UPL pide la dimisión del concejal de Hacienda, Carmelo Alonso, por uno de los "mayores desastres económicos" de León
El Grupo Municipal de UPL en el Ayuntamiento de León ha exigido este martes la "dimisión inmediata" del concejal de Hacienda, Carmelo Alonso, tras conocerse el "contundente" informe de Intervención que evidencia el "fracaso absoluto en la gestión de la tasa de basuras" impulsada por el equipo de gobierno socialista.
Según señaló el portavoz leonesista, Eduardo López Sendino, "se trata de una situación de auténtico fiasco económico y administrativo, después de que las sentencias judiciales que anulan las ordenanzas fiscales y las irregularidades detectadas por el interventor municipal (Gabriel Menéndez Rubiera), sitúen el impacto económico total en más de 15 millones de euros entre anulaciones de derechos, devoluciones de ingresos indebidos y deterioro del remanente de tesorería municipal".
El informe de Intervención advierte además de una “necesidad de financiación” de más de 9,2 millones de euros y de un "grave incumplimiento de la estabilidad presupuestaria".
6 millones de 'derechos ficticios'
Asimismo, advierte la UPL, el documento recoge la existencia de más de 6 millones de euros en “derechos ficticios” que nunca llegarán a cobrarse y que deberán ser anulados, "agravando todavía más" la situación financiera del Ayuntamiento.
La gravedad de los hechos exige responsabilidades políticas, según aseguraron este martes desde la UPL. "En cualquier empresa privada una gestión que provoca un agujero de más de 15 millones de euros habría supuesto el cese fulminante del responsable. No entendemos cómo el alcalde mantiene todavía al concejal de hacienda al frente de un área que ha demostrado una absoluta incapacidad de gestión", señaló Sendino para recordar que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha declarado nulas las ordenanzas de la tasa de residuos de 2025 y 2025 por defectos de tramitación y falta de motivación técnica suficiente, "desmontando jurídicamente toda la actuación municipal en esta materia".
El informe del Interventor
El propio interventor en su informe alude a la posibilidad, de forma motivada y previa a la tramitación del correspondiente procedimiento especial de revisión, de extender los efectos de resolución judicial a la totalidad de los vecinos de la ciudad, que, desde el Grupo Municipal de UPL "entendemos que es lo justo y adecuado y no solamente en beneficio de quien obtuvo la sentencia favorable, porque la anulación es absoluta y debe de favorecer a todos y no solo al recurrente lo que supondrá, según el interventor, una salida de fondos por importe de más de 3.700.000 euros, y una anulación de derechos, en definitiva, posibilidad de cobro, por un importe de más de 1.400.000 euros".
"Por otra parte si el concejal de Hacienda hubiera cumplido con su obligación de elaborar la ordenanza y aprobar la misma en los plazos establecidos en su momento por la Ley 7/2022 de 8 de abril, habría dado tiempo a realizar jurídicamente adecuada la ordenanza y se hubiera evitado el fiasco de una ordenanza realizada deprisa y corriendo que ha conllevado la anulación de la misma con el consiguiente perjuicio económico que va a condicionar en gran medida el devenir en los próximos ejercicios de las cuentas de este Ayuntamiento", añadió el portavoz leonesista.
Consultoría externa
En el mismo sentido, indicó que en la Junta de Gobierno Local con fecha 30 de abril de 2026 se aprobó un gasto de 218.042 euros para encargar a una consultoría externa la elaboración de una nueva ordenanza, "que no dudamos que esa empresa externa se va a encontrar con los mismos problemas que han motivado las sentencias judiciales, y todo ello porque el concejal de Hacienda no ha hecho su trabajo y sus deberes en los años anteriores para la correcta aplicación de la tasa conforme a la Ley 7/2022 de 8 de abril de residuos y suelos contaminados para una economía circular".
Por todo ello, desde el Grupo Municipal de UPL, exigieron la dimisión del concejal de Hacienda y reclamaron al equipo de gobierno de José Antonio Diez que "asuma de una vez sus responsabilidades políticas ante uno de los mayores desastres económicos de los últimos años en el Ayuntamiento de León".