La Junta se plantea aumentar las dietas por kilometraje por el alza de combustibles
El portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, aseguró que en los últimos días han mantenido contactos con los sectores afectados por el alza del precio de los carburantes por la guerra en Oriente Medio, a través de varias consejerías, y apuntó a las organizaciones profesionales agrarias, los transportistas, tanto de pasajeros, Fecalbus, como de mercancías, organizaciones empresariales, cámaras de Comercio, sindicatos, y los principales sectores productivos y empresas más internacionalizadas con los mayores impactos.
Al respecto, el consejero de Economía y Hacienda recordó que la Junta adoptó medidas en su momento con la guerra de Ucrania, y también con los aranceles de Trump, y expuso que en la guerra actual de EEUU e Israel contra Irán, están “escuchando las demandas y planteamientos de alternativas en función de las circunstancias y duración de este periodo” desde los diferentes sectores.
Kilometrajes
Asimismo, Carriedo no descartó elevar de nuevo la dieta que cobran los empleados públicos que tiene que usar su vehículo particular en desplazamientos laborales, una decisión que se adoptará, dijo, “en función de la evolución de los precios en el futuro inmediato”. Carriedo respondía así a la petición efectuada esta mañana por el sindicato CSIF para que la Junta eleve esa dieta hasta los 0,31 euros por kilómetros, desde los 0,26 actuales, que se acordó en 2024, algo que ya acometió, recordó, con el conflicto ucraniano.
Propuesta de CSIF
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) reclamó a la Junta de Castilla y León que eleve, de manera inmediata, el pago por kilometraje hasta los 0,31 €/km a los empleados públicos que tienen que usar su vehículo particular en desplazamientos laborales. Considera que mantener la actual compensación de 0,26 euros por kilómetro resulta “completamente insuficiente” en el actual contexto económico, marcado por la inestabilidad internacional que está tensionando los mercados energéticos.
Asimismo, en un comunicado recogido por Ical piden establecer compensaciones por los gastos derivados del seguro del vehículo, que actualmente asumen íntegramente los trabajadores, al contrario de lo que ocurre con los procuradores de Cortes, que están recibiendo ayudas de mil euros quienes tienen dedicación exclusiva y 500 los que no la tienen, un “agravio comparativo” que CSIF califica de “indecente” e “intolerable”.
Miles de profesionales, como los de sanidad y educación, deben desplazarse diariamente entre municipios o por amplias zonas rurales para garantizar la prestación de los servicios públicos. Sin embargo, la compensación que reciben “no cubre ni de lejos los costes reales derivados del uso del vehículo, como el combustible, el mantenimiento, el desgaste, la amortización o el seguro”.
“Los empleados públicos no pueden seguir financiando de su bolsillo la prestación de los servicios públicos en Castilla y León, muy especialmente en el medio rural. Es inaceptable”, recalca el presidente de la Unión Autonómica de CSIF Castilla y León, Benjamín Castro.
Un decreto "desfasado"
CSIF considera que el Decreto 252/1993 de la Junta de Castilla y León que regula las indemnizaciones por razón del servicio se ha quedado completamente desfasado y debe actualizarse, debido a la realidad económica actual y a los costes de movilidad. “La última vez tardaron 16 años en actualizar las cuantías, algo que no se puede volver a repetir”, insiste Castro.
La situación geopolítica apunta, añade, a que los elevados precios de los combustibles no serán una situación coyuntural, sino que pueden prolongarse en el tiempo, lo que agravaría aún más el “perjuicio económico que sufren miles de empleados públicos de Castilla y León que utilizan su vehículo particular para desempeñar su trabajo, en una Comunidad tan extensa y dispersa”.
CSIF extiende esta reclamación del kilometraje a las diputaciones provinciales y demás entidades locales, ya que la mayoría eluden esta responsabilidad, remitiéndose a la normativa estatal o autonómica, cuando tienen plena capacidad para regular esas indemnizaciones.
