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El Tribunal Superior de Justicia anula los bandos municipales que limitan el tráfico en el centro de León, Los Cubos y Carreras

El abogado Carlos González-Antón, junto al portavoz municipal, David Fernández, en la calle Alfonso V mostrando la sentencia del TSJCyL. Foto: A.F. Reca
El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León suspende las restricciones de tráfico en el centro de la ciudad y en Los Cubos y Carreras al considerar que no tienen soporte legal | El PP celebra la resolución y exige responsabilidades políticas a José Antonio Diez

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha tumbado los bandos municipales que restringían el tráfico rodado en el centro de León, incluyendo San Agustín, Alfonso V, Gil y Carrasco, Ramiro Valbuena y próximamente Fuero, así como Los Cubos y Carreras. Según la resolución, las medidas impulsadas por el alcalde José Antonio Diez carecen del soporte legal necesario y se actuó “contra el ordenamiento jurídico y los intereses de los ciudadanos”.

De este modo, las cámaras de control de tráfico que vigilaban estos espacios no podrán imponer sanciones, dado que no hay base normativa que respalde su uso para este fin. La sentencia considera que el bando impugnado es “nulo de pleno derecho” y acuerda la suspensión cautelar de su aplicación, una decisión con efectos inmediatos para los leoneses.

David Fernández (PP): “Han sido 723 días vulnerando derechos”

El portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de León, David Fernández, ha dado a conocer este miércoles los detalles de este  fallo y lanzando duras críticas contra el equipo de gobierno. Acompañado de documentación, cronología y referencias a las gestiones del PP, Fernández señaló que esta resolución supone “un golpe de realidad a la soberbia del alcalde” y denunció que “han sido 723 días vulnerando derechos fundamentales de los leoneses” con restricciones “ilegales”.

El edil popular -al que ha acompañado parte de su equipo popular y el abogado responsable de la demanda, Carlos González Antón- recordó que su grupo ya advirtió públicamente en diciembre del 2023 de que los bandos carecían de proyecto técnico y respaldo jurídico, y presentó una moción para retrasar su entrada en vigor, que ni siquiera fue debatida: “El PSOE la metió en un cajón, con el apoyo de la UPL”, criticó. “Se actuó sin debate, restringiendo libertades de forma unilateral, como si esta ciudad fuera el cortijo particular del señor Diez”, añadió.

“Un plan caprichoso, ideológico y personalista”

Fernández lamentó que se ha forzado una zona de bajas emisiones sin aval legal ni necesidad real: “El alcalde no buscó una solución útil para la ciudad, sino imponer un plan muy ideológico y caprichoso, que ha terminado colapsando el tráfico y haciendo imposible aparcar en el centro”. En su opinión, “el centro de León se ha convertido en un infierno para los ciudadanos por un problema que no existía y que se ha generado artificialmente”.

David Fernández, en el centro, y el abogado Carlón González Antón, y la edil Ana María Franco, durante la rueda de prensa ofrecida este miércoles.

El portavoz del PP acusó a Diez de actuar por intereses electorales, al licitar obras y colocar cámaras antes de los comicios municipales, sin tener aún aprobado un marco legal válido. “Mintió y engañó a los leoneses”, señaló, y calificó la estrategia como una “huida hacia adelante” que acabó en “dos bandos municipales que fueron un atajo torticero”.

Un proceso judicial que sigue abierto

Tras el desdén inicial del Ayuntamiento a las advertencias del PP y a una resolución del Procurador del Común en diciembre de 2023, el grupo municipal popular acudió a los tribunales en enero. Primero, solicitaron medidas cautelares, que fueron desestimadas, pero el caso continuó en el TSJCyL, que finalmente les ha dado la razón.

“Estamos satisfechos del trabajo realizado, una oposición basada en el rigor jurídico y en la defensa de los derechos de los leoneses”, destacó Fernández, quien insistió en que “el pleito continúa” y que no descartan nuevas acciones legales o políticas. Y ha sido contundente: “Vamos a exigir responsabilidades. Si el alcalde fuera responsable de una empresa privada, ya estaría despedido”.

El PP exige dimisiones y responsabilidades

El grupo popular exige que alguien asuma las consecuencias políticas y económicas de la gestión del proyecto. “¿Quién va a responder por vulnerar derechos fundamentales? ¿Quién se hace responsable de los más de un millón de euros perdidos con el aparcamiento de San Marcelo?”, cuestionó Fernández. También apuntó a la UPL como cómplice de esta “deriva antidemocrática”, por su apoyo al equipo de gobierno socialista.

Por último, Fernández pidió que se restituya el sentido común en la política local: “Es momento de recuperar la legalidad y de gobernar para todos, no para los delirios personales del alcalde”.