La Unión Federal de Policía denuncia "maniobras entre bastidores" para llevar a Valladolid el nuevo grupo UIP que reclama León

El sindicato sostiene que Valladolid ya dispone de dos grupos y reclama que los 50 agentes se destinen a una provincia que carece de una base permanente
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La Unión Federal de Policía (UFP) de León ha vuelto a reclamar este lunes que el nuevo Grupo de Unidades de Intervención Policial (UIP), integrado por 50 agentes y previsto por la Dirección General de la Policía para Castilla y León, tenga su sede en la provincia leonesa.

La Unión Federal de Policía (UFP) de León ha vuelto a reclamar este lunes que el nuevo Grupo de Unidades de Intervención Policial (UIP), integrado por 50 agentes y previsto por la Dirección General de la Policía para Castilla y León, tenga su sede en la provincia leonesa. El sindicato asegura que existen "estrategias entre bastidores" para que la unidad termine recalando en Valladolid, pese al respaldo que la propuesta ha cosechado en León.

La organización sindical sostiene que desde febrero desarrolla una campaña para defender la candidatura leonesa y que ha presentado ante el Consejo de Policía y la Dirección General de la Policía un estudio-memoria en el que recoge los argumentos técnicos y logísticos para instalar el grupo en León.

La petición cuenta además con respaldo institucional. El Ayuntamiento de León aprobó por unanimidad en febrero una moción favorable a la llegada de la unidad, mientras que el Pleno de la Diputación de León hizo lo propio en junio al reclamar al Gobierno de España y al Ministerio del Interior que el nuevo grupo tenga su sede en la provincia.

A estas iniciativas se ha sumado el Ayuntamiento de Astorga, que ha ofrecido un inmueble de dos plantas y 1.600 metros cuadrados para acoger a los agentes en caso de que no exista espacio disponible en la capital leonesa.

Críticas a los representantes del Gobierno

La UFP dirige parte de sus críticas al delegado del Gobierno en Castilla y León y al subdelegado del Gobierno en León. Según el sindicato, ha solicitado reunirse con ambos desde febrero, sin que hasta el momento se haya producido ese encuentro.

La organización considera que la falta de interlocución resulta especialmente llamativa después de que distintas administraciones y colectivos hayan respaldado públicamente la implantación del grupo en León. En su comunicado, la UFP habla de un "silencio institucional" que, a su juicio, incrementa las dudas sobre el destino final de la unidad.

El sindicato teme que la ubicación en Valladolid pueda estar decidida de antemano y reclama que la elección se realice atendiendo a criterios operativos, policiales y de distribución territorial.

Valladolid ya dispone de dos grupos

Uno de los principales argumentos de la UFP es la actual distribución de las unidades de intervención. Valladolid cuenta actualmente con dos grupos de UIP y un subgrupo de mando y apoyo, mientras que León no dispone de una base permanente de esta especialidad.

El sindicato recuerda además que la provincia leonesa contó en el pasado con una Compañía de Reserva General formada por 110 agentes, cuya desaparición supuso la pérdida de esa capacidad operativa permanente.

La organización considera que la existencia de bases diferenciadas dentro de una misma unidad no es una fórmula excepcional y pone como ejemplos los despliegues de Granada-Málaga, Bilbao-Pamplona, A Coruña-Vigo y Las Palmas-Tenerife.

"Una distribución racional de los recursos"

La UFP defiende que su reivindicación no pretende otorgar un trato de favor a León, sino conseguir, en sus palabras, "una distribución racional de los recursos policiales" en una comunidad autónoma formada por nueve provincias y con una amplia extensión territorial.

Desde el sindicato consideran que la ausencia de una unidad permanente en León y la disponibilidad de instalaciones, junto con el respaldo de las administraciones locales y provinciales, constituyen argumentos suficientes para que la provincia sea elegida.

"León ha hecho los deberes"

El portavoz de UFP-León, Ricardo Magaz, sostiene que la provincia "ha hecho los deberes" al aportar propuestas, espacios y respaldo institucional para facilitar la implantación del grupo.

La organización advierte finalmente de que, si los 50 agentes terminan destinados en Valladolid pese a estos elementos, cuestionará los criterios empleados para adoptar la decisión y reclamará conocer "quién la adoptó, por qué y con qué velados criterios".