Los trabajadores del operativo de extinción de incendios forestales acusan de "mentir" a Suárez-Quiñones
Los trabajadores del operativo de extinción de incendios forestales de Castilla y León acusaron de “mentir” al consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, tras su comparecencia extraordinaria celebrada este miércoles en las Cortes para abordar la campaña 2025, según trasladaron en un comunicado y después de celebrar una protesta a las puertas del Parlamento.
"Distorsión premeditada"
Así, denunciaron que “repite una y otra vez un discurso diseñado desde los despachos, que no se corresponde con la realidad que vivieron luchando contra el fuego o la de los ciudadanos que vieron cómo sus pueblos ardían sintiéndose abandonados”. “Esta distorsión premeditada de los acontecimientos de este verano solo pretende ocultar su nefasta gestión y los incumplimientos reiterados de las leyes estatales básicas de agentes medioambientales y bomberos forestales, entre otras”, señalaron.
A su juicio, la “única realidad es que las personas que apagan incendios forestales a día de hoy siguen sin ser reconocidos como bomberos forestales, arriesgando su vida por 1.200 euros al mes, con una formación casi inexistente y una precarización laboral que impide la continuidad en este sector, ya que no garantiza unas condiciones de vida dignas”.
Reivindicaciones ya aplicadas en otras comunidades
En cuanto a los agentes medioambientales, a pesar de ser directores de extinción en más del 90 por ciento de los incendios forestales, “continúan trabajando sin una ley autonómica que regule sus funciones, lo que les genera una gran inseguridad jurídica”. El reconocimiento de la categoría de bombero forestal, un operativo cien por cien público -sin empresas intermediarias- o una ley autonómica de agentes medioambientales, “son realidades ya en otras comunidades autónomas gobernadas por el PP, mientras que en Castilla y León se les niega sistemáticamente cualquier tipo de mejora o reconocimiento”.
Por último, el conjunto del operativo, añadieron, remarcó que el cambio reside en una “eficiencia del gasto del dinero público, que repercuta directamente en la mejora de los montes, y no como hasta ahora en beneficio de un conglomerado de empresas privadas”.