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Pinos, el interminable conflicto que ahora se acerca a su final: un juzgado bloquea el traslado de 1.500 reses de Mieres hasta Babia

La resolución obliga al Ayuntamiento asturiano a impedir la subida de ganado al puerto de Pinos y advierte de posibles sanciones e incluso responsabilidades penales si incumple el fallo
Vacas pastando en el Puerto de Pinos en junio de 2025.
Vacas pastando en el Puerto de Pinos en junio de 2025.

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Oviedo ha decretado la suspensión inmediata del traslado de unas 1.500 cabezas de vacuno desde el concejo asturiano de Mieres hasta los pastos de Pinos, en el municipio leonés de San Emiliano, al entender que la operación podría vulnerar una sentencia firme emitida el pasado año.

La decisión judicial, fechada el 27 de mayo, activa la ejecución forzosa del fallo 28/2024 después de la petición presentada por las juntas vecinales de Pinos, Candemuela, San Emiliano y Villargusán, junto con la Federación Leonesa de Entidades Locales Menores.

Prohibición expresa al Ayuntamiento de Mieres

El auto señala que parte del ganado ya había comenzado a ser desplazado y que el grueso de la subida estaba previsto para los días 29, 30 y 31 de mayo. Ante esta situación, el magistrado ordena al Ayuntamiento de Mieres detener cualquier actuación relacionada con el aprovechamiento ganadero de esos montes.

La resolución impide al consistorio autorizar, coordinar o facilitar de cualquier manera la entrada de reses procedentes de explotaciones mierenses en los puertos de San Emiliano. Además, establece que, si algunos animales ya hubieran accedido a los pastos cuando se notificó el auto, deberán ser retirados de inmediato y con cargo exclusivo al propio Ayuntamiento.

El juzgado también fija un plazo improrrogable de dos días para que el consistorio comunique las medidas adoptadas para cumplir la resolución.

Advertencia de multas y posibles consecuencias penales

El magistrado advierte expresamente de que el incumplimiento de las órdenes podría derivar en multas coercitivas y sanciones por mala fe procesal. Asimismo, deja abierta la posibilidad de trasladar el caso a la vía penal por un eventual delito de desobediencia a la autoridad judicial.

El auto requiere además la identificación de los responsables municipales encargados de ejecutar las medidas, apuntando a posibles responsabilidades personales de autoridades y funcionarios implicados en caso de incumplimiento.

Control policial y bloqueo administrativo

La resolución extiende las medidas de vigilancia a otros organismos públicos. El juzgado ha solicitado la colaboración de la Delegación del Gobierno en Asturias y de la Subdelegación del Gobierno en León para que las fuerzas de seguridad controlen los accesos al puerto e impidan el paso del ganado, tanto en camiones como por cualquier otra vía.

También ordena a las unidades veterinarias de Villablino y Pola de Lena que no expidan guías de traslado para animales con destino a los pastos en conflicto, con el objetivo de evitar cualquier trámite administrativo que permita completar la operación.

Un conflicto histórico entre Asturias y León

La disputa sobre los puertos de Pinos se prolonga desde hace décadas y enfrenta al Ayuntamiento de Mieres con entidades locales de la comarca leonesa de Babia por la titularidad y el uso ganadero de los terrenos de alta montaña.

Las juntas vecinales leonesas consideran que la actividad promovida por el consistorio asturiano invade competencias y perjudica a los ganaderos de la zona. Por su parte, los profesionales de Mieres defienden la continuidad del aprovechamiento tradicional de esos pastos.

La tensión se intensificó en los últimos meses con movilizaciones de ganaderos asturianos tanto en Mieres como en Villablino para reclamar respaldo institucional y una solución favorable a sus intereses.

El Supremo cerró la vía ordinaria de recurso

El conflicto judicial dio un paso definitivo el pasado abril, cuando el Tribunal Supremo rechazó admitir el recurso de casación presentado por el Ayuntamiento de Mieres contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias.

Con esa decisión quedó confirmada la firmeza de las resoluciones previas que declaraban contrarias a derecho las actuaciones impulsadas por el consistorio asturiano en los montes situados en territorio leonés.