Asturias tacha de "inmoral" al empresario de Cerredo
El Gobierno del Principado de Asturias ha respondido con dureza a las afirmaciones realizadas por el empresario Jesús Manuel Rodríguez Morán, conocido como Chus Mirantes, en relación con la actividad en la mina de Cerredo. Las declaraciones del gestor minero, realizadas al periódico La Nueva España, han reavivado la polémica sobre lo ocurrido en la explotación donde el 31 de marzo de 2025 fallecieron cinco trabajadores en una explosión.
Desde la Consejería de Industria se insiste en que “en ningún caso era autorizable la extracción de carbón” y se califica de “inmoral intentar justificar una actividad clandestina”.
Permisos limitados a retirada de material
Según la versión oficial del Ejecutivo autonómico, la empresa Blue Solving, titular de la explotación en el momento del accidente, contaba únicamente con autorización para retirar maquinaria y materiales, tanto en superficie como en determinados niveles interiores de la mina.
Industria recalca que esta limitación figuraba expresamente en el permiso de transmisión de derechos mineros desde la anterior adjudicataria, Combayl, vinculada al mismo grupo empresarial.
Frente a ello, Rodríguez Morán defendió que “para poder acceder a la maquinaria hay que retirar carbón”, argumento que la Administración rechaza de plano.
Investigación abierta sobre el accidente
El Principado mantiene abierta la investigación sobre el siniestro, al que se refiere como “caso Blue Solving”, con el objetivo de esclarecer las circunstancias en las que se produjo la explosión mortal.
Fuentes del Ejecutivo subrayan que “la tragedia no se habría producido si no se estuviera realizando una labor ilegal y clandestina de extracción”, reforzando la tesis de que la actividad desarrollada en la mina excedía los permisos concedidos.
Antecedentes y sanciones previas
El caso se produce en un contexto marcado por antecedentes en la misma explotación. En 2022, la empresa Combayl ya fue sancionada tras un accidente con una víctima mortal, relacionado también con la extracción de mineral sin autorización.
Un informe posterior sobre el funcionamiento del Servicio de Minas cuestionó la actuación administrativa, al señalar que la infracción fue rebajada de muy grave a grave y que se eliminó la referencia a la clandestinidad. Además, se permitió el traspaso de la actividad a Blue Solving pese a estos antecedentes.
Marco legal y prohibición expresa
Desde el Principado se recuerda que la normativa vigente impide expresamente la extracción de carbón en explotaciones incluidas en proyectos de restauración ambiental, como es el caso del grupo Cerredo.
Esta prohibición se sustenta en la legislación estatal aprobada en 2021 sobre transición energética y en la regulación de ayudas para la recuperación de espacios mineros, que limita las actividades a labores de limpieza y retirada de infraestructuras.
Un conflicto aún sin cerrar
Mientras continúan las investigaciones judiciales y administrativas, el cruce de versiones entre el empresario y el Gobierno asturiano añade tensión a un caso con importantes implicaciones políticas, económicas y sociales.
El foco sigue puesto en determinar si en Cerredo se desarrollaban trabajos al margen de la legalidad y si estos pudieron influir directamente en el fatal desenlace del accidente.