Mirantes, su mujer, su hijo y el ingeniero de la mina de Cerredo son imputados por cinco homicidios de carácter imprudente
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Cangas del Narcea ha decidido levantar el secreto de sumario en la investigación abierta por la explosión registrada en la mina de Cerredo, un suceso que causó la muerte de cinco trabajadores y dejó a otros cuatro heridos. Con esta decisión, las actuaciones pasan a ser plenamente accesibles para las partes personadas en el procedimiento.
Personas investigadas
La instrucción atribuye de forma provisional responsabilidades penales al empresario Jesús Manuel Rodríguez Morán, conocido como Chus Mirantes; a su esposa, Ana María Rodríguez; a su hijo, Adrián Rodríguez Rodríguez; y al ingeniero facultativo de la explotación, José Antonio Fernández Casillas. Todos ellos figuran como posibles responsables de cinco delitos de homicidio por imprudencia, además de cuatro delitos de lesiones y uno relacionado con los derechos de los trabajadores.
Origen de la investigación
El proceso judicial se inició tras la explosión ocurrida la mañana del 31 de marzo de 2025 en la galería del tercer piso de la mina, denominada El Mangueiro. Según la investigación, los mineros se encontraban extrayendo carbón en una zona para la que no constaba autorización administrativa.
Las víctimas
Los trabajadores fallecidos fueron Amadeo Bernabé Castelao, David Álvarez Núñez, Rubén Souto Robla, Jorge Carro Andre e Iban Radio Barciela. Cuatro de ellos residían en la comarca de Laciana y el quinto en El Bierzo. El siniestro provocó además heridas a otros cuatro empleados de la explotación.
Foco en la gestión empresarial
En el ámbito de la responsabilidad empresarial, la investigación pone especial atención en la figura de Jesús Rodríguez Morán. La Fiscalía considera que existen indicios suficientes para analizar su posible papel como administrador efectivo de las sociedades vinculadas a la mina, Combayl y Blue Solving, que figuran formalmente a nombre de su esposa y de su hijo, de 23 años.
Medidas cautelares
Como garantía ante una eventual responsabilidad civil, el juzgado ha ordenado el embargo de bienes y el bloqueo de cuentas de los cuatro investigados hasta alcanzar un importe total de 1.150.000 euros. Estas medidas fueron acordadas el 9 de diciembre de 2025, con el objetivo de asegurar el pago de posibles indemnizaciones a las familias de las víctimas.
Fin del secreto de sumario
La jueza había decretado el secreto de las actuaciones el 22 de abril de 2025, una medida que fue prorrogándose de manera mensual hasta el auto dictado el 2 de enero de 2026. El levantamiento de esta condición se justifica en que los investigados ya tenían conocimiento de que el procedimiento se dirigía contra ellos, especialmente tras la adopción de las medidas cautelares.
Contexto político y plazos
El embargo fue acordado aproximadamente un mes antes de que los cuatro investigados comparecieran ante la comisión parlamentaria de la Junta General que analiza la posible existencia de fallos administrativos en el control de la mina. En esa comparecencia optaron por no responder a las preguntas de los diputados.
El juzgado ha abierto ahora un plazo para la presentación de recursos y concede un mes a las partes para revisar la totalidad de las actuaciones, además de notificar formalmente a los investigados su situación procesal para que puedan personarse en la causa.
