casa en la localidad en la que se supone que iba a trabajar", señalan.
El colectivo considera que los cambios de criterio de última hora han generado una situación de inseguridad para trabajadores que habían organizado sus vidas a partir de unas plazas que posteriormente quedaron en suspenso.
"Son planes que nos dan y nos quitan de un momento a otro a su antojo", lamentan.
Reclaman contratos acordes a la realidad de los centros
Una de las principales reivindicaciones de los ATE pasa por que la Administración revise el tipo de contratación utilizado para cubrir estos puestos.
El colectivo sostiene que el contrato por circunstancias de la producción no se ajusta, en determinados casos, a la realidad de los centros educativos. Argumentan que muchos de los alumnos a los que atienden permanecen durante varios cursos en el mismo centro y continúan necesitando el apoyo de un ayudante técnico educativo.
"Cuando un niño con necesidades educativas especiales lleva tres años en un centro ya no es una circunstancia de la producción", defienden los trabajadores, que consideran que se trata de "una circunstancia propia del centro" que debería contar con una cobertura estable.
Los ATE reclaman, además, que cuando la Administración decide desistir de una contratación se les comunique oficialmente y por escrito. Según aseguran, han solicitado en reiteradas ocasiones esa documentación sin obtenerla.
"No estamos en una fábrica ni en una cadena de empaquetado"
La reivindicación laboral se une a otra relacionada directamente con la atención que reciben los alumnos con necesidades educativas especiales.
Los trabajadores recuerdan que en muchos casos llevan años desempeñando sus funciones con los mismos alumnos y consideran que los continuos cambios de profesional pueden afectar a la continuidad de la atención educativa.
"Partimos de la base de que los alumnos con los que nosotras trabajamos son niños con necesidades educativas especiales que en muchos casos su mayor beneficio es tener a una persona de su confianza a su lado", argumentan.
En este sentido, reclaman que se tenga en cuenta la naturaleza específica de su trabajo a la hora de determinar la duración y continuidad de sus contratos.
"No estamos en una fábrica ni en una cadena de empaquetado, estamos en un centro educativo y trabajamos con personas", recalcan.
Más transparencia en la bolsa de empleo
Los doce ATE reclaman también una modificación del sistema de adjudicación y una mayor transparencia en el funcionamiento de la bolsa de empleo.
En concreto, solicitan poder consultar el orden completo de la lista, los puestos ofertados y las personas a las que finalmente se adjudican, así como conocer la puntuación o posición en la bolsa con la que se ha obtenido cada destino.
Los trabajadores denuncian que cada año afrontan un proceso de selección que consideran "nada transparente", al no disponer, según explican, de información suficiente sobre los puestos que se ofertan ni sobre quién accede finalmente a ellos.
Por ello, entre sus reivindicaciones incluyen que "el proceso de selección sea más claro y transparente" y que pueda comprobarse el orden de llamamiento y adjudicación.
Tres reivindicaciones para poner fin a la incertidumbre
El colectivo resume sus demandas en tres grandes cuestiones: que se reconozca el supuesto incumplimiento de las bases de la bolsa que denuncian; que los contratos utilizados respondan a la realidad y necesidades permanentes de los centros; y que se garantice una mayor continuidad laboral para profesionales que, según señalan, acumulan en numerosos casos más de cinco años encadenando contratos, con cambios de centro de un curso para otro.
A ello añaden la exigencia de un sistema de adjudicación "claro y transparente" que permita conocer tanto las plazas disponibles como el orden en el que son ofrecidas y las personas que finalmente las ocupan.
Los ATE consideran que la situación actual perjudica tanto a los trabajadores afectados como a los propios centros y alumnos y reclaman a la Administración una solución que permita despejar cuanto antes su futuro laboral al comienzo del nuevo curso escolar.