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Plazas de aparcamiento para mujeres: una medida global que divide a la opinión pública en León

Aparcamiento para mujeres en la Plaza de España de Zaragoza.
Área de estacionamiento para mujeres en Alemania
Plazaas de aparcamiento en Stuttgart en Alemania.
Plazas de estacionamiento para mujeres en China.
Plazas para el estacionamiento de mujeres en Rusia
Seúl introdujo puestos de estacionamiento solo para mujeres en 2009.
Plazas de aparcamiento para mujeres en León capital.
Plazas de aparcamiento para mujeres en León capital.
Plazas de aparcamiento para mujeres en León capital.
Plazas de aparcamiento para mujeres en León capital.
Plazas de aparcamiento para mujeres en León capital.
Plazas de aparcamiento para mujeres en León capital.
Plazas de aparcamiento para mujeres en León capital.
Plazas de aparcamiento para mujeres en León capital.
De Frankfurt a León, pasando por Seúl o Pekín, el diseño urbano incorpora desde hace décadas estacionamientos exclusivos para mujeres en nombre de la seguridad, aunque el debate sobre su eficacia y simbolismo sigue abierto

La reciente decisión del Ayuntamiento de León de reservar plazas de aparcamiento exclusivas para mujeres, señalizadas en color rosa y situadas junto al intercambiador de Reyes Leoneses, ha reactivado un debate social de alcance internacional. Aunque es la primera vez que una ciudad aplica esta medida en el espacio público, el modelo no es nuevo: nació en Alemania en la década de los 90 y se ha expandido a países tan diversos como Corea del Sur, China, Italia, Austria o Rusia.

La medida en León, enmarcada dentro de su plan de movilidad urbana sostenible, tiene como objetivo declarado aumentar la seguridad de las conductoras, especialmente durante horarios nocturnos o en zonas con baja afluencia de personas y abrir un espacio de concienciación social. No obstante, su implementación ha generado reacciones encontradas tanto en la ciudadanía como en el ámbito jurídico y académico.

Un fenómeno internacional con versiones distintas

En Alemania, país pionero en estas prácticas, las conocidas Frauenparkplätze llegaron a representar hasta un 30% de los espacios en algunos aparcamientos públicos, como ocurre en el aeropuerto de Frankfurt. Estas plazas se ubican habitualmente cerca de accesos principales, bajo vigilancia constante y en zonas bien iluminadas. A pesar de su carácter recomendatorio —pues no existe una ley federal que regule su uso exclusivo—, su presencia es habitual en centros comerciales, estaciones y grandes parkings urbanos.

En Corea del Sur, el proyecto Women Friendly Seoul impulsó en la década de 2010 la creación de más de 5.000 plazas específicas para mujeres. Sin embargo, las críticas por su sesgo de género provocaron que muchas se transformaran en plazas familiares o de acceso prioritario para personas con movilidad reducida o necesidades especiales.

Un recorrido similar ha seguido China, donde algunas plazas diferenciadas son también más amplias, generando polémica al asociarse esta decisión con estereotipos de supuesta torpeza femenina al volante.

En Austria e Italia, la medida ha derivado hacia un enfoque más inclusivo: plazas familiares que benefician a cualquier persona que acompañe a menores o personas dependientes. En Rusia, por otro lado, el uso de símbolos como zapatos de tacón en la señalización ha sido calificado de sexista por colectivos feministas.

España: un modelo sin regulación y con diferencias locales

A nivel nacional en España no existe una normativa estatal que respalde legalmente este tipo de plazas, lo que ha generado dudas sobre su validez jurídica. En el caso de León, el consistorio ha explicado que las nuevas plazas no están sujetas a sanción ni exclusividad obligatoria, y son tratadas como cualquier otra dentro de la zona ORA. Algo similar ocurre con las siete plazas reservadas para mujeres en el parking subterráneo de Plaza España en Zaragoza, habilitadas desde 2005.

Otras ciudades, como Osuna (Sevilla), también han implementado iniciativas similares, aunque con menor visibilidad mediática. Sin embargo, en todos los casos, la falta de un marco jurídico común ha dado lugar a interpretaciones dispares por parte de ayuntamientos, empresas concesionarias y ciudadanos.