El Principado anima a los usuarios de la León-Asturias a presentar demandas colectivas contra el peaje del Huerna
El Gobierno del Principado de Asturias ha reforzado su estrategia jurídica frente al peaje del Huerna (AP-66), una infraestructura esencial para la movilidad entre León y Asturias. Desde el 1 de enero, el coste para vehículos ligeros se sitúa en 16,20 euros por trayecto, una cuantía que ha intensificado el malestar social y político por el impacto económico en usuarios frecuentes y transportistas.
Llamamiento a acciones legales colectivas
El Ejecutivo autonómico anima a los usuarios a sumarse a "demandas colectivas" como vía para impugnar la prórroga de la concesión. La iniciativa se apoya en los trabajos que desarrolla la Administración asturiana para solicitar la nulidad de esa extensión, que considera contraria a derecho.
En paralelo, la Unión de Consumidores de España (UCE) prepara una denuncia a la que ya se han adherido más de 3.000 residentes en Asturias, según datos de la organización.
Coordinación institucional y social
La Presidencia del Principado, encabezada por Adrián Barbón, defiende una respuesta coordinada entre instituciones y sociedad civil para aumentar la presión jurídica.
El planteamiento pasa por acumular procedimientos y respaldar las reclamaciones de los usuarios, con el objetivo de revisar la legalidad de la prórroga y las condiciones del servicio en la AP-66.
Más allá del precio
La posición del Gobierno asturiano no se limita al encarecimiento del peaje. La revisión se centra también en la validez de la concesión y en la adecuación del servicio prestado en una autopista clave para la economía y la cohesión territorial del noroeste peninsular.
La Comisión Europea ha cuestionado la prórroga, un argumento que el Principado incorpora como base de sus actuaciones.
Próximos pasos
Asturias continuará promoviendo "movilización jurídica" y asesoramiento a los usuarios para ampliar el alcance de las reclamaciones. El objetivo es consolidar un frente legal amplio que permita avanzar en los tribunales y, en última instancia, aliviar la carga económica sobre quienes dependen a diario del Huerna.