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El PSOE de León carga contra el pacto de gobierno entre PP y Vox

Mabel Fernández, durante uno de los actos de la última campaña.
Mabel Fernández sostiene que el acuerdo ignora problemas clave de la Comunidad y alerta de un posible deterioro de los servicios públicos y las políticas sociales

El PSOE de León ha expresado su rechazo al acuerdo alcanzado entre Partido Popular y Vox para formar gobierno en Castilla y León, al entender que el documento suscrito por ambas formaciones no responde a las principales necesidades de la Comunidad y supone, a su juicio, un retroceso en materia de derechos y protección social.

La procuradora socialista en las Cortes de Castilla y León, Mabel Fernández, fue la encargada de trasladar la posición de su partido, cuestionando tanto el contenido del pacto como las prioridades políticas que refleja.

Críticas por la ausencia de medidas contra la despoblación

Una de las principales objeciones planteadas por la representante socialista se centra en la falta de referencias a cuestiones que considera estratégicas para el futuro de Castilla y León.

"Los socialistas denunciamos que el documento firmado por ambas fuerzas políticas deje fuera cuestiones fundamentales como la lucha contra la despoblación y la ordenación del territorio, problemas estructurales que afectan de manera directa al futuro de la Comunidad", afirmó Fernández.

Desde el PSOE consideran que ambos asuntos deberían ocupar un lugar prioritario en la acción de gobierno debido al impacto que tienen sobre amplias zonas rurales de la autonomía, especialmente en provincias como León.

Rechazo a la “prioridad nacional”

La procuradora socialista también mostró su preocupación por algunas de las medidas incluidas en el acuerdo relacionadas con la denominada “prioridad nacional”.

Según explicó, estas propuestas introducen elementos que, en su opinión, no responden a la realidad de Castilla y León y pueden generar situaciones de discriminación.

"La inmigración representa una oportunidad para el desarrollo económico y social del territorio", defendió Fernández, quien rechazó "cualquier planteamiento que pueda limitar derechos en función del origen de las personas".

Preocupación por la reorganización de consejerías

Otro de los aspectos cuestionados por el PSOE es la nueva estructura del Ejecutivo autonómico, especialmente la desaparición de consejerías específicas dedicadas a ámbitos como Igualdad de Oportunidades o Vivienda.

Para Fernández, esta reorganización administrativa puede dificultar el desarrollo de políticas públicas dirigidas a colectivos vulnerables y reducir la capacidad de actuación de la Junta en materias que considera esenciales para la ciudadanía.

Infraestructuras fuera de las competencias autonómicas

La procuradora socialista también criticó que algunas de las actuaciones recogidas en el acuerdo hagan referencia a infraestructuras cuya ejecución depende del Gobierno central.

Entre ellas citó la autovía A-76 entre Ponferrada y Ourense o el desarrollo del nudo ferroviario del Manzanal, proyectos que, según señaló, no forman parte de las competencias directas de la Junta de Castilla y León.

A su juicio, el nuevo Ejecutivo debería centrar sus esfuerzos en aquellas áreas sobre las que sí tiene capacidad de actuación.

Defensa de los servicios públicos

Fernández advirtió además de que el pacto puede tener consecuencias sobre la calidad de los servicios públicos y las políticas de bienestar.

"Debilita los servicios públicos y las políticas de protección social, que ya están especialmente tocados en El Bierzo y Laciana", aseguró.

La procuradora añadió que "mientras necesitamos médicos, viviendas, empleo, servicios públicos fuertes y futuro para nuestros jóvenes, el PP ha elegido blindar su poder entregándose a Vox y asumiendo una agenda de recortes, retroceso y confrontación".

Oposición desde las Cortes

El PSOE anunció que ejercerá una labor de control parlamentario frente al nuevo gobierno autonómico.

Fernández avanzó que su grupo desarrollará una oposición "firme y responsable" utilizando "todos los instrumentos parlamentarios y legales a nuestro alcance" para defender las políticas sociales y los servicios públicos.

"Defenderemos la sanidad pública, los derechos, la igualdad, la convivencia y el futuro de León, del Bierzo y Laciana", concluyó la procuradora socialista.