Luz verde al Real Decreto que mejora la seguridad y coordinación en incendios forestales
El Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes a un Real Decreto destinado a fortalecer la coordinación en la prevención, la vigilancia y la extinción de incendios forestales. La iniciativa se ha aprobado a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), tal y como anunció la vicepresidenta tercera Sara Aagesen en su últimos visita a La Robla el pasado fin de semana.
La norma, impulsada tras la tragedia medioambiental causada por los incendios del pasado verano, define un marco compartido de actuación para incrementar la eficacia de las operaciones, elevar la seguridad del personal que interviene y consolidar la cooperación entre administraciones y dispositivos operativos desplegados en el territorio.
El Real Decreto se enmarca, según fuentes oficiales, en un escenario de riesgo al alza en todo el país, agravado por los efectos del cambio climático, con incendios cada vez más extensos, más rápidos y más complejos. El objetivo es "mejorar la capacidad del sistema público para anticiparse y responder de forma coordinada, con especial atención a la interoperabilidad de medios y a la protección del personal durante las labores de extinción".
Además, según las mismas fuentes, la nueva norma es "coherente" con los compromisos del Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática, que impulsa políticas públicas coordinadas para reducir riesgos y reforzar la resiliencia del territorio ante fenómenos extremos.
Cinco medidas para operaciones más seguras
El Real Decreto concreta cinco actuaciones orientadas a mejorar la coordinación operativa y la seguridad en la gestión de incendios forestales. Estas medidas buscan reducir errores en escenarios de emergencia y facilitar el trabajo conjunto cuando intervienen recursos de distintas administraciones.
El paquete de actuaciones incluye elementos técnicos y organizativos que afectan a la identificación de unidades, al uso de aeronaves, a las comunicaciones y a la representación cartográfica, además de criterios de protección del personal conforme a la normativa de prevención de riesgos laborales. Entre sus principales regulaciones destacan cinco: la calificación homogénea de las unidades de extinción, para disponer de una identificación común de capacidades y simplificar la colaboración entre administraciones públicas; el protocolo común para el uso de medios aéreos, con criterios técnicos unificados para elevar la seguridad y la eficiencia de las operaciones con aeronaves; indicativos de radio unívocos, orientados a armonizar la codificación de las comunicaciones y a disminuir el riesgo de fallos durante las emergencias; simbología común para mapas operativos, para facilitar una lectura compartida de la información geoespacial y apoyar la toma de decisiones en tiempo real; y estándares de seguridad y equipos de protección individual (EPI), con el fin de garantizar la protección del personal interviniente conforme a la normativa de prevención de riesgos laborales.
Encaje legal y funcionamiento coordinado
Según explicaron, las medidas se incorporan al sistema común de gestión de emergencias previsto en la Ley 43/2003, de Montes, y su elaboración se ha realizado en el marco de los grupos técnicos especializados del Comité de Lucha contra Incendios Forestales, con participación de todas las administraciones competentes.
Según lo establecido, el enfoque técnico del real decreto refuerza la cooperación entre niveles de gobierno, manteniendo el marco competencial y mejorando la respuesta conjunta ante incendios de gran magnitud.
El objetivo final es proteger a la ciudadanía, preservar los recursos naturales y asegurar la integridad del personal que trabaja sobre el terreno. Para ello, la norma apunta a una planificación preventiva más sólida y a una respuesta operativa más eficaz cuando se producen situaciones de emergencia.
