Doce años sin justicia: las familias de la tragedia en el Pozo Emilio del Valle siguen esperando respuesta
A las 14:00 horas del 28 de octubre de 2013, una explosión silenciosa sacudió las entrañas del Pozo Emilio del Valle, en La Pola de Gordón. A casi 700 metros de profundidad, un escape de 12.000 metros cúbicos de gas grisú dejó sin oxígeno a seis trabajadores de la Hullera Vasco-Leonesa: Carlos Pérez, Manuel Moure, Antonio Blanco, Orlando González, Roberto Álvarez y José Luis Arias.
Tenían entre 35 y 45 años. Eran padres, hijos, vecinos de una cuenca minera que ya agonizaba. El grisú —ese enemigo invisible que tantas veces se coló en las galerías leonesas— se cobró entonces las últimas víctimas de la minería del carbón en España.
Doce años después, el eco de aquel gas aún resuena entre los muros del juzgado de León, donde sus familias siguen pidiendo lo mismo que escribieron en una lona con sus rostros y sus cascos: “Justicia y reparación”.
El juicio que no llega al fondo
El proceso judicial contra 16 altos cargos de la Hullera Vasco-Leonesa ha convertido en un símbolo de la lentitud de la justicia en los accidentes laborales. La Fiscalía pide tres años y medio de prisión para los acusados por seis delitos de homicidio por imprudencia grave y ocho de lesiones, además de las indemnizaciones correspondientes.
Los hermanos Antonio, Arturo y Aurelio del Valle, antiguos responsables de la empresa, declararon en su día que ellos “no estaban en la mina todo el día” y que “nunca recibieron avisos de problemas de seguridad”. Su argumento: se dedicaban a la gestión, no a la supervisión técnica.
El entonces director general y jefe de seguridad, Mario Calvo, sostuvo durante su declaración que “la ley se cumplía” y que “los niveles de metano eran normales”. Pero aquel día, los sensores no dieron margen. El gas engulló el oxígeno y los seis mineros murieron asfixiados antes de poder activar los sistemas de emergencia.
El juicio quedó visto para sentencia en marzo de 2023, y desde entonces, nada. Las familias aguardan. Los abogados esperan. El silencio pesa como el polvo del carbón.
“Le están echando la culpa al muerto”
Frente a los juzgados de León, los familiares repiten cada aniversario el mismo ritual. Colocan los cascos, las linternas y las fotografías de los fallecidos sobre una lona negra. Algunos cascos aún conservan el hollín y corazones dibujados por los hijos.
Entre ellos, Nuria Pérez, hija de Carlos Pérez, que tenía solo 11 años cuando perdió a su padre. “Los directivos entran con la cabeza bien alta al tribunal, y temo que salgan igual: impunes”, lamenta.
A su lado, Manuel Moure, minero jubilado de 77 años y padre de otro de los fallecidos, sigue asistiendo a cada sesión con una camiseta que lleva bordados los nombres de los seis hombres. “Lo que peor llevamos es la tomadura de pelo”, dice con voz cansada. Su hijo Roberto, hermano del fallecido, promete continuar la lucha: “Hasta donde no llegues tú, llegaré yo”.
Los Moure conocen bien lo que es respirar polvo y miedo bajo tierra. “Hullera exprimió la veta de carbón de forma bestial”, denuncia el padre. Él teme que el proceso se alargue tanto que “muera sin saber por qué pasó lo que pasó”.
La herida que no cierra
El Pozo Emilio del Valle cerró pocos meses después de la tragedia. La maquinaria se detuvo, pero no el recuerdo. Hoy, los túneles permanecen sellados, cubiertos por maleza y olvido. Solo algunos exmineros regresan a menudo, en silencio, a colocar flores.
Doce años después, La Pola de Gordón sigue marcada por aquel 28 de octubre. En los bares aún se escuchan los nombres de los caídos, y en las familias, las ausencias siguen pesando más que el carbón.
“Puede haber accidentes, pero esto fue una negligencia laboral”, repiten los compañeros de galería. Lo dicen sin rencor, pero con una convicción que no se ha diluido con los años.
Esperar justicia bajo tierra
Mientras la sentencia no llega, los familiares de los seis mineros viven entre la memoria y la incertidumbre. Cada aniversario, vuelven a colocarse frente al juzgado. Ya no hay pancartas nuevas ni consignas improvisadas, solo la esperanza de que algún día se dicte una resolución que cierre —aunque sea en parte— una herida abierta desde 2013.
“Nuestro lugar está en la tierra, pero ellos siguen ahí abajo, esperando justicia”, resume Manuel Moure ante los medios.