El guarda que advirtió sobre Cerredo denuncia el "silencio administrativo" y las amenazas de la propiedad
El agente de Medio Natural José Manuel Carral, con más de tres décadas de servicio, compareció ayer ante la comisión parlamentaria de investigación sobre el accidente en la mina de Cerredo (Degaña), en el que perdieron la vida cinco trabajadores el pasado 31 de marzo.
Carral explicó que, antes del siniestro, había levantado actas en las que describía movimientos de carbón compatibles con una explotación sin licencia. También había advertido tras un accidente previo en 2022, con un muerto y un herido. “Qué pena que la administración para la que trabajo no pudiera hacer nada para evitar la tragedia”, lamentó ante los diputados.
“Yo tengo contactos, tú no eres nadie”
El guarda relató un episodio especialmente llamativo con el empresario Jesús Rodríguez Morán, responsable del grupo familiar titular de la concesión. Tras señalarle la posible ocupación irregular de varias zonas de la mina, asegura que recibió esta respuesta: “Estamos en contacto a altos niveles en Medio Ambiente; con voluntad todo se arregla”.
Para Carral, el mensaje equivalía a un “aparta, no molestes”, reflejando que el dueño de la explotación daba por hecho que podía resolver los problemas fuera de los cauces legales.
Críticas a la administración
Carral acusó a la estructura autonómica de funcionar como un “Frankenstein”, sin coordinación entre áreas y con injerencias políticas en el trabajo de los técnicos. En sus actas llegó incluso a recoger testimonios de mineros que reconocían que el objetivo era extraer carbón pese a no contar con permiso.
El accidente confirmó esas sospechas: la explosión mortal se produjo en una zona donde los operarios estaban picando mineral de forma irregular.
Montes contra Minas
También compareció el ex jefe de Montes del Principado, Dictinio Belloso, quien subrayó que las advertencias sobre la ocupación de monte público debieron derivar en un expediente sancionador. Esa postura contradice a la de su sucesor, Ángel de Miguel, que en julio defendió que el visto bueno de Minas eximía de otros permisos.
Belloso recordó que, aunque dejó el cargo en marzo de 2022, lo lógico ante informes como los presentados por Carral habría sido ordenar la retirada del material o forzar una legalización mediante sanción. “El control de lo que ocurre en el interior de la mina corresponde a Minas, pero la ocupación de monte público es otra cuestión”, apuntó.
