León fija su primera ordenanza para el taxi que regula el sector (incluida la vestimenta)
León ha fijado una nueva ordenanza para el taxi de la ciudad que regula el sector, incluida la vestimenta. El pleno celebrado este viernes ha aprobado por unanimidad la nueva ordenanza, que llega "con años de retraso", según se ha advertido textualmente, y "supone una mejor regulación del sector en la búsqueda del interés mejoral.
El pleno municipal ha aprobado por unanimidad la ordenanza, con el respaldo de todos los grupos, agradeciendo el trabajo realizado por los técnicos municipales así como la aportación de los propios grupos y el sector.
La aprobación llega tras desestimar algunas alegaciones presentadas durante la fase de consulta previa. Entre ellas, la relativa a la negativa de los conductores a prestar servicio en determinados supuestos, que el Consistorio mantiene sin cambios al considerar ajustado a derecho el texto propuesto. La norma prevé, con carácter excepcional, que las personas usuarias puedan ser derivadas “a la parada más próxima a la zona afectada, garantizando en todo caso la continuidad y adecuada prestación del servicio”.
En este punto, el proyecto recoge expresamente que los profesionales podrán rechazar un servicio cuando sean requeridos por personas cuyo estado “pudiere comprometer la seguridad, salubridad o integridad del vehículo o del conductor”, incluyendo supuestos de “manifiesta embriaguez o intoxicación”, salvo en situaciones de “peligro grave e inminente para la vida o integridad física” del demandante.
Aportaciones de los grupos políticos
Durante la sesión ordinaria de la Comisión de Seguridad Ciudadana y Movilidad los grupos municipales incorporaron diversas modificaciones al texto.
El Partido Popular introdujo cambios en el régimen de licencias, precisando que el otorgamiento de nuevas autorizaciones corresponderá al Ayuntamiento de León “mediante concurso público” y previa consulta a asociaciones del sector, sindicatos, consumidores y personas con discapacidad. También se matizó el régimen de prestación mínima del servicio, fijando límites de interrupción de actividad y sus causas justificadas.
Por su parte, UPL propuso una redefinición más detallada del servicio de taxi, que pasa a concebirse como transporte discrecional con vehículos de entre cinco y nueve plazas, así como la distinción entre servicio global e individual. El grupo leonesista también planteó ajustes en la documentación exigible, el transporte de animales de compañía —que se permitirá de forma gratuita “salvo circunstancias debidamente justificadas”— y la obligatoriedad de entregar tique en formato impreso o electrónico.
VOX centró sus aportaciones en la transmisión de licencias, reforzando el derecho de tanteo y retracto a favor del Ayuntamiento, aunque excluyéndolo en transmisiones a familiares directos o a conductores asalariados o autónomos colaboradores.
Objetivos de la nueva norma
La memoria de análisis de impacto normativo que acompaña al proyecto ahora aprobado subraya que la ordenanza nace para “superar la situación actual de ausencia de regulación municipal” del sector. Entre sus fines figura reconocer el taxi como servicio de interés general, garantizar una prestación de calidad y no discriminatoria en todo el término municipal y adaptar el sector a los nuevos modelos de movilidad urbana sostenible, marcados por las Zonas de Bajas Emisiones y la digitalización.
Asimismo, el texto pretende adecuar el servicio a la realidad social y económica de León, mejorando tanto las condiciones para las personas usuarias como para los profesionales del taxi.
Una ordenanza amplia y estructurada
La ordenanza del taxi se articula en trece capítulos, con 82 artículos, además de disposiciones adicionales, transitorias y finales. Regula desde el régimen jurídico y las licencias hasta los vehículos, los sistemas de pago, los derechos y deberes de usuarios y conductores, la propia vestimenta, los horarios, las tarifas y el régimen sancionador.
Con este paso, el Ayuntamiento de León dota al sector del taxi de un marco normativo estable, adaptado a la legislación estatal y autonómica y a los retos actuales de la movilidad urbana.
