El exdirector general de Montes nunca tuvo constancia de irregularidades en Cerredo
El exdirector general de Infraestructuras Rurales y Montes hasta 2023, Fernando Prendes, aseguró este martes en la Comisión de la Junta sobre el caso Cerredo que nunca tuvo constancia de irregularidades en la mina, escenario del accidente en el que el pasado 31 de marzo murieron cinco trabajadores por una explosión de grisú.
“En mi periodo como director general de Montes no recibí ninguna denuncia ni, desde el punto de vista personal, ninguna queja sobre la mina de Cerredo. Y mi puerta siempre estuvo abierta”, declaró Prendes, hoy asesor del grupo socialista en la Junta General.
Solo dos expedientes firmados
El exalto cargo explicó que durante su mandato únicamente firmó dos resoluciones vinculadas al enclave minero: la revocación de la licencia de ocupación de 70 hectáreas para explotación a cielo abierto, y la autorización para utilizar 1,2 hectáreas como terreno de acopio de material. Según un acta del agente de Medio Natural José Manuel Carral, esta última parcela fue empleada para almacenar carbón en lugar de chatarra, extremo que Prendes negó: “No me consta”.
Debate con los portavoces
El exdirector respondió a las preguntas de representantes de PP, Vox, Convocatoria por Asturias, Foro y Somos Asturias, además de las cuestiones formuladas por el portavoz socialista René Suárez. La diputada Covadonga Tomé le interrogó sobre quién debía vigilar el uso real de los terrenos autorizados.
“Hay una cuestión básica: que haya maquinaria activa o no dentro de las labores de achatarramiento. Si tienes camiones nuevos ocupando el ámbito es evidente que no se está cumpliendo. Sin embargo, si hay maquinaria, aunque sea extractiva, sacada de dentro para achatarramiento, resulta complejo distinguir. Nosotros el permiso concedido era para que instalaran en ese terreno tanto la maquinaria que estaban utilizando como la que estuvieran utilizando ellos para el transporte”, contestó.
El procedimiento sancionador
Prendes defendió que la tramitación de posibles infracciones pasa por un recorrido administrativo reglado y garantista: “En los expedientes sancionadores puede haber una denuncia de un tercero o de un acta. Se abre un expediente que tramita la guardería de Recursos Naturales, luego informa el técnico de zona, posteriormente se eleva a los servicios jurídicos, se nombra un instructor y se realiza una calificación. Si entiende que merece sanción, se eleva y me llega, y yo rubrico. Mi intervención es solo rubricar”.
Añadió además que “una denuncia va más rápido que un acta porque ya hay una identificación del presunto infractor. El plazo es de un año y la prioridad la regula el tipo de infracción. Las muy graves tienen un recorrido más rápido que las otras, pero siempre evitando la caducidad”.
Empresas con nombres cambiantes
Sobre las sociedades que han gestionado la explotación —desde Minera AstuLeonesa hasta Combayl o Blue Solving—, Prendes aseguró que su departamento no fiscaliza esos cambios: “Nosotros respondemos a la empresa que hace la solicitud. Es obligación de la empresa advertir del cambio”.