El jefe de Seguridad Minera admite que visitó dos veces la mina de Cerredo antes del accidente sin detectar extracción ilegal: "Había una voluntad de ocultamiento clarísima"
El jefe de la sección de Seguridad Minera del Principado, Alberto Quirino Vázquez, reveló en su comparecencia ante la comisión parlamentaria que visitó la mina de Cerredo en dos ocasiones antes del accidente en el que fallecieron cinco trabajadores, sin encontrar entonces pruebas de actividad extractiva ilegal.
“Después del accidente todo el mundo lo sabía y todo el mundo lo vio (que se sacaba carbón), pero antes nadie avisó de nada”, lamentó el funcionario, que también señaló que “había una voluntad de ocultamiento clarísima” por parte de la empresa.
“El que delinque si tiene intención de delinquir, lo puedes pillar, pero la mayor parte de las veces no se le pilla”, añadió Quirino, convencido de que la compañía era plenamente consciente de que “no podía realizar labores de explotación”, ya que, de haber solicitado permiso, “la respuesta iba a ser que no”.
“En el accidente lo relevante es la labor clandestina”
El inspector explicó que la empresa Blue Solving contaba con autorización para extraer 60.000 toneladas de carbón en dos años, aunque, según sus estimaciones, las cantidades realmente obtenidas eran mucho menores. “Treinta mil toneladas se esconden mal, pero en el lugar del accidente no se estaba extrayendo ni de lejos esa cantidad”, puntualizó.
En su opinión, “en el accidente lo irrelevante es el carbón, porque el carbón fue poco. Lo relevante es la labor clandestina”.
Visitas a la mina tras el cambio de propiedad
Quirino asumió la función de actuario de Cerredo tras el traspaso de la explotación a Blue Solving y realizó dos visitas a la mina antes del siniestro, ninguna de ellas por sorpresa.
La primera se produjo en septiembre de 2024, y quedó recogida en un informe detallado. En aquella ocasión accedió al tercer piso, en la llamada capa María, donde la empresa tenía permiso para retirar chatarra. “La visita fue a la capa María, donde estaban retirando chatarra. Había un panzer muy largo y lo estaban desmontando, junto con la maquinaria adherida”, explicó.
El inspector precisó que no avanzó más allá de los 300 metros de profundidad porque el túnel estaba balizado y “no había ventilación ni paso aconsejable para personas”, debido a los derrumbes acumulados durante años.
La segunda visita tuvo lugar en enero de 2025, dos meses antes del accidente. En esta ocasión no elaboró informe, aunque sí acudió a comprobar la instalación de un transformador eléctrico en el primer piso, acompañado por personal de EdP. “Había tres trabajadores limpiando el acceso porque allí iban a desarrollar el proyecto de investigación complementario (PIC)”, relató. Ese mismo día también revisó el taller, donde otros tres operarios reparaban maquinaria retirada de la mina.
Antecedentes y pesquisas judiciales
El jefe de Seguridad Minera evitó profundizar en los detalles del accidente, al encontrarse todavía bajo investigación judicial, aunque confirmó que su departamento ha solicitado al juzgado interrogar a los supervivientes y a los propietarios.
Quirino comenzó a actuar en la mina tras el accidente mortal de 2022, del que también fue investigador. “Lo que iba en la caja del camión no eran acopios, porque diferenciamos el carbón. Pero una cosa son los indicios y otra tenerlo confirmado. Dentro del proceso de la investigación lo confirmamos cuando los testigos lo dijeron”, explicó.
Además, en 2023, cuando Combayl transfirió la explotación a Blue Solving, la Administración pidió la intervención de la Brigada Minera para acceder al piso sexto, bloqueado por un derrumbe. “Allí se encontraron herramientas e indicios de extracción”, reveló.
Un entramado empresarial familiar
Durante esa misma investigación, Quirino tomó declaración en dos ocasiones a Chus Mirantes, propietario de Combayl, quien le explicó que su hijo había adquirido los derechos de la explotación bajo la nueva sociedad Blue Solving.
La compañía obtuvo autorización para desarrollar un proyecto de investigación complementario que permitía extraer hasta 60.000 toneladas de carbón en 18 meses, con el objetivo de analizar su posible uso en la fabricación de briquetas de grafito.
“Ese proyecto se aprobó porque contaba con una resolución definitiva del Instituto de Transición Justa (ITJ) que concedía ayudas al plan, y además con un informe del Instituto del Carbón, que señalaba que el material de Cerredo tenía buenos resultados para carbón grafitable y siderúrgico”, explicó el jefe de Seguridad Minera.
