La auditoría del fuego: "Desbordados", "descoordinados", "adjudicaciones opacas" y "parches"
El verano de 2025 deja una huella devastadora en los montes de Castilla y León: más de 160.000 hectáreas calcinadas, principalmente en la provincia de León, pese a que la Junta ha duplicado su presupuesto en prevención y extinción desde 2022, pasando de 65 a 125 millones de euros.
Así lo advierte un informe de la Asociación Profesional de Agentes Medioambientales de Castilla y León (Apamcyl), integrado en USCAL, presentado por su presidente Esaú Escolar junto al responsable sindical Manuel Martínez Domínguez.
El estudio, fruto de meses de análisis y entrevistas con personal del operativo, denuncia un sistema que “no aprende de los incendios de Aliste y la Sierra de la Culebra” y que mantiene “los mismos errores estructurales, aunque con más dinero”.
Falta de profesionalización y desmotivación
Apamcyl advierte de una “progresiva desprofesionalización” de los bomberos forestales, especialmente en el sector privado, afectado por la temporalidad y bajos salarios.
“Estamos ante un operativo que depende de estudiantes y trabajadores estacionales sin formación suficiente”, afirmó Escolar, que calificó de “verdadero desastre” las políticas de contratación de la Consejería de Medio Ambiente, criticando “adjudicaciones opacas” y “parches improvisados”.
La desmotivación también alcanza al personal público, que denuncia la falta de reconocimiento profesional, la ausencia de formación continua y la no compensación de horas extra durante las campañas más intensas.
Las diez claves del informe de Apamcyl-USCAL
Carencias en la dirección técnica y la coordinación
El informe identifica un grave déficit en la capacitación de los técnicos que dirigen las operaciones de extinción. Según Apamcyl, muchos de los responsables “han pasado directamente de los despachos al frente del fuego sin experiencia previa”.
Los agentes medioambientales, que coordinan el 95 % de los incendios de nivel 1, se vieron obligados este verano a asumir tareas de dirección de grandes incendios por falta de personal técnico.
A ello se suma la descoordinación entre administraciones —local, provincial y autonómica—, la escasez de medios de comunicación compatibles y la ausencia de puntos de carga de agua en zonas rurales. “Cada provincia opera como si fuera un sistema independiente”, lamenta el documento.
La nueva realidad del fuego
El informe de Apamcyl subraya que los incendios actuales presentan una mayor virulencia y velocidad de propagación debido al cambio climático y al abandono del medio rural.
La pérdida de prácticas tradicionales como el pastoreo, la recogida de leña o el uso de biomasa ha incrementado la carga de combustible por hectárea hasta niveles “muy superiores a los compatibles con una extinción segura”.
“Con más combustible, menos profesionales y peor coordinación, Castilla y León está condenada a repetir los desastres del pasado”, advirtió Escolar, reclamando una reforma integral del modelo de gestión forestal.
Multas “ridículas” e impunidad ante las negligencias
Apamcyl considera “simbólicas e ineficaces” las sanciones impuestas por la Junta por el uso negligente del fuego, que oscilan entre 50 y 150 euros.
“Con ese nivel de sanciones, no hay conciencia ni prevención real. El resultado es una impunidad que perpetúa los incendios provocados o accidentales”, subraya el documento.
“Con el doble de presupuesto y los mismos errores, Castilla y León sigue perdiendo sus bosques”, concluye Escolar, quien pide al presidente Alfonso Fernández Mañueco “escuchar a quienes conocen el terreno antes de que el próximo verano vuelva a arder”.
