La intervención desde la Universidad de León avaló la solución que evitó el colapso fiscal y judicial del Gordo de Villamanín
El caso del Gordo de Navidad de 2025 en Villamanín encontró finalmente una solución respaldada por el ámbito académico y jurídico. Un estudio elaborado por los catedráticos de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de León, María Teresa Mata Sierra y Antonio Vaquera García, descarta las denominadas soluciones “milagro” y sostiene que el único camino sólido desde el punto de vista legal y fiscal era el reparto proporcional del premio realmente existente entre todos los afectados.
El trabajo, publicado recientemente en la revista especializada Quincena Fiscal, analiza en profundidad el conflicto generado después de que la Comisión de Fiestas de Villamanín vendiera más participaciones de las respaldadas por décimos reales del número agraciado con el Gordo del Sorteo Extraordinario de Navidad. El error dejó sin cobertura papeletas equivalentes a diez décimos del número premiado.
La investigación adquiere además especial relevancia después de situaciones similares registradas en otros puntos del país, como el reciente caso de un club de rugby de Bilbao, donde también surgieron problemas derivados de la gestión de participaciones de lotería.
Rechazo a la vía judicial y a una condonación fiscal
Los autores sostienen que muchas de las propuestas planteadas durante las semanas posteriores al sorteo eran inviables. El estudio rechaza expresamente acudir a los tribunales como solución principal al conflicto, al considerar que se trataba de una vía “lenta, costosa e incierta”, con el agravante de que un procedimiento prolongado podía impedir el cobro dentro del plazo legal de tres meses fijado para los premios de lotería.
También desmonta otra de las hipótesis que más eco tuvo en el debate público: la posibilidad de que Hacienda renunciara a parte del gravamen para compensar el déficit generado por la falta de décimos. Según los catedráticos, esa opción era “jurídicamente imposible”, ya que el impuesto sobre premios de lotería constituye un crédito tributario de carácter imperativo e indisponible para la Administración.
El estudio recuerda que desde 2013 los premios de lotería están sometidos a un gravamen especial del 20% sobre la cuantía que exceda de los 40.000 euros exentos por décimo, una obligación fiscal que, según subrayan los expertos, no puede modificarse “ni por razones de equidad ni por presión social”.
El reparto proporcional, la única solución viable
Frente a esas alternativas, Mata Sierra y Vaquera García defienden que la salida más razonable consistía en repartir proporcionalmente el premio neto correspondiente a los 81 décimos efectivamente adquiridos entre todas las participaciones vendidas.
Los autores sostienen que este sistema permitía ajustarse al “principio de realidad patrimonial”, evitando generar falsas expectativas de cobro y reduciendo al mínimo tanto los riesgos fiscales como las posibles responsabilidades derivadas de la gestión del premio.
La tesis defendida por los catedráticos acabó coincidiendo con la solución finalmente aplicada en Villamanín, donde, según destacan distintas fuentes vinculadas al proceso, “todo el mundo ha cobrado ya su papeleta”, lo que refuerza la idea de que la estrategia adoptada fue la correcta.
Riesgo de donaciones encubiertas
Uno de los aspectos más relevantes del estudio se centra en las consecuencias fiscales derivadas de un reparto incorrecto del dinero. Los expertos advierten de que todos los titulares de participaciones debían quedar plenamente identificados ante la entidad bancaria en el momento del cobro.
De no hacerse así, explican, el posterior reparto podría haber sido considerado por Hacienda como una “donación encubierta”, activando el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. En Castilla y León, recuerdan, este tributo puede alcanzar tipos de hasta el 34% cuando las operaciones se realizan entre personas consideradas fiscalmente “extrañas”.
El análisis también examina la posibilidad de que miembros de la Comisión de Fiestas o familiares aportaran voluntariamente décimos propios para compensar las pérdidas de quienes quedaron sin cobertura. Aunque reconocen que esa fórmula podía aliviar parcialmente el problema económico, los autores alertan de que dichas aportaciones tendrían en la mayoría de los casos consideración de donaciones y volverían a tributar, reduciendo considerablemente su eficacia real.
El papel de la Universidad de León
El trabajo académico analiza igualmente la función de la asociación creada para gestionar el cobro y el reparto del premio, considerada la herramienta más adecuada para canalizar las operaciones derivadas del conflicto. No obstante, recuerda que este tipo de entidades están sujetas al Impuesto sobre Sociedades y a diversas obligaciones formales, además de no poder recuperar el IVA de determinados gastos si no desarrollan actividades económicas sujetas al impuesto.
La publicación ha sido recibida como un ejemplo de transferencia de conocimiento desde la universidad hacia la sociedad. La intervención de los dos catedráticos de la Universidad de León permitió aportar seguridad jurídica y fiscal en uno de los episodios más complejos vividos en la provincia tras el Sorteo Extraordinario de Navidad.
El estudio se ha convertido así en una referencia para futuros conflictos relacionados con participaciones de lotería y refuerza el papel de la institución académica leonesa como apoyo técnico y jurídico ante problemas de fuerte impacto social y económico.
