Radiografía judicial de Cerredo: gas, controles ficticios y carbón clandestino con "inspectores a los que se tapaba la boca"
Los informes incorporados a la causa judicial por la explosión en la mina de Cerredo, ocurrida el 31 de marzo de 2025 y que se saldó con cinco trabajadores fallecidos, describen un funcionamiento al margen de la legalidad y de las normas básicas de seguridad. La investigación, elaborada por la Guardia Civil, apunta a una extracción de carbón no autorizada, una vigilancia inexistente y equipos de protección ausentes o inutilizados.
La jueza de Cangas del Narcea ha levantado el secreto del sumario, permitiendo conocer declaraciones de empleados, supervivientes y miembros de los equipos de rescate que entraron en la galería tras la explosión.
La alarma que nadie escuchó
Uno de los testimonios clave es el de un minero que logró sobrevivir. Según su relato, el detector de gases comenzó a avisar de una situación crítica segundos antes del siniestro. El aparato marcaba una concentración de oxígeno inferior al 18% y niveles de metano superiores al 5%.
El trabajador declaró que alertó a sus compañeros gritándoles: "¿Dónde vais con tanto gas?", aunque cree que no llegaron a oírle. Mientras trataba de comprobar si el aparato funcionaba correctamente, vio avanzar "una bola de fuego" seguida de "una explosión". El impacto le provocó quemaduras faciales, fracturas costales y lesiones auditivas.
Equipos obligatorios, pero inservibles
La escena encontrada por la Brigada de Salvamento Minero refuerza esa versión. Junto a un herido y uno de los fallecidos apareció un detector de gases modelo MSA ALTAIR 4X que estaba "apagado y le faltaba la pinza de enganche", incumpliendo la normativa que exige su uso permanente en el interior de la mina.
Avisos previos ignorados
El sumario recoge además episodios previos que alertaban del riesgo. Varios mineros afirmaron haber sufrido "mareos" en días anteriores. Uno de ellos llegó a entrar en convulsión tras subir al tajo y tuvo que ser evacuado de urgencia.
Otros trabajadores explicaron que, el mismo día del accidente, nadie midió los gases antes de iniciar la jornada y que en ocasiones se trabajaba con niveles de grisú superiores al 2,5%.
Carbón extraído durante meses
Los investigadores consideran probado que, en el momento de la explosión, se estaba cargando carbón en vagonetas sin contar con autorización administrativa. Algunos empleados hablan de entre uno y seis meses realizando estas labores, mientras otros aseguran que pensaban que la empresa disponía de los permisos necesarios.
Entre los efectos personales hallados en la galería se encontraron "móviles y mecheros", elementos expresamente vetados por la normativa minera. La Guardia Civil señala que uno de los fallecidos, identificado como I. R. B., actuaba de hecho como vigilante y debía haber impedido la entrada de estos objetos.
Tres claves
Responsabilidades en cadena
El foco judicial se dirige al empresario que controlaba la explotación, Jesús Rodríguez Morán, conocido como Chus Mirantes; a su esposa, Ana María Rodríguez; a su hijo, Adrián Rodríguez, y al ingeniero responsable, José Antonio Rodríguez Casillas. A este último se le atribuye haber "tolerado" las extracciones ilegales y haber omitido su deber de supervisión.
Los agentes subrayan que Adrián Rodríguez no facilitó equipos esenciales como los autorrescatadores, mientras que la empresa administrada por Ana María Rodríguez mantenía a trabajadores "en condiciones inseguras y sin equipamiento de trabajo adecuado". Sobre Jesús Rodríguez Morán, el informe sostiene que, aunque no figurase formalmente como titular, era "el responsable real" y ejercía la interlocución con el Principado de Asturias.
Inspecciones anunciadas y comidas de cortesía
Uno de los apartados más comprometidos del sumario se refiere al control administrativo. Un ayudante minero declaró que la última inspección oficial se produjo unos seis meses antes del accidente y que los trabajadores fueron avisados el día anterior.
Según su testimonio, "entraron al interior de la mina dos inspectores" acompañados por el ingeniero y los responsables de la explotación. La visita duró menos de media hora y, según el declarante, "siempre que venían estaba todo bien". Añadió que los responsables "les tapan la boca, llevándoles a comer para que dijesen que todo estaba correcto".
Un caso con graves consecuencias penales
La magistrada atribuye a los cuatro investigados cinco presuntos homicidios por imprudencia, cuatro delitos de lesiones y varios delitos contra los derechos de los trabajadores. El sumario dibuja así un escenario en el que la falta de controles, la normalización del riesgo y la extracción ilegal confluyeron en una tragedia que, según la investigación, llevaba meses gestándose.
