Astorga prepara su defensa ante la reclamación millonaria de ADIF
El Ayuntamiento de Astorga celebró este viernes un pleno extraordinario para analizar la reclamación presentada por el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), que exige al Consistorio el pago de 1.023.466 euros por unas obras de emergencia ejecutadas en el paso superior de la carretera N-120a sobre la línea ferroviaria León-La Coruña.
La actuación se realizó tras detectarse problemas estructurales en la infraestructura y el organismo ferroviario sostiene ahora que el Ayuntamiento debe asumir el coste de la intervención, un asunto que ya ha llegado al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo.
El alcalde anuncia la recopilación de documentación
Durante la sesión plenaria, el alcalde José Luis Nieto explicó los pasos dados hasta el momento y señaló que el equipo de gobierno ha solicitado un informe a la Secretaría municipal para esclarecer cómo se gestionó la obra y si existe documentación que acredite su recepción por parte del Ayuntamiento.
Según expuso, el objetivo es determinar “en qué tiempo, plazo y forma se recibió esa obra, si es que se recibió”, ya que, de acuerdo con los archivos municipales, no existe expediente específico relacionado con la variante donde se produjo el incidente.
Nieto recordó que la factura remitida por ADIF llegó al Ayuntamiento en diciembre de 2024 y fue enviada a Intervención, que decidió devolverla al considerar que no procedía su tramitación. “Pensábamos que podía ser un error”, señaló el regidor.
Posteriormente, al reiterarse la reclamación, se volvió a solicitar un informe a Secretaría y el documento fue nuevamente rechazado al no existir expediente de contratación vinculado a la actuación.
El alcalde también explicó que trasladó el asunto al delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, aunque el Ministerio mantiene su reclamación, por lo que el conflicto deberá resolverse finalmente en los tribunales.
Impacto económico para la ciudad
Nieto advirtió además de las consecuencias que tendría para las cuentas municipales afrontar este pago. “Pagar un millón de euros es muy importante y no estaba previsto”, afirmó, recordando que Astorga cuenta con unos 10.000 habitantes, lo que equivaldría aproximadamente a “unos 100 euros por persona”.
Ante esta situación, el alcalde insistió en que el Consistorio trabajará para reunir toda la información posible con el fin de defender la posición municipal: “Tenemos que conseguir documentación para defender los intereses de los astorganos”.
Crítica del PSOE
El debate político se centró en la gestión del caso. El exalcalde y portavoz socialista Juan José Alonso Perandones reprochó al equipo de gobierno que el asunto se haya llevado al pleno “a dos días de las elecciones” y aseguró que su grupo no había tenido acceso a toda la documentación.
Perandones recordó que la factura se recibió en diciembre de 2024 y consideró que el gobierno municipal debería haber informado antes al resto de grupos. “Usted recibe una factura hace cerca de dos años y lo saca ahora cuando ya hemos llegado a este punto. Así no se actúa”, afirmó.
El exregidor defendió además su actuación cuando se produjo el incidente en enero de 2023, tras la alerta de un vecino sobre el desplazamiento de una estructura del paso elevado. Según explicó, los técnicos municipales concluyeron entonces que el problema “superaba la capacidad del Ayuntamiento”.
Perandones añadió que, tras realizar estudios previos, ADIF y el Ministerio de Transportes decidieron asumir la intervención debido a su complejidad técnica y económica. “Ellos se hicieron cargo de toda la gestión. El Ayuntamiento no tenía capacidad técnica ni económica”, aseguró.
A su juicio, el hecho de que el organismo estatal licitara y ejecutara las obras indicaba que la actuación iba a ser financiada por el propio Ministerio: “Si ADIF hace la contratación y ejecuta la obra, lo normal es que la pague ADIF”.
Pese a las discrepancias políticas, el portavoz socialista ofreció colaboración institucional al gobierno municipal para afrontar la situación: “Me tiene a su disposición para el beneficio de la ciudad”.
Debate sobre la titularidad del vial
El portavoz del equipo de gobierno, Julián García, cuestionó la explicación ofrecida por el exalcalde y señaló que no se ha aportado una aclaración clara sobre la titularidad del vial afectado.
“Había la posibilidad de dar una explicación, pero más allá de alegar desconocimiento y de decir que todo se habló de palabra, no se ha dado una explicación concisa”, afirmó.
García sostuvo que no existe ningún documento que confirme un acuerdo para que el Ministerio asumiera la actuación ni un documento de cesión del vial. “En ningún momento ha habido un acuerdo ni un documento de cesión del vial al Ministerio”, señaló.
El portavoz también criticó que en su momento se trasladara a la ciudadanía que la intervención no supondría coste para el Ayuntamiento sin que existiera una confirmación formal: “Se transmitió que la pasarela no iba a costar nada a los astorganos, pero no hay ningún documento que lo respalde”.
IU pide unidad política
Desde Izquierda Unida, su portavoz Ángel Núñez expresó su preocupación por la situación y coincidió en que el asunto debería haberse abordado antes. “Las cosas hay que solucionarlas en el momento”, afirmó.
Núñez apeló a la colaboración entre todas las fuerzas políticas para afrontar el problema y defender los intereses de la ciudad: “Ahora nos encontramos con un papelón y hay que pelearlo entre todos”.
El pleno concluyó con el compromiso del equipo de gobierno de recopilar toda la documentación disponible para preparar la defensa jurídica del Ayuntamiento, mientras que los grupos de la oposición manifestaron su disposición a colaborar para evitar que el conflicto tenga consecuencias negativas para Astorga y sus vecinos.
