El termómetro culpable
Hace unos meses se celebró en el Albéitar, en León, una jornada organizada por Mutua Montañesa sobre la situación del mercado laboral. El decorado era el previsible: una pantalla con gráficas, técnicos explicando su labor, empresarios de la provincia tomando notas en cuadernos de publicidad y representantes del mundo político y sindical.
Una de las ponencias repasaba la evolución del absentismo en España. Se expusieron estadísticas de la Seguridad Social, estimaciones de las mutuas y estudios sectoriales publicados en los meses anteriores. Los datos describían un problema grave, con consecuencias económicas, sanitarias y organizativas, y sugerían que algo estaba fallando tanto en la salud de los trabajadores como en la gestión del sistema. Y lo peor: nadie parecía estar buscando soluciones. Los asistentes escuchaban en silencio, contrastando las curvas con lo que veían en sus talleres y en sus tiendas.
Solo hubo una voz discordante. Un representante sindical pidió la palabra y respondió a las gráficas, no con otras gráficas, sino con el diagnóstico de que todo aquello era un ataque a los derechos de los trabajadores. No discutió un solo número. Su intervención confirmó una actitud demasiado habitual en una parte del sindicalismo: interpretar cualquier análisis crítico de la incapacidad temporal como una amenaza a los derechos, en lugar de discutir cómo preservar esos derechos haciendo sostenible el sistema que los financia. Entonces me pareció el peaje litúrgico de estas reuniones. Hoy sé que era un ensayo general.
Los datos no militan. Ese es su encanto y su condena.
En cuarenta y ocho horas el asunto quedó clasificado, etiquetado y archivado: quien habla de absentismo, ataca derechos. Fin del debate
Esta semana, esos mismos datos han incendiado España. Alberto Núñez Feijóo, ante un auditorio de empresarios en Bilbao, cifró el coste del absentismo en más de treinta mil millones de euros y anunció que, si gobierna, reformará la incapacidad temporal. Se puede discutir la oportunidad, la forma y el fondo de la propuesta; lo ocurrido ha sido otra cosa. La vicepresidenta y ministra de Trabajo declaró que esas palabras "inhabilitan para gobernar España"; se habló de "ataque a la salud de los trabajadores" y de un discurso que "criminaliza a quien enferma". En cuarenta y ocho horas el asunto quedó clasificado, etiquetado y archivado: quien habla de absentismo, ataca derechos. Fin del debate.
Repárese en lo que no ha pasado. Casi nadie ha discutido seriamente la tendencia, la diferencia entre el crecimiento del empleo y el de los procesos, las causas de su prolongación o las reformas necesarias para gestionarlos. La respuesta no ha ido dirigida contra los datos, sino contra el hecho de mencionarlos.
Es el viejo método del termómetro culpable. El niño tiene 39 de fiebre, el termómetro lo dice con esa insolencia que tienen los aparatos de medir, y la familia decide que el problema es el termómetro
Es el viejo método del termómetro culpable. El niño tiene 39 de fiebre, el termómetro lo dice con esa insolencia que tienen los aparatos de medir, y la familia decide que el problema es el termómetro. Se le acusa de alarmista. Se le reprocha el tono. Se le retira de la mesilla. La fiebre, mientras tanto, sigue a lo suyo, que es subir.
Y la fiebre está subiendo. Según el indicador de Adecco, el absentismo cerró 2025 en el 7,68 por ciento de las horas pactadas, máximo de la serie —7,88 en el último trimestre—; la incapacidad temporal supone por sí sola el 5,97. Cada día faltan a su puesto en torno a 1,3 millones de personas de baja médica: como si cada mañana se quedaran en casa todos los habitantes de la provincia de León multiplicados por tres. La tasa está más de dos puntos por encima de los niveles previos a la pandemia. No es una fluctuación. Es una pendiente.
