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Zapatero, imputado

La UDEF inspecciona empresas ligadas a Zapatero y las hijas en el caso Plus Ultra

Efectivos de la Policía Nacional, durante las labores de registro en el despacho del expresidente leonés.
El juez José Luis Calama cita al expresidente el 2 de junio e investiga posibles delitos de blanqueo y tráfico de influencias relacionados con el rescate de 53 millones a la aerolínea

Agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) llevaron a cabo este martes varios registros en Madrid dentro de la investigación judicial sobre el rescate concedido a Plus Ultra durante la pandemia. Entre los inmuebles inspeccionados figura el despacho profesional del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, situado en las inmediaciones de la calle Ferraz.

La operación fue autorizada por el magistrado José Luis Calama, titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, que ha citado al exdirigente socialista a declarar como investigado el próximo 2 de junio.

Los investigadores buscan documentación mercantil, comunicaciones internas y posibles movimientos económicos relacionados con varias sociedades bajo sospecha.

Empresas bajo investigación

Además del despacho de Zapatero, los agentes actuaron en otras tres mercantiles vinculadas al entorno del expresidente. Entre ellas figura What the Fav, agencia de publicidad relacionada con sus hijas, así como Softgestor, dedicada a labores de asesoría jurídica y gestión empresarial.

La Policía también acudió a Inteligencia Prospectiva, aunque en este caso únicamente entregó un requerimiento de información debido a que las oficinas se encuentran actualmente en obras.

Fuentes próximas a la investigación indican que todas las actuaciones se desarrollaron en distintos puntos de Madrid y forman parte de una estrategia orientada a reconstruir el recorrido de fondos vinculados al rescate estatal aprobado durante la crisis sanitaria.

El foco sobre el rescate de Plus Ultra

La causa judicial gira en torno a los 53 millones de euros concedidos por el Gobierno a Plus Ultra a través del fondo de apoyo a empresas estratégicas gestionado por la SEPI. Anticorrupción y la UDEF sospechan desde 2024 que parte de ese dinero pudo utilizarse en operaciones de blanqueo relacionadas con capitales procedentes de Venezuela.

El juez Calama asumió formalmente la instrucción el pasado mes de marzo y ha solicitado también información a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales dentro de las diligencias abiertas.

La investigación marca un hecho inédito en la democracia española, al tratarse de la primera ocasión en la que un expresidente del Gobierno es investigado judicialmente