Las versiones de los brigadistas discrepan sobre el accidente en Cerredo: explotación operativa frente a mina degradada
La comisión de investigación del Parlamento asturiano sobre el accidente de la mina de Cerredo, en el que murieron cinco mineros leoneses, ha puesto de manifiesto posiciones diferentes entre los miembros de la Brigada de Salvamento Minero que han intervenido tras distintos episodios en la explotación. Mientras algunos describen una mina con rasgos propios de una actividad ordinaria de montaña, otros sostienen que resulta difícil que condiciones muy deficientes pasen inadvertidas durante largo tiempo.
David Hevia, brigadista que accedió a la mina el 8 de abril de 2025 para asegurar el interior antes de la entrada de los investigadores, explicó que encontró una explotación con herramientas, materiales habituales y una ventilación suficiente como para no requerir equipos de respiración. En su intervención señaló que el sistema de trabajo observado coincidía con el que ya había visto en visitas anteriores, como la realizada en 2023, tras otro siniestro.
Advertencias sobre el control y la supervisión
Una visión más crítica fue la aportada por Cristian Menéndez Cienfuegos, miembro de la Brigada desde hace seis años y conocedor de la mina por haber trabajado en ella a comienzos de los años 2000 a través de una subcontrata. Menéndez defendió ante la comisión que unas condiciones de trabajo claramente precarias no pueden ocultarse con facilidad en una explotación minera, lo que introduce dudas sobre la gestión y el seguimiento administrativo de Cerredo, oficialmente cerrada desde 2018.
Menéndez no participó en el rescate de las víctimas del accidente de marzo de 2025, pero sí formó parte de la inspección realizada en marzo de 2022, tras un siniestro anterior con un fallecido y un herido grave. Aquella actuación, desarrollada en el sexto piso de la mina a petición de la Dirección General de Minas, derivó posteriormente en una sanción a la empresa por realizar labores de extracción de carbón sin autorización, ya que solo disponía de permisos para retirar chatarra y restos de mineral.
Inspecciones previas y actividad no autorizada
Durante esa inspección de 2022, los brigadistas accedieron a la bocamina tras retirar un tapiado y constataron que no existían problemas relevantes de ventilación ni presencia de gases, salvo un pequeño hundimiento. Menéndez indicó que, por los restos encontrados, no pudo determinar si la actividad era reciente ni si correspondía a extracción de carbón o a retirada de materiales, aunque el informe oficial recogió indicios como calles posteadas, equipos de perforación, red de aire comprimido y diverso material de trabajo.
Aun así, desde el punto de vista operativo, relató que el interior presentaba un estado de conservación aceptable para una mina parada, con herramientas y vagones similares a los que pueden encontrarse en otras explotaciones antiguas sin actividad reciente aparente.
El rescate tras la explosión
Otro de los comparecientes, Iván García, sí participó directamente en el operativo de rescate tras la explosión del 31 de marzo de 2025. Según explicó, el acceso al punto del siniestro, situado aproximadamente a un kilómetro de la bocamina, se realizó en unos diez minutos, y el conjunto de la intervención se prolongó alrededor de una hora y media.
García detalló que los brigadistas localizaron primero a dos de las víctimas mortales y a uno de los heridos, que fue evacuado al exterior, antes de continuar con la recuperación de los otros tres cuerpos. Señaló que su función no incluía la medición de gases y que no pudo precisar si los trabajadores llevaban puestos los autorescatadores en el momento del accidente.
Materiales y hallazgos posteriores
Tras la explosión, los inspectores localizaron en el tercer nivel de la mina —donde se produjo el siniestro— abundante equipamiento vinculado al transporte y arranque de mineral: vagones, una locomotora, una pala hidráulica, sistemas de ventilación, martillos neumáticos, madera y tuberías, además de dos huecos posteados de más de 18 y 24 metros de longitud.
La investigación apunta a que la detonación de grisú se produjo en una zona en la que se habría estado extrayendo carbón sin autorización. La empresa titular, Blue Solving S.L., solo contaba con permiso para la retirada de maquinaria, chatarra y acopios existentes, en una explotación cerrada administrativamente desde 2018.
La investigación continúa
Las comparecencias de los brigadistas han abierto un debate técnico sobre el estado real de la mina y el grado de control ejercido antes del accidente que costó la vida a cinco trabajadores y dejó cuatro heridos. A lo largo de la semana, la comisión escuchará a más profesionales y responsables institucionales para reconstruir las circunstancias que rodearon una de las mayores tragedias mineras recientes en Asturias.
