Cerredo: del carbón importado a la 'víctima' Jesús Rodríguez pasando por la extracción ilegal

La comisión parlamentaria que investiga el accidente mortal en la mina de Cerredo (Degaña), en el que fallecieron cinco trabajadores leoneses, vivió este jueves una de sus sesiones más contundentes, con acusaciones directas sobre el origen del carbón, la legalidad de los permisos concedidos y las condiciones de seguridad en la explotación. 

Ingenieros, responsables técnicos y el administrador de la empresa comparecieron en una jornada marcada por declaraciones literales de extrema dureza y por el silencio de uno de los principales implicados.

Carbón de fuera para lograr el permiso

El ingeniero Gerardo Biain, responsable del informe remitido a la Fiscalía por la empresa Promining, aseguró ante los diputados que el Proyecto de Investigación Complementaria (PIC) presentado por Blue Solving se sustentaba en análisis realizados sobre carbón “importado” y no procedente de Cerredo.

“Todo el proyecto de investigación complementaria se basa en unos análisis previos de un carbón que no es de la mina de Cerredo”, afirmó, antes de añadir: “No lo hay en toda España ese carbón, y en el mundo muy poco; en Kazajistán y algo en Rusia”.

Según Biain, ese material sirvió de base para obtener del Principado de Asturias el permiso para extraer hasta 60.000 toneladas de carbón en una supuesta “prueba industrial”, lo que, a su juicio, supone “el primer engaño a la Administración”.

Un proyecto “que no se sostiene”

El ingeniero insistió en que el PIC “no se sostiene por ninguna parte” y subrayó incoherencias técnicas en la documentación presentada. Mientras que los análisis del Instituto de Ciencia y Tecnología del Carbono (INCAR) atribuían el mineral a las capas “María e Inesperada”, el permiso solicitaba trabajar sobre las capas “Rosario y Bienvenida”.

“El PIC tiene todo el sentido del mundo, pero en este caso era una entelequia”, recalcó, negando además que el carbón de Cerredo tenga cualidades “grafitables”.

“Todo el mundo sabía que se sacaba carbón”

Biain, estrecho colaborador del empresario Victorino Alonso y competidor directo de Jesús Rodríguez Morán, conocido como Chus Mirantes, afirmó que la extracción era un secreto a voces en la zona.

“En la zona todo el mundo sabía que sacaban carbón”, declaró, mostrando fotografías del interior de la mina. “Es un pueblo muy pequeño, si es más grande la mina. ¿Cómo no lo van a saber?”, añadió.

El ingeniero fue especialmente crítico al relatar que “el mismo día que sacaban a los muertos de la mina, estaban sacando carbón” y calificó las condiciones de trabajo de “una aberración”: “Son cosas que no se veían desde hace cien años”.

Riesgo de devolución de ayudas

Preguntado por la compatibilidad del PIC con el plan de cierre de la mina, Biain fue tajante al asegurar que no encajaban y alertó de posibles consecuencias económicas.

“Yo no entiendo que por un lado estemos cerrando la mina y, por otro, la estemos abriendo; me parece de difícil encaje”, afirmó, calculando que la devolución de ayudas públicas podría ascender a entre seis y siete millones de euros. También apuntó a la empresa pública Tragsa, encargada de la restauración a cielo abierto, al considerar que “todo entra dentro del mismo plan de cierre”.

El hijo de Mirantes, “una víctima”

Antes de la intervención de Biain, compareció el director facultativo de la mina entre el 15 de junio y el 30 de septiembre de 2022, periodo en el que se produjo otro accidente mortal. 

El técnico negó que durante esa etapa se extrajera carbón del sexto piso y se refirió a Adrián Rodríguez, administrador único de Blue Solving e hijo de Jesús Rodríguez Morán, como “un buen chaval” y “un poco víctima de todo esto”.

“Hubiese hecho cualquier cosa por hacer ver a su padre que estaba ahí”, aseguró ante la comisión.

El silencio de Adrián Rodríguez

El propio Adrián Rodríguez compareció por la tarde, aunque, al igual que su padre días antes, se acogió a su derecho a no responder a las preguntas de los diputados. Sí leyó un comunicado en el que expresó su “profundo pesar y cariño” hacia las familias de los mineros fallecidos.

“Soy plenamente consciente de que ninguna palabra puede aliviar el vacío que ha dejado, pero quiero que sepan que su sufrimiento me acompaña”, afirmó.

Rodríguez manifestó su “voluntad absoluta de colaboración”, pero apeló a la “ética y prudencia personal” para no declarar mientras el caso sigue en sede judicial, una decisión que en esta ocasión fue aceptada por los grupos parlamentarios.

La sesión dejó así un retrato complejo de la mina de Cerredo: un proyecto cuestionado desde su origen, prácticas conocidas en el entorno, advertencias técnicas ignoradas y una cadena de responsabilidades que la comisión trata ahora de esclarecer.