El desacople es todavía más elocuente. Entre 2015 y 2025, según estima AMAT, la población protegida creció un 28,5 por ciento y los procesos de baja iniciados, un 132,88. Nueve millones de procesos no son nueve millones de personas —una misma persona puede encadenar varios al año—, pero esa frecuencia es precisamente lo que habría que explicar. El gasto público en incapacidad temporal superó en 2025 los 18.000 millones de euros y se ha convertido en la segunda partida de prestaciones de la Seguridad Social, solo por detrás de las pensiones; si se añaden los costes directos soportados por las empresas, la factura conjunta ronda los 33.000 millones, el 1,4 por ciento del PIB. O España ha enfermado como ningún país de su entorno, o algo en el sistema funciona mal. Ambas hipótesis merecerían un debate. Ninguna lo está teniendo.
El absentismo no es una abstracción patronal. Es la aritmética cotidiana del bar, del taller y de la tienda
La factura tiene, además, una versión doméstica que en una provincia de pymes se entiende sin gráficas: los primeros quince días de una baja común corren, en la práctica, por cuenta de la empresa, y en una plantilla de seis personas no hay departamento que reorganice turnos: hay un compañero que dobla y un pedido que se retrasa. El absentismo no es una abstracción patronal. Es la aritmética cotidiana del bar, del taller y de la tienda.
La composición de las bajas también merece adultos escuchándola. Las dolencias musculoesqueléticas siguen siendo la primera causa, con casi la mitad de los procesos. Pero el crecimiento más llamativo es el de la salud mental: los días perdidos por ansiedad, depresión o estrés han aumentado un 88 por ciento desde 2018, y entre los menores de treinta años son ya la primera causa de ausencia. Cabe incluso la hipótesis —hipótesis, no dato— de que una parte de esas bajas breves y frecuentes no hable de enfermedad sino de desafección. Un país serio se preguntaría qué está ocurriendo con su juventud trabajadora. Aquí, buena parte de la conversación se ha dedicado a discutir si resulta legítimo formular la pregunta.
El médico de familia toma decisiones complejas con poco tiempo, información incompleta sobre el puesto de trabajo y escasa capacidad para acelerar pruebas o tratamientos
Para entender por qué crecen esas bajas no hace falta imaginar legiones de simuladores. El médico de familia toma decisiones complejas con poco tiempo, información incompleta sobre el puesto de trabajo y escasa capacidad para acelerar pruebas o tratamientos. En determinadas patologías, especialmente las relacionadas con la salud mental o el dolor, no existe un marcador único que permita fijar con exactitud la capacidad laboral. El problema no es la voluntad del facultativo, sino un sistema que concentra sobre él la decisión clínica sin proporcionarle siempre la información, los medios ni las vías de coordinación necesarias. Eso se corrige con recursos, protocolos y una segunda opinión de mutuas o tribunales médicos independientes. Nada de eso se puede diseñar en un país donde plantearlo equivale a criminalizar la tristeza.
Hay más señales que apuntan a la gestión antes que a la biología. Las altas médicas tienden a concentrarse en viernes y lunes y a agolparse en los plazos legales máximos: un patrón que sugiere que una parte del tiempo de baja no la dicta la clínica, sino el calendario administrativo y unas listas de espera que superan los cien días para una prueba diagnóstica. Otro contraste: la incidencia mensual de bajas en el Régimen General es unas cuatro veces superior a la de los autónomos. No porque el autónomo enferme menos, sino porque retrasa la baja cuando cerrar unos días puede significar perder clientes, ingresos y continuidad empresarial.
El mapa sectorial es el argumento que más estorba a los profetas de la indignación. Correos y la limpieza de edificios superan o rozan el 12 por ciento; la sanidad y las residencias, el 11; la programación informática ronda el 4. La brecha no separa vagos de laboriosos: separa trabajos con el cuerpo de trabajos con pantalla, quien puede teletrabajar con fiebre de quien empuja un carro de ropa sucia por el pasillo de una residencia. El absentismo es, sobre todo, un problema de los trabajadores más expuestos. Abandonar su análisis por comodidad ideológica no los protege. Los abandona.
