La aplicación de la ley del carné de conducir de 2010, junto a otros factores, reduce hasta un 60% la actividad en León de los centros de reconocimiento

Los centros de reconocimiento médico de León han visto cómo su actividad se ha reducido hasta un 60% en los últimos años, un descenso provocado por varios factores acumulados. Entre ellos destaca la ley del carné de conducir aprobada en 2010, que al ampliar los plazos de renovación explica aproximadamente un 40% de la caída registrada por el sector.

A este cambio normativo se sumaron posteriormente otros elementos que han ido agravando la situación, como la eliminación del permiso profesional BTP en 2016, las prórrogas aprobadas durante la pandemia y el envejecimiento de la población junto con la pérdida de jóvenes en la provincia. En conjunto, estos factores han reducido de forma sostenida el número de reconocimientos y han estrechado los márgenes de un sector formado mayoritariamente por pequeñas y medianas empresas.

Una caída acumulada desde 2010

La responsable del Centro de Reconocimiento Médico Las Cortes sitúa el punto de inflexión en la entrada en vigor de esta normativa, que modificó por completo la frecuencia con la que los conductores estaban obligados a pasar el reconocimiento psicotécnico. “Antes había personas que renovaban cada tres años y ahora pasan a hacerlo cada cinco o incluso cada diez. Eso reduce automáticamente el número de reconocimientos”, explica.

Aunque el impacto no se percibió de forma inmediata, con el paso del tiempo sus efectos se han ido acumulando hasta traducirse en una pérdida de más del 60% de la actividad que tenían los centros antes del cambio legal. Desde el sector insisten en que no se trata de un descenso puntual, sino de una tendencia estructural que se ha consolidado a lo largo de los años.

Menos renovaciones y más años de vigencia

La modificación de los plazos afectó especialmente a los conductores de mayor edad. Antes de 2010, un conductor entre 45 y 70 años debía renovar el carné cada cinco años y, a partir de los 70, cada dos. Con la normativa actual, la vigencia se amplía a diez años hasta los 60 y a cinco años a partir de los 65, siempre que se superen las pruebas médicas. “Yo antes no podía darle a un señor de 70 años un carné por cinco años y ahora, si pasa las pruebas, estoy obligada a hacerlo”, explica la responsable del centro.

El impacto de la eliminación del carné BTP en 2016

A la ampliación de los periodos de renovación se sumó en 2016 la desaparición del permiso BTP, obligatorio hasta entonces para conductores profesionales de ambulancias, taxis, transporte escolar, policía o bomberos. Este carné se renovaba cada cinco años y generaba un flujo estable de reconocimientos. Su eliminación supuso otro golpe directo para el sector. “Toda esa gente profesional dejó de venir con la periodicidad que venía antes. Es otro reconocimiento menos que se pierde”, sentencia.

El vacío provocado por la pandemia en 2020

El sector todavía no se había recuperado de estos cambios cuando llegó la pandemia. Durante ese periodo se aprobaron prórrogas automáticas de hasta seis meses para los carnés caducados, lo que provocó un parón casi total de la actividad durante un largo periodo. “La gente fue ampliando, ampliando, y eso dejó un año prácticamente vacío. Ahora estamos viviendo la última coletilla de aquello”, explica.

En 2024, el centro realizó 2.074 reconocimientos, de los cuales 1.442 fueron renovaciones. En 2025, hasta el 27 de noviembre, la cifra total ha descendido a 1.582 reconocimientos, con 1.036 renovaciones. Aunque la caída interanual ronda el 25%, desde el centro insisten en que el verdadero descenso debe analizarse en perspectiva y no en un solo ejercicio.

Despoblación y envejecimiento en León

La situación se ve agravada en una provincia como León, marcada por la despoblación y el envejecimiento. “Los jóvenes no están. Muchos se marchan a estudiar o a trabajar fuera y obtienen o renuevan el carné en su lugar de residencia”, explica. Esto reduce aún más el número de obtenciones y renovaciones en la ciudad, especialmente en los centros urbanos, donde además influyen problemas como la peatonalización o la falta de aparcamiento frente a la periferia.

Costes al alza y precios congelados

Pese a la caída de actividad, los costes de funcionamiento no han dejado de crecer. “Los precios no se pueden subir porque en una ciudad pequeña la gente se nos echa encima, pero nosotros tenemos que seguir pagando médicos, psicólogos sanitarios, personal, alquileres y seguridad social”, señala la responsable. A ello se suma la escasez de profesionales sanitarios, que ha encarecido la contratación. “Hacer las cosas bien hoy es mucho más caro que hace años”, subraya.

Desde el sector recuerdan además que los centros no tienen acceso a la historia clínica de los pacientes y deben basarse en la información que estos declaran bajo su responsabilidad. “No tenemos comunicación con la Seguridad Social. La gente se enfada con nosotros, pero es la ley la que marca las condiciones”, aclara.

Un sector que sobrevive con márgenes cada vez más ajustados

Todo este contexto ha transformado un negocio que durante años fue estable en una actividad que hoy funciona con márgenes cada vez más estrechos. “Podemos vivir, no nos podemos quejar, pero ya no tiene la rentabilidad de antes”, resume la responsable del centro, que advierte de que cualquier nuevo cambio normativo podría agravar aún más la situación de un sector esencial en una provincia envejecida como León.