Bruselas ve ilegal el peaje del Huerna y deja la prórroga para explotar la AP-66 en el aire
La Comisión Europea ha lanzado un contundente aviso a España: si no rectifica la prórroga de la concesión de la autopista AP-66 —más conocida como el peaje de La Magdalena, que conecta León y Asturias a través del Huerna— llevará el caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). La decisión del Ejecutivo comunitario se basa en la constatación de que España amplió la concesión en el año 2000 sin convocar un procedimiento de licitación pública, incumpliendo así la normativa comunitaria sobre contratos públicos.
La prórroga fue otorgada durante el mandato del presidente José María Aznar (Partido Popular), extendiendo la gestión de Aucalsa —entonces concesionaria de la AP-66— hasta el año 2050. Una operación similar ocurrió con la AP-9, en Galicia, cuya concesión también fue extendida sin licitación previa. Ambas forman parte del mismo expediente que Bruselas mantiene abierto desde hace años.
La Comisión habla de "adjudicación encubierta"
Según la Comisión Europea, estas extensiones constituyen una “modificación sustancial” de los contratos originales, lo que equivale legalmente a una nueva adjudicación. Al no haberse convocado concurso público ni haberse publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea, se vulneraron los principios de igualdad de trato, transparencia y libre competencia recogidos en la Directiva 2014/23/UE sobre concesiones.
"Este tipo de prórrogas sin licitación suponen una ventaja indebida para los concesionarios originales y un perjuicio para la competencia", señala el dictamen motivado enviado el 17 de julio desde Bruselas al Gobierno español. El documento da a España un plazo de dos meses para adoptar "las medidas necesarias" o, de lo contrario, el caso se remitirá al TJUE.
Reacción del Gobierno: apelación al coste del rescate
El Ministerio de Transportes, que dirige Óscar Puente, ha señalado que analizará el dictamen europeo con detalle y "agotará todas las opciones de respuesta", incluyendo la posibilidad de presentar recursos legales ante el propio tribunal europeo si finalmente se consuma la denuncia.
Fuentes ministeriales han recordado que la responsabilidad de la prórroga recae en el Ejecutivo del Partido Popular de entonces. Aseguran además que el actual Gobierno de Pedro Sánchez está comprometido con políticas de movilidad más justas y transparentes, y que ha respondido con diligencia a todos los requerimientos de la Comisión.
Desde el Ministerio también se ha defendido la continuidad del modelo actual debido al elevado coste que implicaría el rescate anticipado de la concesión. Un informe interno estima que dicho rescate podría costar al Estado varios cientos de millones de euros.
Bonificaciones al usuario: más de 58 millones ahorrados
A pesar del contencioso legal, el Gobierno central destaca que ha bonificado de forma significativa el uso del peaje. Desde 2018 hasta junio de 2025, los usuarios de la AP-66 se han ahorrado más de 58,5 millones de euros en descuentos y limitaciones a la subida de tarifas. Estas medidas han servido, según el Ministerio, para “compensar el agravio histórico” que suponen estos peajes para los territorios del norte.