Los municipios mineros exigen apoyo a familias de Cerredo y la jueza llama a declarar a la Brigada de Salvamento
Los veinte ayuntamientos que integran la comisión de gobierno de la Red de Municipios en Transición Justa, reunidos en Villablino y en representación de un centenar de consistorios mineros de la Federación Española de Municipios y Provincias, han lanzado un mensaje inequívoco al Gobierno y a las comunidades autónomas: no abandonar a las familias de los cinco mineros que murieron el 31 de marzo en el pozo de Cerredo, en Degaña.
Asistencia sin fisuras
El alcalde de Villablino, Mario Rivas, fue el encargado de transmitir el acuerdo alcanzado en el histórico grupo María de la MSP. Los regidores reclaman asistencia psicológica, administrativa y económica para los allegados, así como la depuración de responsabilidades políticas y empresariales por un accidente que dejó además cuatro heridos. Cuatro de las víctimas eran naturales de Laciana y la quinta del Bierzo.
En paralelo, mostraron su inquietud por la complicada tramitación de los fondos de transición justa destinados a infraestructuras, cuyo plazo de ejecución finaliza en junio de 2026 y que, según los alcaldes, limita gravemente las opciones de llevar a cabo proyectos esenciales para la reconversión económica de las cuencas.
Avances judiciales y testigos clave
La investigación judicial sobre la explosión en la mina avanza con nuevas diligencias. Según informó El Comercio, la magistrada encargada del caso ha citado este mes como testigos a los integrantes de la Brigada Central de Salvamento Minero de Hunosa, primeros en llegar al lugar del siniestro. Su testimonio podría ser crucial para esclarecer por qué se acumuló grisú, qué protocolos fallaron y si hubo indicios de extracción clandestina de carbón, como sostiene el Servicio de Minas del Principado.
La jueza mantiene el secreto de sumario y ha solicitado peritos independientes para reconstruir la cronología. Los supervivientes relataron que el fin de semana previo la mina permaneció cerrada y sin ventilación, y que el turno de la mañana entró sin que se midieran las condiciones atmosféricas de forma reglamentaria.
El suceso
El 112 recibió el primer aviso a las 9.34, alertando de un “problema en el interior” y de dos mineros afectados. En cuestión de minutos, las comunicaciones entre Asturias y Castilla y León confirmaban más heridos y la posible presencia de tres trabajadores atrapados.
A las 9.45 ya estaba informado el consejero en funciones del SEPA y, antes de las diez, la Brigada de Salvamento Minero, compuesta por ocho especialistas, se encontraba en ruta en helicóptero. Ellos fueron quienes, entre la presión y la urgencia, rescataron a heridos y recuperaron los cuerpos de los fallecidos, mientras la hipótesis de explosión de grisú cobraba fuerza.