León Propone traslada a Hacienda sus planes para frenar la despoblación e incentivar el desarrollo
La asociación independiente León Propone mantiene su ofensiva institucional para redefinir el equilibrio económico entre la España industrializada y las provincias que actúan como proveedoras de recursos. En una reunión clave con la Secretaría de Estado de Financiación Autonómica y Local del Ministerio de Hacienda, el colectivo ha desgranado una hoja de ruta centrada en tres ejes: la equiparación de la presión de la inspección fiscal, la reforma de la financiación local y la recuperación del canon energético.
A pesar de que los representantes de Hacienda no rechazaron los planteamientos, aludieron a la fragmentación parlamentaria actual para acometer reformas legislativas inmediatas. No obstante, desde la organización independiente no prevén cesar en su empeño y buscan consolidar nuevos apoyos políticos de cara a la agenda del próximo otoño.
La "presión fiscal indirecta" en la periferia
Uno de los puntos más espinosos planteados por León Propone es la desigual distribución de los efectivos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) en el territorio nacional. Al coincidir la estructura inspectora con las fronteras de las Comunidades Autónomas, se genera una asimetría que perjudica a las regiones menos pobladas.
"En territorios menos industrializados, como Castilla y León, existe una proporción significativamente mayor de inspectores por cada empresa o profesional en comparación con polos económicos como Madrid o Cataluña", argumentan desde la asociación independiente.
Esta situación provoca lo que denominan una mayor presión fiscal indirecta, que se traduce en comprobaciones más recurrentes y en una persecución de deudas menores que fomenta una deslocalización silenciosa de compañías hacia las grandes capitales. Para solucionarlo, León Propone ha presentado iniciativas concretas orientadas a modificar las Resoluciones de competencias de Inspección (de 1992 y 2021). Una medida que, según sostienen, "no requiere acuerdo parlamentario, bastaría una nueva resolución interna de la Dirección de la AEAT" para dotar de competencia nacional a sus órganos de inspección.
Un sistema de financiación local anclado en el pasado
El segundo eje de las propuestas de la asociación independiente se enfoca en el modelo de financiación local, regulado en 1988 y cuya última actualización relevante data de 2004. A juicio de la organización, el sistema castiga con una pérdida de ingresos a los municipios que sufren despoblación.
Por ello, han entregado a Hacienda un estudio jurídico para que la Participación en los Ingresos del Estado (PIE) deje de pivotar sobre la población total. La alternativa defendida consiste en "contabilizar únicamente la población residente en municipios de menos de 20.000 habitantes", que son los que verdaderamente dependen de los servicios y el soporte técnico de las Diputaciones provinciales.
Frente a la postura de la administración central, que justifica la suficiencia financiera de las Diputaciones basándose en sus remanentes de tesorería, León Propone aclara que este supuesto beneficio es irreal. Explican que no procede de una financiación holgada, sino de las limitaciones legales impuestas desde 2012, tales como el techo de gasto y la tasa de reposición de efectivos, trabas normativas que impiden reinvertir el superávit o contratar al personal necesario para reactivar el medio rural.
Canon energético: justicia para los territorios generadores
El último aspecto clave es el retorno económico para las provincias que albergan instalaciones de energías renovables. El canon energético funcionó en España entre 1981 y 1985 bajo criterios de solidaridad, pero tras su posterior integración en el sistema general, el modelo de reparto actual otorga el 70% por población y apenas un 2,5% por potencia instalada.
Esto produce un "triple beneficio" para las provincias consumidoras y desarrolladas: disponen de la energía, albergan las sedes fiscales de las eléctricas y reciben la mayor parte de las compensaciones estatales por una generación que tiene lugar en la periferia.
Para revertir esta anomalía, León Propone no plantea crear un nuevo gravamen, sino articular una participación directa en el IVA generado por la energía o en el Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica (IVPEE). La iniciativa cuenta ya con el respaldo unánime de la Comisión de Peticiones del Senado, las Cortes de Castilla y León, diversas Diputaciones y la Federación Nacional de Comunidades de Regantes (FENACORE), manteniéndose además abierta a nuevas adhesiones en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo.
