La Guardia Civil investiga al conductor de un vehículo escolar que no tenía licencia
La persona investigada, acusada de falsedad documental, fue identificada por la Guardia Civil de Astorga cuando transportaba a dos menores en su furgoneta sin autorización y utilizando una placa de matrícula de Taxi
El pasado mes de enero, durante la campaña especial de la DGT de control de Transporte Escolar y en el marco de las labores de vigilancia que la Guardia Civil realiza para controlar el correcto cumplimiento de la normativa que regula el transporte escolar, Agentes de la Guardia Civil, pertenecientes al Equipo de Transportes del Destacamento de Tráfico de Astorga, identificaron y, posteriormente, investigaron a una persona, la cual era titular de un vehículo que realizaba 'Transporte regular de uso especial Transporte escolar', careciendo de autorización de transportes, según informó este sábado Subdelegación del Gobierno en León.
Según explicaron, durante la vigilancia que se estableció en la provincia de León, los agentes detectaron un vehículo que realizaba transporte regular de uso especial “transporte escolar” transportando a dos menores; tras solicitar al conductor la documentación correspondiente, comprobaron que dicho vehículo "no poseía autorización de transportes VT para actuar con AUTO-TAXI, habiendo sustituido la placa de matrícula ordinaria trasera, por una placa especial con fondo azul y caracteres alfanuméricos en blanco, específica de los vehículos dedicados al transporte público de viajeros en vehículos turismo o de los vehículos de alquiler con conductor, dedicados al transporte de viajeros".
Falsedad documental
Al observar esta circunstancia de la que pudiera derivarse una infracción penal, fue notificado por el Equipo de Transportes al Grupo de Investigación y Análisis (GIAT) de la Unidad de Investigación del Sector de Tráfico de la Guardia Civil en Castilla y León, quienes se trasladaron al lugar al objeto de la instrucción de unas primeras diligencias.
"De las gestiones realizadas con posterioridad, se puede constatar la autoría de la persona investigada al ser administradora única y propietaria de la empresa mercantil de transportes como autora de un delito de falsedad documental", indicaron las mismas fuentes oficiales.
Además, se formularon dos denuncias por infracciones al Reglamento de Transportes: una por no carecer de la autorización específica de transporte escolar, sancionada con 2.001 euros y otra por carecer de título habilitante para la realización de transporte regular de escolares sancionada con 4.001 euros.
El delito de falsedad en documento público está recogido en el art. 392 del Código Penal y puede conllevar una pena de prisión de seis meses a tres años y multa de seis a doce meses.
