El Procurador del Común insta al Ayuntamiento de León a reforzar el control de la recogida de residuos en las calles peatonalizadas del centro y a vigilar la eficacia del nuevo modelo implantado
El Procurador del Común de Castilla y León ha emitido una resolución dirigida al Ayuntamiento de León en la que formula tres recomendaciones para garantizar el correcto funcionamiento del servicio de recogida de residuos urbanos en las calles peatonalizadas del centro de la ciudad, tras analizar una queja vecinal relacionada con las calles Fuero, Gil y Carrasco y Burgo Nuevo.
El expediente, tramitado con el número 1847/2025, tuvo su origen en las denuncias de vecinos que alertaban de las consecuencias derivadas de la retirada de los contenedores existentes en esas vías tras las obras de peatonalización. Según recoge la resolución, los residuos de toda la zona pasaron a concentrarse en el único punto de recogida situado en la calle Arquitecto Torbado, provocando frecuentes saturaciones y acumulaciones de basura en el exterior de los contenedores.
La institución recuerda que los denunciantes advertían de que esta situación afectaba negativamente a la limpieza y la salubridad del entorno y ofrecía “una imagen de absoluta degradación”.
La explicación municipal
Durante la investigación, el Ayuntamiento informó al Procurador del Común de que, tras finalizar las obras, decidió eliminar definitivamente los contenedores de las calles peatonalizadas y sustituir el sistema tradicional por un nuevo modelo de gestión de residuos.
Según la versión municipal recogida en la resolución, “se decidió, por parte de la corporación municipal, la eliminación definitiva de estos contenedores y el cambio de modelo de gestión de residuos combinando la colocación y retirada diaria de cubos de distintas fracciones, sistema de puerta a puerta comercial para recogida de vidrio y papel-cartón y pequeños contenedores de vidrio”.
El Consistorio también señaló que el número total de contenedores no se redujo, sino que fueron trasladados a las vías perimetrales abiertas al tráfico, creando puntos de recogida de mayor capacidad, entre ellos el de la calle Arquitecto Torbado.
Asimismo, reconoció que “con frecuencia se encuentran residuos fuera de estos contenedores”, circunstancia que atribuyó en parte al comportamiento de algunos usuarios y que llevó a incrementar el servicio de repaso hasta tres veces al día.
El Procurador aprecia mejoras, pero mantiene reservas
Tras analizar la documentación recibida, el Procurador del Común considera que las medidas adoptadas por el Ayuntamiento podrían haber contribuido a aliviar la situación.
La resolución señala que “el refuerzo de los servicios de repaso y la progresiva implantación del nuevo sistema de recogida, podrían haber contribuido a mejorar, al menos parcialmente, la situación que motivó la presentación de la queja”.
No obstante, la institución entiende que siguen existiendo aspectos que requieren una atención específica por parte del Ayuntamiento de León.
Un servicio público esencial que debe adaptarse a la nueva ciudad
El Procurador recuerda que la recogida de residuos urbanos es un servicio público obligatorio cuya prestación corresponde a los municipios y que debe mantenerse incluso cuando se acometen transformaciones urbanísticas como la peatonalización de calles.
En este sentido, advierte de que “cuando se adoptan este tipo de decisiones, se debe prever adecuadamente cómo se van a seguir prestando los servicios públicos esenciales que tradicionalmente utilizaban esos espacios, entre ellos la recogida de residuos”.
La institución considera que concentrar los puntos de recogida puede ser una solución válida durante una fase transitoria, pero insiste en que esa reorganización debe garantizar tanto la accesibilidad de los usuarios como la capacidad suficiente para absorber todos los residuos generados en la zona.
La calle Arquitecto Torbado, en el centro de las preocupaciones
Uno de los aspectos que más preocupa al Procurador del Común es la situación registrada en la calle Arquitecto Torbado. La resolución destaca que “la isla de contenedores situada en la calle Arquitecto Torbado ha soportado una carga especialmente elevada” desde la retirada de los dispositivos existentes en las calles peatonalizadas.
Además, subraya que “la existencia reiterada de residuos abandonados en el exterior de los dispositivos de recogida no puede considerarse una situación normal”, ya que puede ser indicativa de “una insuficiente capacidad, una ubicación inadecuada, problemas de accesibilidad o deficiencias en la información facilitada a los usuarios”.
El Procurador añade que la acumulación de residuos en un mismo punto puede generar “una percepción de degradación urbana incompatible con los objetivos perseguidos por las actuaciones de regeneración y peatonalización de los centros urbanos”.
Las tres recomendaciones al Ayuntamiento de León
A la vista de todo lo analizado, el Procurador del Común formula tres recomendaciones concretas al Ayuntamiento leonés.
La primera reclama que el Consistorio continúe realizando “un seguimiento específico de la implantación y funcionamiento del nuevo modelo de recogida de residuos previsto para las calles peatonalizadas del entorno de las calles Fuero, Gil y Carrasco y Burgo Nuevo”, verificando que la capacidad de recogida, la accesibilidad y la distribución de los puntos de aportación sean suficientes para atender las necesidades de vecinos y actividades económicas.
La segunda recomendación solicita que “se mantengan y, en su caso, se refuercen las medidas de control, repaso y limpieza” en los puntos con mayor presión de uso, especialmente en la calle Arquitecto Torbado, con el objetivo de evitar acumulaciones recurrentes de residuos y sus efectos sobre la limpieza, la salubridad y la imagen urbana.
Por último, la institución insta al Ayuntamiento a seguir desarrollando campañas de información y sensibilización dirigidas a vecinos, comerciantes y hosteleros para explicar el funcionamiento del nuevo sistema de recogida. En este apartado también pide reforzar “las actuaciones de vigilancia y control frente a las conductas contrarias a la normativa municipal y/o que puedan comprometer la eficacia del servicio”.
Dos meses para responder
La resolución, firmada por el procurador del Común, Tomás Quintana López, concluye solicitando al Ayuntamiento de León que comunique en el plazo de dos meses si acepta o no las recomendaciones planteadas y las razones que fundamenten su decisión.
Aunque la institución considera que las medidas ya adoptadas han permitido corregir parte de las deficiencias denunciadas, insiste en la necesidad de mantener una vigilancia continuada para asegurar que la reorganización del servicio “no comporte una disminución efectiva de su calidad, ni genere nuevas concentraciones de residuos o problemas de salubridad” en las zonas peatonalizadas del centro de León.