Periodistas de Castilla y León se suman al manifiesto en defensa de la profesión
El Colegio de Periodistas de Castilla y León se ha incorporado a la iniciativa impulsada por dieciséis colegios profesionales, asociaciones y sindicatos para reclamar mayores garantías para el ejercicio del periodismo y la protección del derecho a la información.
Las organizaciones han presentado este martes en Madrid el manifiesto "En defensa de la profesión periodística y el derecho a la información", un documento que pone el foco en las dificultades y situaciones de hostigamiento que afrontan los profesionales que desarrollan su trabajo en espacios públicos.
El decano del Colegio de Periodistas de Castilla y León, Ignacio Coll, ha participado en la presentación del texto, celebrada en la sede central de UGT en Madrid. La Agrupación de Periodistas del sindicato fue la primera organización en promover la iniciativa.
Insultos, amenazas y agresiones
El manifiesto denuncia los episodios de acoso que sufren periodistas, reporteros gráficos, cámaras y otros trabajadores de los medios mientras cubren acontecimientos de interés público. Los firmantes consideran especialmente preocupante que estas situaciones se produzcan precisamente cuando los profesionales están desempeñando su labor informativa.
El documento califica de "intolerable" que los trabajadores de los medios sean "insultados, perseguidos, amenazados o agredidos" durante la cobertura de manifestaciones, concentraciones, conflictos sociales, emergencias u otros acontecimientos.
La reclamación no se limita a los casos de agresión física. Las organizaciones también alertan sobre los señalamientos y campañas dirigidas contra periodistas concretos, especialmente cuando proceden de representantes o grupos políticos.
Críticas al señalamiento desde la política
Uno de los apartados del manifiesto considera "todavía más grave" que determinados grupos políticos contribuyan a identificar públicamente a profesionales concretos como adversarios.
Los firmantes cuestionan asimismo el uso de calificativos como "terrorista" para referirse a periodistas que están ejerciendo su actividad profesional. A su juicio, este tipo de actuaciones deterioran las condiciones en las que se desarrolla el trabajo informativo y pueden favorecer situaciones de hostigamiento.
Ante estos episodios, las organizaciones periodísticas reclaman una condena pública de las amenazas y agresiones y solicitan la intervención y protección de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado cuando se impida a los informadores realizar su trabajo.
El derecho a informar también es un derecho ciudadano
El manifiesto extiende su reivindicación más allá del colectivo profesional y reclama la implicación de la sociedad. Los firmantes recuerdan que la protección de los periodistas está directamente relacionada con el derecho de los ciudadanos a conocer lo que ocurre.
"Defender a los profesionales de la información no significa estar de acuerdo con ellos", señala el documento, que vincula esa defensa con la necesidad de garantizar que existan profesionales capaces de cubrir acontecimientos relevantes desde el lugar donde suceden.
La presencia de periodistas y equipos gráficos en manifestaciones, emergencias, conflictos o concentraciones permite generar testimonios y facilitar el acceso de la población a información sobre hechos de interés público.
El Colegio de Castilla y León vigila estos episodios
El Colegio de Periodistas de Castilla y León señala que mantiene un seguimiento de las situaciones que pueden afectar al ejercicio de la profesión dentro de la comunidad autónoma. En este contexto, la organización ha respaldado la denuncia formulada por la Asociación de Periodistas de León después de las amenazas sufridas por varios equipos de televisión durante las manifestaciones celebradas el 2 de septiembre.
La adhesión al manifiesto sitúa al Colegio castellano y leonés junto a otras organizaciones profesionales y sindicales en una reivindicación común: garantizar que los periodistas puedan desarrollar su actividad sin sufrir intimidaciones y que los ciudadanos mantengan su derecho a recibir información contrastada sobre los acontecimientos de relevancia pública.