El empresario de la mina de Cerredo admite extracción de mineral: "Claro que se sacaba carbón"
El empresario Jesús Manuel Rodríguez Morán, conocido como Chus Mirantes, ha reconocido que en la mina de Cerredo, ubicada en Degaña, “claro que se extraía carbón”, en declaraciones recogidas por el diario La Nueva España.
Se trata de la primera vez que el principal investigado por los accidentes registrados en esta explotación, uno de ellos con cinco fallecidos en marzo de 2025, explica públicamente el funcionamiento de la actividad. Según detalla, la retirada de carbón estaba vinculada a labores necesarias para poder operar en el interior de la mina.
Defensa de la legalidad de los trabajos
Mirantes sostiene que las tareas realizadas contaban con cobertura administrativa. “Nosotros no estábamos haciendo nada para lo que no tuviésemos permiso”, afirma, insistiendo en que la extracción estaba ligada a trabajos de limpieza y acceso a maquinaria.
Su abogado, Óscar Arconada, añade que el material extraído permanecía en la zona y cuestiona que exista prueba de comercialización del mineral. Ambas versiones, según recoge La Nueva España, forman parte de la estrategia de defensa ante las investigaciones abiertas.
Dudas sobre el accidente de 2025
El siniestro más grave, ocurrido el 31 de marzo de 2025 en la bocamina de El Mangueiro, se produjo en una galería de gran longitud y en una fase inicial de la jornada laboral. El empresario califica la explosión de “extraña” y considera positivo que la investigación continúe abierta.
“Si siguen indagando es porque no está tan claro qué ocurrió ese día”, señala, reiterando que “no tengo nada que esconder”, tal y como publica La Nueva España.
Debate sobre las medidas de seguridad
Uno de los puntos clave de la investigación se centra en los sistemas de detección de grisú. Mirantes afirma que el dispositivo “pitó y está comprobado que funcionaba”, comparando la situación con una señal de alerta que no siempre deriva en consecuencias.
Sin embargo, los informes recogidos por la Guardia Civil apuntan a elementos contradictorios, como la localización de un detector apagado en la zona del siniestro o la presencia de objetos prohibidos en la explotación, entre ellos móviles o mecheros.
Ante ello, el empresario defiende su actuación: “Yo como empresario estoy en la obligación de darles un curso de prevención de riesgos laborales, pero no podía estar allí para comprobar que no metían móviles o mecheros”.
Investigación abierta y críticas al informe oficial
El caso se encuentra judicializado tanto por el accidente de 2025 como por otro siniestro ocurrido en 2022. En paralelo, también se analiza la actuación administrativa en la autorización de la actividad minera.
Mirantes asegura desconocer el contenido del informe elaborado por el Principado, mientras su defensa pone en duda sus conclusiones y cuestiona la ausencia de responsables públicos investigados.
El proceso continúa abierto mientras se intenta esclarecer lo ocurrido en una explotación que vuelve a situarse en el centro del debate sobre seguridad minera y control administrativo.
