Visto para sentencia el juicio por la 'trama eólica' tras diez años de instrucción

El juicio por la denominada trama eólica quedó este miércoles visto para sentencia, después de más de cuatro meses en los que han desfilado por la Audiencia Provincial de Valladolid decenas de comparecientes, y tras diez años de instrucción. 

Ahora toca determinar la implicación y la responsabilidad de los quince acusados. Entre ellos, el principal inculpado, que es el viceconsejero de Economía de la Junta de Castilla y León, Rafael Delgado, entre 2003 y 2007, que se enfrenta a una petición de 42 años de cárcel y el pago de multas por 239 millones de euros por delitos de cohecho, extorsión, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública.

El magistrado presidente de la Sala, Ángel Santiago Martínez, aseguró este miércoles, justo antes de concluir el juicio, que tratarán de convertir el “marrón”, tal y como lo definió el abogado Jesús Rodríguez Recio y al que la Fiscalía acusa de ser el testaferro de Delgado, en un “reto”. Aseguró que es, “con diferencia”, el juicio más largo de su vida profesional. “Nuestra tarea fundamental comienza ahora, cuando nos centremos en el estudio de este magno asunto”, apuntó. Una labor para la que será necesario, precisó, contar con sus compañeros, a los que agradeció su “apoyo y asesoramiento”, informó Ical. 

Martínez tuvo palabras de agradecimiento para el personal de la Audiencia Provincial como la letrada de la Administración de Justicia, los funcionarios de la Secretaría y los agentes judiciales. También, valoró la colaboración de todos los letrados intervinientes -muchos de ellos, de fuera de Valladolid- con el tribunal que han colaborado en el “complejo” juicio.

Falta de legitimación pasiva

Antes de conceder el derecho a las últimas palabras a los acusados, del que solo hicieron uso Rafael Delgado y Jesús Rodríguez Recio, intervino la defensa del Parque Eólica La Boga, en representación de la empresa ACS. Una mercantil que figura como responsable civil subsidiaria y a título lucrativo del pago de indemnizaciones por los perjuicios sufridos por el matrimonio formado por José María Campos y María del Mar Redondo, tras la venta de sus participaciones de Augusta Wind a ACS. En concreto, estos empresarios solicitan el pago de la cantidad de 184,3 millones de euros, al considerar que vendieron por debajo del precio de mercado, tras haber recibido 7,2 millones con la venta de esas acciones en febrero 2005. 

Tras apuntar que hay una falta de legitimación pasiva porque no hubo un enriquecimiento injusto y explicar que, técnicamente, no es posible que La Boga sea considerada partícipe a título lucrativo ni responsable civil subsidiario, el abogado de La Boga recordó que el matrimonio había invertido 58.764 euros con la entrada en Augusta Wind para la puesta en marcha de seis parques eólicos y reclama, ahora, una cantidad de 184,3 millones de euros. No en vano, es una cifra que los demandantes consideran que “alguien” les podría haber abonado en 2005 por la venta de esas participaciones, cuando apuntó que estas personas no se vieron obligadas, por parte de algún responsable de la Junta, a desprenderse de esas acciones. 

De ahí que no dudara en calificar la demanda como un “disparate” al considerar que los empresarios Campos y Redondo vendieron sus participaciones a un precio de mercado. “Desean multiplicar su inversión por 3.136 veces, tras haber obtenido una rentabilidad de 122 euros por euro invertido”, manifestó. 

El informe del perito

Cargó contra la “mendacidad” del informe elaborado por el perito Pérez Bustamante, al estar lleno de incorrecciones y falta de fuentes, sin olvidar que el matrimonio ha ocultado hechos a la Sala como que ACS no venía impuesto por la Junta como socio preferente, porque la constructora ya tenía participaciones de capital social en Lora 1 y Lora 2. Además, se obvió el hecho de que estos empresarios de la acusación particular pasaron de ser socios minoritarios a convertirse en mayoritarios en Nordex, la misma mañana de la firma de la compraventa de Augusta Wind a La Boga. “Compraron 1.660 participaciones en los parques por 17.920 euros, que tras la venta a Eyra - empresa de renovables de ACS- dicen que les debieron pagar 184 millones de euros. Unas diferencias de precio de las que no quiso explicar el matrimonio ni el perito, lo que demuestra que es un síntoma que el precio era de mercado y que esto no valía lo que ahora piden”, expuso. 

También denunció algunos defectos “importantes” en el escrito de conclusiones del Ministerio Fiscal, que hacen “inasumible” su petición, tanto de legitimación como de carácter técnico y procesal. Por último, solicitó la imposición de costas a la acusación particular que solicita la responsabilidad civil.