Estar enfermo no es una elección, y quien lo recuerda tiene razón. Existen trabajos que enferman, y quien pide un debate serio sobre ellos pide algo sensato
Concedamos lo justo, que es bastante. Estar enfermo no es una elección, y quien lo recuerda tiene razón. Existen trabajos que enferman, y quien pide un debate serio sobre ellos pide algo sensato. El temor a que una reforma acabe pagándola el trabajador honrado tampoco es absurdo: hoy ya es quien asume el trabajo del compañero ausente o soporta la pérdida de productividad. Cualquier propuesta deberá demostrar que persigue el fraude y los tiempos muertos, no la gripe del cajero. Pero todo eso son razones para tener el debate, no para prohibirlo.
La comparación europea desmonta el falso dilema entre proteger y gestionar. Alemania garantiza hasta seis semanas de baja con salario íntegro a cargo de la empresa y mantiene una productividad por hora que España mira con catalejo. Y, sin embargo, la coalición de Friedrich Merz ha anunciado su intención de eliminar la baja telefónica y endurecer la obligación del certificado médico. Lo relevante no es que Berlín haya encontrado una solución indiscutible, sino que allí se debate la gestión del sistema sin considerar ilegítima la mera formulación del problema. Una tasa baja no siempre significa una población más sana: puede reflejar menor protección o miedo a perder el empleo. Y una protección generosa no es insostenible si existe una gestión eficaz. Los países que mejor protegen son precisamente los que más miden.
Aquí el episodio deja de ser anécdota y se convierte en síntoma: convertir un dato en una agresión es el procedimiento estándar con el que la política española lleva años dejando los debates en suspenso. ¿Sostenibilidad de las pensiones? Quien la menciona quiere privatizarlas. ¿Ordenación de la inmigración? Quien la pide es un xenófobo. ¿Absentismo? Quien lo estudia criminaliza a los enfermos. No se refuta el argumento: se descalifica al que lo pronuncia, y el problema queda aparcado en ese limbo donde los problemas engordan tranquilos.
A una parte del sindicalismo le otorga el papel de guardián de la muralla, más rentable que el de reformador
Preguntémonos a quién beneficia el bloqueo. Al Gobierno, el marco del "ataque a los derechos" le rinde: moviliza a los suyos y le ahorra explicar por qué las listas de espera alargan las bajas que pagamos todos. A una parte del sindicalismo le otorga el papel de guardián de la muralla, más rentable que el de reformador. Solo pierde el que madruga: el compañero que dobla turno, la limpiadora que no puede teletrabajar su lumbalgia, el autónomo que aguanta enfermo detrás del mostrador.
A esto me refiero cuando hablo de infantilismo. El populismo —y no es patrimonio de un solo lado del hemiciclo— trata a la sociedad como a un menor: le oculta las cuentas, le simplifica los dilemas, le ahorra elegir. Una democracia adulta hace lo contrario: pone los números encima de la mesa y asume que proteger al enfermo, perseguir el fraude y eliminar las demoras administrativas no son tres políticas incompatibles, sino las tres condiciones de un mismo sistema digno y sostenible. Los empresarios del Albéitar no salieron pidiendo recortar derechos a nadie: salieron preguntándose cómo agilizar pruebas médicas a través de las mutuas, cómo no depender únicamente de la lista de espera de la sanidad pública, cómo adaptar puestos para una plantilla que envejece. Esa conversación existe. Solo que no cabe en un tuit.
Se puede discutir si las cifras miden correctamente el fenómeno, qué parte responde a enfermedad, cuál a condiciones laborales, cuánto se debe a las listas de espera y qué margen existe para el fraude. Lo que no tiene sentido es declarar ilegítima la pregunta. Un sistema que protege al enfermo necesita recursos, pero también gestión, control y confianza; sin ellos, acabará perjudicando precisamente a quienes más necesitan esa protección. Podemos acusar al termómetro de insensible, reprocharle el tono de sus números o romperlo contra la pared. La fiebre, entretanto, seguirá subiendo.