Victorino Alonso contra todo y contra todos: "Chamicero, ladrón... todos hacían la vista gorda"
La comisión parlamentaria que investiga el accidente minero de Cerredo vivió este viernes una de sus sesiones más crispadas con la comparecencia del empresario Victorino Alonso. El histórico magnate del carbón intervino por videoconferencia desde Madrid, donde se encuentra cumpliendo condena en régimen de tercer grado y con limitación de movilidad fuera de la capital.
Desde el inicio de su comparecencia, Alonso adoptó un tono extremadamente duro contra la empresa Blue Solving, titular de la explotación, y contra la actuación de las administraciones públicas, a las que acusó de permitir una actividad que, según su versión, encubría una extracción ilegal de carbón.
Ataques al propietario de la mina
Buena parte de su intervención estuvo dirigida contra el empresario vinculado a la mina de Cerredo, al que acusó de prácticas delictivas y de carecer de experiencia minera. Alonso negó cualquier relación personal o empresarial con Jesús “Chus” Mirantes, aunque afirmó que existe una deuda histórica no saldada.
“Yo no conozco ni tuve ninguna relación comercial con Chus Mirantes, lo único que sé de él es que nos debe 100 millones de pesetas en carbón. Es un ladrón, un chamicero, que a todo el que se le atraviesa lo engaña”, declaró ante los diputados. Según explicó, ese impago tuvo consecuencias directas en su grupo empresarial, obligando al despido del gerente que autorizó la operación.
Críticas al proyecto y a la Administración
Alonso calificó el proyecto de investigación que amparaba la actividad de Blue Solving como un “invento” cuyo único objetivo era ocultar la extracción de carbón. En este contexto, acusó a la Administración de conocer lo que ocurría en el interior de la mina y de no actuar en consecuencia.
“La Administración sabía perfectamente que en esa mina se estaba extrayendo carbón, pero todos se hacían la vista gorda para no interrumpir la actividad ni sancionar a la empresa”, aseguró. A su juicio, la inspección minera no pudo desconocer la situación real: “Es literalmente imposible que no lo supieran”.
Responsabilidades técnicas y humanas
Preguntado por el papel del director facultativo de la explotación, José Antonio Fernández Casillas, Alonso afirmó no conocerlo personalmente, pero lanzó una afirmación de enorme dureza: “No lo conozco, pero sí sé que no va a poder dormir tranquilo nunca más, por la cantidad de muertos que tiene encima”.
También cargó contra el perfil profesional del responsable de la explotación, al que describió como alguien sin formación técnica en minería. “No tenía conocimiento alguno de minería”, dijo, antes de definirlo como un “carbonero” dedicado históricamente a la compraventa de carbón.
El carbón y el cierre del sector
Durante su comparecencia, Victorino Alonso amplió el foco para criticar la política energética europea y el cierre de la minería del carbón en España en 2018. Calificó esa decisión como una “absoluta aberración” que, según defendió, ha tenido un impacto devastador en el empleo y en el precio de la energía.
“Se quedaron 100 o 200 mil personas sin trabajo”, afirmó, al tiempo que denunciaba que países como China, India o Estados Unidos mantienen altos niveles de emisiones mientras España renunció a su producción.
Un futuro que ve inviable
Sobre una hipotética reapertura de explotaciones como la de Cerredo, Alonso se mostró tajante: “Es imposible volver a activar las minas en España”. Argumentó que las galerías están inundadas, las infraestructuras inservibles y que la inversión necesaria sería “muy fuerte”. A ello añadió un problema que considera insalvable: “No hay mineros formados en España. Para formarlos tardaríamos 50 años”.
Seguridad y accidente
En relación directa con el siniestro, Alonso sostuvo que Blue Solving operaba sin condiciones mínimas de seguridad. “Estaban a un kilómetro y medio de la calle con un travesal muy largo... montando pozos sin postear... respiraban con el poco aire que quedaba”, relató, concluyendo que el accidente “era cuestión de tiempo”.
El empresario añadió que, de aplicarse la normativa con rigor, las ayudas europeas percibidas deberían devolverse, una cantidad que calificó como “mucho dinero”, lo que haría inviable cualquier continuidad del proyecto.
La comparecencia concluyó con una reflexión amarga sobre lo que definió como un entramado de irregularidades y falta de control institucional, un escenario que, en sus palabras, constituye “un lío muy gordo montado en el Principado”.
