UPL carga contra Educación por buscar profesores "voluntarios" para trabajar en junio

La Secretaría de Educación de Unión del Pueblo Leonés liderada por Sheila Fernández, calificó este viernes de "auténtica vergüenza e insulto a la labor docente" el último comunicado que la Dirección General de Centros e Infraestructuras de la Junta ha remitido a las direcciones de los Centros Rurales Agrupados (CRA). A través de este mensaje, explicó la formación leonesista, la Consejería de Educación pretende que sean los propios maestros, de manera voluntaria, quienes asuman el servicio de atención y cuidado del alumnado en el mes de junio para intentar tapar el caos provocado por la exclusión de las localidades que no son cabecera de comarca.

"Esta medida improvisada llega tras la indignación desatada por la notificación del pasado 19 de mayo, en la que la Junta dejaba desamparados a los pueblos más pequeños en los meses de junio y septiembre, incumpliendo el espíritu de la ORDEN EDU/396/2026 que prometía garantizar la permanencia del alumnado una hora más para paliar la reducción del horario lectivo", añadieron.

Un "parche" que "menoscaba el prestigio docente"

En este sentido, desde UPL consideraron "inadmisible" que un servicio público esencial para la conciliación de las familias rurales "dependa de la voluntariedad de los maestros", ante lo que denunciaron que esta propuesta es "totalmente impropia" y "atenta contra las condiciones del profesorado" por ignorar su jornada real como por los "precios de miseria que vacían el medio rural"

Fernández explicó que "el horario de los maestros en junio y septiembre no termina cuando finalizan las clases": "Durante esa hora posterior, el personal debe continuar en el centro realizando las complejas tareas burocráticas propias del fin de curso, tales como la redacción de informes, la elaboración de memorias y las evaluaciones. Pretender que descuiden estas labores o prolonguen aún más su jornada es una falta de respeto a su profesionalidad", aseveró.

Igualmente, significó que la circular "ofrece una gratificación para los voluntarios en los mismos términos que en septiembre". Desde UPL se señala directamente que estas cuantías están "mal pagadas y, para colmo, se abonan tarde y mal". "Esta insuficiencia presupuestaria es la causa directa de que la administración sea incapaz de encontrar personal externo dispuesto a desplazarse a las zonas rurales para trabajar apenas una hora al día, un problema estructural que la Junta ahora pretende resolver endosando el problema a los equipos docentes", añadieron.

"Discriminación" por código postal

Además, la supeditación del servicio a que haya un mínimo de cuatro alumnos y a que los profesores "se presten voluntarios" rompe de forma flagrante el principio de igualdad de oportunidades, según UPL. "Mientras que las escuelas urbanas y los CEIP disfrutan de este recurso de forma garantizada, el alumnado de los pueblos leoneses recibe un trato discriminatorio dentro de un mismo centro educativo en función de la localidad en la que reside", recordó la formación leonesista.

"Es especialmente sangrante que, mientras la Junta de Castilla y León llena sus discursos con la defensa de la escuela rural y la lucha contra la despoblación, a la hora de la verdad recorte servicios básicos en los núcleos más vulnerables y ofrezca condiciones laborales tan precarias que nadie quiere aceptar estos puestos en el medio rural", añadió.

Exigencias "inmediatas" a Educación

Por todo ello, desde la Secretaría de Educación de UPL exigieron de "forma inmediata" tanto la "retirada de esta circular trampa y la asunción de responsabilidades por parte de la Consejería, que debe dotar al servicio de un presupuesto real y profesional", como "una mejora drástica en las condiciones económicas de estos contratos para que resulten atractivos y se pueda encontrar personal cualificado que cubra las necesidades de conciliación en el medio rural".

Finalmente, los leonesistas también reivindicaron "el mantenimiento del servicio en todas las localidades integradas en los CRA, sin exclusiones ni parches que carguen las deficiencias de la administración sobre las espaldas de los docentes".

La conciliación en nuestros pueblos no puede ser un privilegio que dependa de la caridad o del voluntarismo de los maestros, sino un derecho garantizado por la administración con servicios públicos de calidad.