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Una veintena de regantes del Páramo Bajo en León se encierran en la sede de la CHD para que cumpla el acuerdo suscrito en 1995

Los regantes del Páramo Bajo de León se movilizan ante la CHD para exigir que cumpla los compromisos firmados. Fotos: Leticia Pérez
Los regantes del Páramo Bajo de León se movilizan ante la CHD para exigir que cumpla los compromisos firmados. Fotos: Leticia Pérez
Los regantes del Páramo Bajo de León se movilizan ante la CHD para exigir que cumpla los compromisos firmados. Fotos: Leticia Pérez
Los regantes del Páramo Bajo de León se movilizan ante la CHD para exigir que cumpla los compromisos firmados. Fotos: Leticia Pérez
Los regantes del Páramo Bajo de León se movilizan ante la CHD para exigir que cumpla los compromisos firmados. Fotos: Leticia Pérez
Alrededor de 300 personas se concentran a las puertas del organismo de cuenca, de donde no se moverán hasta que sean recibidos por la presidenta

Una veintena de regantes del Páramo Bajo, de León, se encuentran encerrados en la sede de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD), en la calle Muro de Valladolid, para exigir a la presidenta del organismo de cuenca, María Jesús Lafuente, que cumpla el acuerdo suscrito en 1995.

En estos momentos, alrededor de 300 personas, según fuentes de la Policía Nacional, se concentran a las puertas de la CHD, de donde, anuncian, no se moverán hasta que sean recibidos por la presidenta. El conflicto se centra en la pretensión del organismo de que sean los agricultores quienes asuman los costes energéticos y de mantenimiento de la estación de bombeo de Villalobar, infraestructura clave para el funcionamiento del regadío en las provincias de León y Zamora, si bien fue la propia Confederación la que suscribió el acuerdo que ahora pretenden cancelar de forma unilateral.

La ministra, "culpable"

A las puertas, una gran pancarta señala directamente a Lafuente, a quien reclaman “que respete el acuerdo de su Gobierno en 1995, con la comunidad de regantes del Páramo Bajo”, algo que exigen “por el futuro de los jóvenes”, los cuales han realizado fuertes inversiones en los últimos años para modernizar los regadíos y ahora ven como la CHD, según las palabras del organismo, quiere “corregir una situación previa que, aunque en su momento pudo considerarse justificada, actualmente no se ajusta plenamente a la normativa”.

Numerosos carteles piden la dimisión de la presidenta, a la que acusan de cometer un “atraco y una traición” con esta decisión que, según argumenta la Comunidad de Regantes, pone en serio peligro la continuidad de numerosas explotaciones.

CHD

En un comunicado emitido por el organismo de cuenca y recogido por Ical hace unos días, la CHD explica que en los últimos años los costes de inversión y mantenimiento de las infraestructuras “han experimentado incrementos significativos que deben trasladarse a todas las comunidades de regantes mediante el canon de regulación y la tarifa de utilización del agua”.

En el caso del Páramo Bajo, además de este aumento general, el incremento registrado entre 2023 y 2024 “se debe a la necesidad de repercutir de forma íntegra los costes energéticos y de mantenimiento de la estación de bombeo en la tarifa, en cumplimiento de la normativa vigente”.

En este contexto, la CHD sometió a información pública el estudio económico correspondiente al próximo ejercicio, siguiendo los procedimientos habituales y “ofreciendo a todos los interesados la posibilidad de presentar alegaciones, las cuales han sido debidamente analizadas y tenidas en cuenta”.

Páramo Bajo

Como resultado de dicho proceso, se aprobó para 2026 una tarifa de utilización del agua del canal del Páramo Bajo de León y Zamora de 121,05 euros por hectáreas, a la que se añadirá el canon de regulación del tramo del río Esla, fijado en 25,18 euros por hectárea, algo con lo que no están de acuerdo los regantes.

Sobre el criterio aplicado desde 1995, que permitió que la Comunidad de Regantes del Páramo Bajo se beneficiara durante más de 25 años de una exención en los costes de consumo energético, así como de los gastos de mantenimiento y reposición derivados de la elevación eléctrica, el organismo cifró el ahorro acumulado en más de 50 millones de euros.

No obstante, puntualizó que “la no inclusión de estos costes hasta fechas recientes no implica la adquisición de un derecho a una exención parcial”, sino que, de acuerdo con el ordenamiento jurídico, “los beneficios fiscales solo pueden establecerse por ley”. Asimismo, “la jurisprudencia ha reiterado que la administración no queda vinculada por precedentes administrativos contrarios a derecho, circunstancia avalada, entre otras, por resoluciones recientes del Tribunal Económico-Administrativo Regional”.