La polémica por el peaje del Huerna se tensiona con el inicio del año con críticas a las limitaciones del vial y el incremento de precios para usuarios
El comienzo del nuevo año vuelve a situar al peaje del Huerna en el centro del debate, con una tensión creciente que afecta de lleno a la provincia de León, uno de los territorios más dependientes de esta infraestructura para su conexión con Asturias y el norte peninsular. Desde el pasado día 1, los usuarios de la Autopista AP-66 afrontan un nuevo incremento de precios que se suma a décadas de encarecimiento progresivo y a un conflicto cada vez más enquistado entre administraciones.
La subida, aplicada con la entrada de 2026, refuerza el malestar social y político en torno a una vía considerada estratégica para la movilidad de personas y mercancías. León, puerta natural hacia la cornisa cantábrica, utiliza a diario esta autopista como arteria económica, turística y laboral, lo que convierte cualquier incremento del peaje en un impacto directo sobre ciudadanos, empresas y transportistas.
Un incremento que marca el arranque del año
Desde la medianoche del 1 de enero, el precio del trayecto completo para turismos ha pasado a 16,20 euros, tras una subida del 3,64%, lo que supone 60 céntimos más por recorrido. En el caso de los vehículos pesados de tipo 1, como autobuses y determinados camiones, la tarifa se sitúa ahora en 11,70 euros, con un aumento de 40 céntimos. Para los vehículos pesados de tipo 2, entre ellos tráileres, el coste asciende a 15,05 euros, tras encarecerse 55 céntimos.
Estas cifras consolidan a la AP-66 como una de las autopistas más caras del país en relación a su longitud —unos 78 kilómetros— (solo superada por otra autovía leonesa, la León-Astorga) y refuerzan la percepción de agravio entre quienes la utilizan de forma habitual para cruzar la Cordillera Cantábrica.
Una vía clave para León y Asturias
La autopista del Huerna funciona desde hace más de cuatro décadas como enlace fundamental entre León y Asturias, sustituyendo a la antigua y peligrosa carretera del puerto de Pajares. Su construcción, iniciada en 1976 por la concesionaria Aucalsa y culminada definitivamente en 1997 con los túneles del Negrón, supuso un salto cualitativo en seguridad y tiempos de viaje.
Hoy, pese a las críticas, la infraestructura mantiene una intensidad media diaria cercana a los 8.800 vehículos, una cifra que confirma su carácter imprescindible. Para León, esta conexión es clave no solo para el tráfico cotidiano, sino también para el transporte de mercancías, el turismo y las relaciones económicas con Asturias y el resto del norte.
La prórroga hasta 2050, en el centro del conflicto
El origen del enfrentamiento actual se sitúa en la prórroga de la concesión aprobada en el año 2000, durante el Gobierno de José María Aznar, con Francisco Álvarez-Cascos al frente del entonces Ministerio de Fomento. Aquella decisión extendió la explotación privada de la autopista hasta el 17 de octubre de 2050, más de veinte años después de la fecha inicialmente prevista para su finalización.
Desde entonces, mientras otras autopistas estatales han ido liberándose de peaje, la AP-66 ha seguido generando ingresos millonarios. Solo en 2024, Aucalsa facturó 47,8 millones de euros, una media diaria cercana a los 130.000 euros, y las previsiones apuntan a más de 1.900 millones adicionales hasta el final de la concesión si no hay cambios.
Europa, los tribunales y la presión política
El conflicto dio un salto cualitativo tras el dictamen de la Comisión Europea, que considera ilegal la prórroga al entender que supuso una modificación sustancial del contrato sin concurso público. Este pronunciamiento ha servido de base para que el Gobierno del Principado de Asturias aprobara en noviembre de 2025 una acción de nulidad contra el real decreto que amplió la concesión.
A esta ofensiva se han sumado organizaciones empresariales, como la FADE, sindicatos y colectivos sociales, mientras que otras comunidades, entre ellas Castilla y León, han respaldado la necesidad de revisar el modelo y priorizar el interés general frente a la explotación privada de infraestructuras consideradas amortizadas.
Un peaje cada vez más cuestionado
Los episodios recientes, como el argayo de noviembre de 2024 que obligó a cortar la autopista durante días y cuyas obras se prolongarán hasta el verano de 2026, han intensificado las críticas. El mantenimiento del cobro íntegro del peaje pese a las limitaciones del servicio ha alimentado reclamaciones formales e incluso comparaciones con la sentencia del Tribunal Supremo que obligó a devolver peajes en la AP-9 gallega.
Mientras el Ministerio de Transportes mantiene su negativa a suprimir el peaje y apuesta por bonificaciones parciales, el arranque de 2026 deja claro que el conflicto del Huerna no solo sigue abierto, sino que entra en una fase más dura. Para León, cada subida y cada decisión refuerzan la sensación de que una infraestructura esencial continúa siendo también un foco permanente de desigualdad territorial.
