La reforma de la Ley de Publicidad Institucional limitará la aportación pública
Los grupos de la oposición en las Cortes de Castilla y León han vuelto a coincidir en un frente común, esta vez para impulsar la reforma de la Ley de Publicidad Institucional, que sigue avanzando sin el apoyo del Partido Popular. Durante el debate en la Comisión de Presidencia, los partidos del PSOE, Vox, UPL-Soria ¡YA! y el Grupo Mixto han aprobado 34 de las 38 enmiendas planteadas, dejando fuera únicamente tres del Partido Socialista y una del procurador Francisco Igea.
El nuevo texto, que se debatirá y votará de forma definitiva el próximo 25 de junio, incluye medidas que limitan el gasto institucional en medios de comunicación, aumentan el control parlamentario sobre RTVCyL y condicionan la publicidad institucional a criterios de veracidad y transparencia.
Cambios estructurales en publicidad y televisión
Entre las medidas más relevantes introducidas por la oposición figura el tope del 33% de la facturación anual como límite a las aportaciones institucionales que puede recibir un medio. También se contempla la creación de un Consejo de Evaluación con perfiles técnicos elegidos de forma proporcional por los grupos parlamentarios, encargado de supervisar la actividad de RTVCyL, televisión privada que actualmente opera bajo financiación pública.
Además, la reforma obligará a la subrogación de los cerca de 300 trabajadores de la televisión regional y establecerá que no podrán contratar publicidad institucional aquellos medios condenados por difundir bulos o informaciones falsas.
Otro aspecto destacado es el compromiso de convocar, en un plazo máximo de tres meses tras la aprobación de la ley, un nuevo concurso público para la concesión de la licencia de TDT.
El PP rechaza la ley y habla de “intervencionismo”
Desde el Grupo Parlamentario Popular, el rechazo ha sido absoluto. Su portavoz, Miguel Ángel García, ha calificado el texto como un ataque directo a la libertad de prensa: “Este texto solo pretende amordazar e intimidar a los medios de comunicación, vulnerando la libertad de expresión, de opinión y de prensa”. Y ha añadido: “No vamos a participar en la cacería que emprenden contra los medios de la comunidad”.
Durante el debate, el PP no ha discutido el contenido de ninguna de las enmiendas y ha reiterado su negativa a formar parte de un proceso que considera “intervencionista y censor”, afirmando que la reforma recoge “rasgos del más rancio comunismo y del fascismo caduco”.
Tensiones con la financiación a RTVCyL
El clima se ha tensado aún más tras conocerse que la Junta ha aprobado una subvención directa de 23,4 millones de euros a RTVCyL pese a que la concesión actual expira en agosto. El procurador del Grupo Mixto, Francisco Igea, ha llevado este asunto a la Fiscalía, denunciando un “caso probable de corrupción”.
Durante el debate, Igea también respondió a las acusaciones de censura: “Lo que pretende esta ley es liberar del yugo a los medios de comunicación, no controlarlos”. En su intervención, insistió en que la norma busca garantizar “veracidad, evaluación y responsabilidad”, y recalcó: “Quizá para algunos sea exótico, pero para la administración pública debería ser habitual la veracidad”.
Acuerdo político entre partidos ideológicamente enfrentados
Desde el PSOE, su portavoz Nuria Rubio destacó el valor del acuerdo entre formaciones muy dispares ideológicamente: “Cuando un grupo se queda solo y el resto, con ideas opuestas, es capaz de llegar a acuerdos técnicos, estamos ante un ejercicio importante de democracia”.
Rubio defendió que la nueva ley dotará de transparencia y acabará con “estrategias opacas” en la publicidad institucional: “Buscamos un modelo más justo, más democrático y más transparente”.
En una línea similar se expresó Miguel Suárez Arca, de Vox, quien subrayó que el objetivo es “garantizar la transparencia en qué se contrata, con quién se contrata y cómo se evalúa”, y definió el proceso como un “ejemplo de parlamentarismo”.
Enmiendas rechazadas y matices internos
De las 38 enmiendas presentadas, tres del PSOE no prosperaron: una sobre la redacción de los motivos de la ley respecto a los bulos, y otras dos rechazadas por Vox que proponían prohibir campañas sin enfoque igualitario y profesionalizar la creatividad publicitaria. La cuarta enmienda descartada fue la de Francisco Igea, que pedía directamente la eliminación de contratos con medios privados fuera de la ley y el cese de su financiación.
La reforma, que entrará en vigor si se aprueba en el pleno del 25 de junio, marca un nuevo episodio en el debate sobre el papel de los medios en la política autonómica y el uso del dinero público en comunicación institucional.
