Un año de Cerredo: la investigación sigue abierta entre dudas políticas y bajo un laberinto empresarial
El 31 de marzo de 2025, una explosión de grisú en la mina de Cerredo acabó con la vida de cinco trabajadores leoneses: Rubén Souto, Jorge Carro, David Álvarez, Amadeo Castelao e Ibán Radío.
El siniestro, ocurrido en una explotación que ya estaba clausurada, dejó además varios supervivientes que relataron la violencia de la deflagración. Un año después, el caso continúa generando consecuencias judiciales y políticas.
La causa judicial apunta a responsabilidades empresariales
La investigación en el juzgado de Cangas del Narcea sitúa como principales investigados al empresario responsable de la explotación y al ingeniero encargado de la misma.
Ambos afrontan acusaciones por cinco supuestos homicidios imprudentes y delitos contra la seguridad de los trabajadores. Paralelamente, la Fiscalía mantiene abiertas diligencias para esclarecer las circunstancias en las que se desarrollaba la actividad minera.
El papel de la Administración, bajo examen
Más allá de la vía penal, el foco también se dirige hacia la actuación del Principado de Asturias. Las familias de los fallecidos consideran que la Administración podría tener responsabilidad subsidiaria por no haber detectado irregularidades que, según diversas investigaciones, se prolongaron durante años.
En las próximas semanas se espera un informe de la Inspección General de Servicios sobre el funcionamiento de la dirección general de Minas del Principado, mientras que una comisión parlamentaria continúa analizando lo sucedido.
Indicios previos y fallos en la supervisión
Diversas informaciones conocidas tras el accidente han revelado que la explotación registraba actividad irregular desde tiempo atrás. Entre ellas, la existencia de denuncias no tramitadas correctamente y advertencias técnicas que no derivaron en actuaciones eficaces.
También se ha constatado que ya en 2022 se habían detectado prácticas ilegales vinculadas al mismo entorno empresarial.
Una mina clausurada con actividad encubierta
Los datos recabados a lo largo del último año apuntan a que en Cerredo se extraía carbón sin autorización en una explotación incluida en los planes de cierre impulsados por la Unión Europea.
Pese a ello, la empresa habría logrado permisos administrativos para actividades que, según las pesquisas, servían de cobertura a la extracción.
Impacto político y revisión del modelo minero
El accidente provocó una profunda crisis en el Gobierno asturiano, que se tradujo en la dimisión de la consejera de Transición Ecológica y en la reestructuración del área. Además, obligó a revisar la política minera desarrollada en los últimos años, especialmente en lo relativo al uso de permisos de investigación para actividades extractivas.
El mismo accidente llenó de desolación a toda una provincia, la de León, y especialmente a las comarcas de Laciana y Bierzo, a las que estaban íntimamente ligados los trabajadores fallecidos.
Un año después, interrogantes abiertos
Doce meses después del siniestro, las investigaciones siguen su curso y las conclusiones definitivas aún están pendientes. Tanto el informe interno encargado por el Ejecutivo autonómico asturiano como el dictamen de la comisión parlamentaria deberán aclarar si hubo errores estructurales en los mecanismos de control, algo que a estas alturas parece más que evidente.
Mientras tanto, el caso Cerredo continúa siendo un símbolo de los errores en la gestión y en la supervisión de una actividad de alto riesgo y hoy con mínima actividad como la minería.
