UPL rechaza el consorcio de transporte por excluir al alfoz y prorrogar el actual contrato

El Grupo Municipal de Unión del Pueblo Leonés (UPL) ha votado en contra del convenio firmado entre la Consejería de Movilidad y Transformación Digital de la Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento de León para crear el consorcio de transporte metropolitano del área funcional de la capital. La formación leonesista justifica su rechazo no por oponerse a una reordenación del transporte, sino por considerar que el acuerdo nace “sin consenso institucional” y con “serias dudas de legalidad”.

UPL subraya que el convenio se ha tramitado sin la participación de la Mancomunidad de Interés General (MIG) ni de los ayuntamientos del alfoz directamente afectados, como San Andrés del Rabanedo, Villaquilambre, Sariegos o Valverde de la Virgen, que “no solo no han sido parte del acuerdo, sino que ni siquiera han sido consultados”.

Ayuntamientos excluidos

Desde la formación leonesista se insiste en que la racionalización del transporte metropolitano es necesaria para evitar “solapamientos e itinerarios redundantes”, pero consideran imprescindible que el diseño del nuevo modelo cuente con todos los municipios implicados. A su juicio, la ausencia de estos consistorios deslegitima el proceso y compromete su viabilidad futura.

La concesión de Alsa, en el centro del debate

UPL sitúa uno de los principales problemas del convenio en la continuidad del actual sistema concesional del transporte urbano. La formación recuerda que la concesión a la empresa Alsa se encuentra prorrogada y que ya se opuso en su día a una ampliación que calificó de “desproporcionada”, al extenderse más de dos años bajo el argumento del COVID.

Según los leonesistas, el nuevo convenio permitiría mantener el modelo actual durante un plazo adicional de hasta dos años, lo que, a su entender, vulnera las recomendaciones de la Comisión Europea y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en sentencias como las de 18 de septiembre de 2019 y 29 de abril de 2025 (asuntos C-526/17 y C-452/23), que limitan las prórrogas de concesiones sin una nueva licitación.

Advertencia de ilegalidad

UPL considera que no concurren “circunstancias imprevisibles” que justifiquen nuevas prórrogas y alerta de una “clara ilegalidad” atribuida al equipo de gobierno socialista, con el apoyo del Partido Popular. En este contexto, el portavoz municipal, Eduardo López Sendino, reiteró que su grupo defiende “la municipalización del servicio de autobuses urbanos o, al menos, una empresa mixta con mayoría municipal”.

El portavoz recordó que el propio alcalde llegó a definir la actual concesión como “el peor contrato de España”, y mostró su preocupación por que se mantenga “en beneficio de una empresa privada y en contra de la más absoluta legalidad”.

Críticas al acuerdo PSOE-PP

UPL también dirige sus reproches al Partido Popular en el Ayuntamiento de León, al que acusa de abandonar su papel de oposición. La formación considera que el respaldo del PP al convenio supone un “contubernio” con el PSOE y convierte a los populares en “socios de gobierno” en una decisión de gran calado para el transporte urbano y metropolitano de la ciudad.