La Plataforma en defensa de Feve lleva a los tribunales al Ministerio y al Ayuntamiento por "desobediencia, prevaricación y falsedad documental"
La Plataforma en Defensa del Ferrocarril de Vía Estrecha de León ha decidido llevar a los tribunales su reivindicación para recuperar la conexión ferroviaria de Feve con el centro de la capital leonesa. El colectivo ha anunciado este viernes el inicio de tres acciones judiciales dirigidas contra responsables del Ministerio de Transportes y contra el Ayuntamiento de León, después de casi dos años de actividad política, técnica y social sin que, según denuncia, se haya producido ningún avance para resolver la integración ferroviaria.
La plataforma sostiene que la vía judicial constituye ahora el camino para intentar desbloquear una situación que se mantiene enquistada desde hace años y que coincide con el cumplimiento de 15 años sin servicio ferroviario de Feve en el centro de León. "Ante la intransigencia del Ministerio y de sus acólitos en León", afirma el colectivo, sus integrantes aseguran estar "más determinados que nunca" a buscar una solución ante lo que califican de incapacidad de la clase política.
Las tres iniciativas comprenden una querella penal ante el Tribunal de Instancia de Madrid, un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional contra el Ministerio de Transportes y otro recurso ante el Tribunal de Instancia de León contra el Ayuntamiento de la capital.
Una querella contra un director general del Ministerio
La primera de las acciones es una querella presentada ante la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Madrid contra una persona que ocupa un cargo de director general del Ministerio de Transportes. La plataforma atribuye a esta persona, presuntamente, delitos de desobediencia, prevaricación y falsedad documental.
Según explica el colectivo, este procedimiento pretende poner de manifiesto las dificultades que, a su juicio, se han encontrado para acceder a documentación y expedientes públicos. La Plataforma considera que ese acceso constituye un derecho de la ciudadanía y denuncia las "enormes trabas interpuestas por las administraciones" para obtener la información necesaria.
El procedimiento judicial pretende que se investiguen las posibles responsabilidades derivadas de estas actuaciones, dentro de una estrategia con la que la Plataforma pretende conseguir por la vía judicial la documentación y actuaciones que considera necesarias para defender la integración de FEVE.
El incumplimiento del Convenio Marco de 2010 llega a la Audiencia Nacional
La segunda acción judicial es un recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional contra el Ministerio de Transportes por su presunta inactividad en el cumplimiento del Convenio Marco de 2010.
La Plataforma señala que ejerce esta acción en nombre y sustitución de la parte que considera afectada directamente por el incumplimiento del acuerdo: el Ayuntamiento de León. El colectivo reprocha al Consistorio que durante 16 años no haya mostrado, según su versión, "la más mínima disconformidad" con el incumplimiento sistemático del convenio ni haya reclamado formalmente su ejecución efectiva.
Las tres claves
1) Una querella en la Sección de lo penal del Tribunal de Instancia de Madrid por presunta desobediencia, prevaricación y falsedad documental contra una persona con cargo de director general del Ministerio de Transportes.
2) Un recurso contencioso-administrativo en la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional contra el Ministerio de Transportes por su inactividad en el cumplimiento del Convenio Marco de 2010.
3) Un recurso contencioso-administrativo en la Sección de lo contencioso-administrativo del Tribunal de Instancia de León contra el Ayuntamiento de León por su inactividad en su obligación de comunicar, a quien le sustituye procesalmente en la acción anterior, cuanta información obre en su poder en vista de la preparación de la demanda y para lograr, por la vía judicial, que el Ayuntamiento cumpla con su obligación de reclamar el cumplimiento del Convenio Marco de 2010.
La organización también cuestiona la decisión de la Alcaldía de no personarse en el procedimiento judicial iniciado en beneficio de la propia institución municipal. A juicio de la Plataforma, esta decisión incumpliría "la obligación de ejercer las acciones necesarias para la defensa de sus bienes y derechos", obligación que atribuye al Ayuntamiento el artículo 68 de la Ley 7/1985.
El objetivo del recurso es conseguir que se cumplan las obligaciones recogidas en el Convenio Marco de 2010, aunque la propia plataforma considera necesario que las administraciones implicadas renegocien el acuerdo para adaptarlo a las circunstancias actuales.
Otro recurso contra el Ayuntamiento de León
La tercera vía judicial se dirige directamente contra el Ayuntamiento de León. Se trata de un recurso contencioso-administrativo presentado ante la Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de León por la presunta inactividad municipal a la hora de facilitar a la Plataforma la información necesaria para preparar la demanda contra el Ministerio.
El colectivo sostiene que el Consistorio no sólo no ha reclamado el cumplimiento del Convenio Marco, sino que tampoco estaría facilitando la documentación necesaria para que la ciudadanía pueda asumir judicialmente esa defensa.
Según la Plataforma, han transcurrido casi cuatro meses desde la interposición de este recurso y el Ayuntamiento "sigue incumpliendo los reiterados requerimientos del juzgado". El colectivo considera que esta situación podría colocar a las autoridades o funcionarios responsables de esos incumplimientos en una situación de posible desobediencia, extremo que pretende que sea objeto de investigación.
La organización anuncia además que se investigará la posible responsabilidad penal de la autoridad o funcionario del Ayuntamiento de León que pudiera resultar responsable de los incumplimientos denunciados.
15 años sin tren en el centro de León
La Plataforma recuerda que durante sus casi dos años de existencia ha desarrollado reuniones con las instituciones, iniciativas legislativas en el Senado, el Congreso de los Diputados, las Cortes de Castilla y León y la Diputación de León, además de manifestaciones en León y Madrid, una jornada técnica y diferentes informes sobre la viabilidad de recuperar la integración de Feve.
El colectivo sostiene que el movimiento para recuperar el ferrocarril se ha convertido en "el mayor movimiento social de nuestra comunidad y del noroeste español" y asegura que existe un consenso absoluto en torno a sus reivindicaciones. También afirma que los argumentos políticos, económicos y técnicos contrarios a la alternativa del tren-tram han sido "sistemáticamente refutados".
En su argumentación, la Plataforma pone el foco en los más de 40 millones de euros que, según sus datos, se han invertido hasta la fecha y reclama que esa infraestructura pueda aprovecharse para garantizar el futuro de la línea. "Tenemos la obligación moral de amortizar los más de 40 millones de euros invertidos hasta la fecha y de salvar a una línea cuya existencia depende de su llegada al centro de la ciudad", sostiene.
Petición de apoyo económico a los leoneses
La Plataforma reconoce que la estrategia judicial supone un importante esfuerzo económico para una organización que carece de recursos propios y cuyo funcionamiento se basa en el trabajo altruista de sus integrantes. Por ello ha abierto una campaña de recaudación de fondos para afrontar los procedimientos con las "máximas garantías".
El colectivo solicita a la ciudadanía leonesa que contribuya en la medida de sus posibilidades mediante donaciones. Las aportaciones pueden realizarse por transferencia bancaria a nombre de la Asociación Plataforma en Defensa del Ferrocarril de Vía Estrecha de León (Feve), en la cuenta ES22 2080 0924 2330 4000 4613, con código BIC CAGLESMMXXX.
También se ha habilitado la posibilidad de realizar aportaciones mediante Bizum al teléfono 609901303, a nombre de Jesús María C.G. La Plataforma pide, en caso de que el canal de Bizum esté lleno, que las aportaciones se efectúen mediante transferencia bancaria.
