La 'delgada línea roja' de Cerredo
La situación jurídica de la mina de Cerredo continúa envuelta en incertidumbre tras conocerse que el Principado autorizó a la empresa Blue Solving un Proyecto de Investigación Complementaria (PIC) que contemplaba la obtención de carbón con fines no energéticos, como su posible uso coquizable o su transformación en grafito. La concesión de este permiso ha reabierto el debate sobre si resulta compatible con la normativa europea que obliga al cierre de explotaciones de carbón consideradas no competitivas.
Blue Solving contaba inicialmente con autorización para la retirada de chatarra en la mina, aunque posteriormente se constató la extracción irregular de carbón, lo que añadió mayor complejidad al encaje legal del proyecto aprobado por la administración autonómica.
Discrepancias sobre el alcance del cierre europeo
Las comparecencias en la comisión de investigación parlamentaria han evidenciado interpretaciones divergentes sobre el alcance real de la orden comunitaria de cierre. El exviceconsejero de Industria, Isaac Pola, mantuvo que la limitación europea afectaba a todas las instalaciones de Cerredo, frente a la visión defendida por Gonzalo Martín Morales, antiguo secretario de la consejería y principal impulsor de la figura del PIC, que sostenía que el plan de cierre no abarcaba la totalidad de la explotación.
Pola añadió además que la restricción comunitaria se refería al uso térmico del carbón, una interpretación que fue cuestionada por el portavoz de Convocatoria-IU, Xabel Vegas, quien subrayó que la normativa europea no introduce distinciones sobre el destino del mineral y se limita a mencionar el carbón de forma genérica.
El peso de la Ley de Minas
Otro de los elementos clave del debate reside en la clasificación del carbón dentro de la Ley de Minas. Actualmente, este mineral se encuadra en la sección D, reservada a los recursos energéticos, sin atender a su posible destino final. Técnicos consultados señalan que, si el carbón se destinara a usos industriales distintos del energético, como la producción de grafito, el yacimiento debería reclasificarse en la sección C, que agrupa minerales metálicos y no metálicos para aplicaciones industriales diversas.
Sin embargo, la mina de Cerredo se mantuvo siempre dentro de la sección D, lo que refuerza las dudas sobre la coherencia legal del permiso concedido para investigar usos alternativos del carbón.
Viabilidad técnica del grafito, en entredicho
Más allá del plano jurídico, la posibilidad real de convertir el carbón de Cerredo en grafito plantea serias incógnitas técnicas. David González, director de la agencia Sekuens y doctor en Química, explicó segun informa La Nueva España que la transformación de antracita en grafito ya requiere condiciones extremas de energía y presión, mientras que hacerlo a partir de hulla —el único tipo de carbón identificado hasta ahora en el yacimiento— resulta aún más complejo y de rentabilidad muy limitada.
El propio Isaac Pola coincidió en señalar las dificultades técnicas del proceso, lo que cuestiona la viabilidad práctica del proyecto autorizado, incluso en el supuesto de que superase los obstáculos legales.
Un permiso amplio y poco definido
El Principado llegó a autorizar la extracción de hasta 90.000 toneladas de mineral con fines de investigación, sin concretar de forma precisa los límites ni los usos finales del material extraído. Esta falta de acotación ha sido señalada como otro de los puntos débiles del procedimiento administrativo seguido en Cerredo.
La mina permanece marcada por la tragedia ocurrida el pasado mes de marzo, cuando una explosión de grisú causó la muerte de los mineros Jorge Carro, Rubén Robla, Amadeo Bernabé, Ibán Radio y David Álvarez, un suceso que ha intensificado el escrutinio político, social y técnico sobre cualquier actuación en el yacimiento.
Una “línea fina” entre legalidad e irregularidad
El conjunto de factores —normativa europea, clasificación minera, viabilidad técnica y alcance de los permisos— sitúa la explotación de Cerredo en una frontera difusa entre lo permitido y lo prohibido. Mientras avanzan las investigaciones parlamentarias y administrativas, persiste la falta de claridad sobre si la extracción de carbón con fines alternativos podía sostenerse legalmente o si, por el contrario, supuso una interpretación excesivamente laxa de una normativa pensada para clausurar definitivamente este tipo de explotaciones.
