Luz verde a una subida salarial del 2,5% en 2025 y un 1,5% en 2026 para funcionarios autonómicos

El Consejo de Gobierno de Castilla y León aprobó este jueves el decreto-ley que establece el incremento de las retribuciones del personal al servicio del sector público autonómico para los años 2025 y 2026. La medida contempla un aumento del 2,5 por ciento en 2025 y un 1, por ciento en 2026, con posibilidad de un ajuste adicional del 0,5 por ciento si la inflación alcanza el 1,5 por ciento o más el año que viene. Los importes correspondientes a 2025 se abonarán en enero, cuando ambos incrementos ya se verán reflejados en las nóminas de los empleados públicos.

La aprobación del decreto-ley responde a la necesidad urgente de actualizar las retribuciones ante la aprobación y convalidación del Real Decreto-ley 14/2025 del Gobierno central. La norma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León, asegurando que los empleados públicos perciban de manera efectiva los incrementos establecidos, informa Ical.

Nombramientos temporales

En materia de personal, el Consejo de Gobierno también dio su visto bueno al proyecto de decreto por el que se regula la selección del personal funcionario interino y del personal laboral temporal de la Administración General de la Comunidad y de sus organismos autónomos, con el objetivo de agilizar la cobertura temporal de los puestos vacantes por jubilación, incapacidad laboral, concursos de traslados u otras causas.

La nueva norma establece un marco común, actualizado y homogéneo que permite responder con mayor rapidez a las necesidades urgentes de personal, asegurando a los candidatos la aplicación de los principios de igualdad, mérito, capacidad, publicidad y transparencia que rigen el acceso al empleo público.

Uno de los principales avances es la creación de bolsas de empleo únicas, abiertas y de ámbito autonómico, una por cada cuerpo, escala, especialidad o categoría profesional, que permanecerán abiertas de forma permanente y permitirá disponer en todo momento de personas candidatas disponibles, reduciendo los plazos de nombramiento y facilitando la cobertura inmediata de vacantes temporales.

El procedimiento de constitución y gestión de las bolsas será íntegramente electrónico, lo que simplifica trámites y acelera los procesos. Además, la Administración podrá comprobar y valorar de oficio los méritos de los aspirantes, sin necesidad de que estos tengan que acreditarlos expresamente, salvo en el caso de la experiencia profesional en otras administraciones públicas.

El decreto también refuerza asimismo la agilidad en los llamamientos, que se realizarán de forma periódica mediante publicación electrónica y, cuando la urgencia del servicio lo requiera, mediante llamamientos telefónicos.

En cuanto a los criterios de selección, prioriza la experiencia profesional y el esfuerzo acreditado en los procesos selectivos, otorgando un peso relevante a los ejercicios superados en oposiciones recientes. De esta manera, se incentiva la participación del personal temporal en los procesos de acceso al empleo público, y se refuerza la objetividad del sistema.

El decreto contempla además mecanismos alternativos de selección para supuestos excepcionales en los que no sea posible cubrir un puesto a través de las bolsas de empleo, así como la colaboración con el Servicio Público de Empleo de Castilla y León o con otras administraciones públicas.

Competencias digitales

De igual forma, se aprobó el proyecto de decreto por el que se regula el certificado en competencias digitales del personal al servicio de la Administración General de Castilla y León, que refuerza la modernización de la administración autonómica y su adaptación a las necesidades del mundo actual, contribuyendo a una prestación de servicios públicos más ágil, eficaz y cercana a la ciudadanía.

La norma aprobada hoy da cumplimiento al Decreto autonómico 49/2022 por el que se desarrolla la carrera horizontal de los empleados públicos de la Junta de Castilla y León, y también al Decreto 27/2022 por el que se regula el régimen de teletrabajo.

Del mismo modo, el certificado en competencias digitales ya aparece contemplado en el proyecto del nuevo Decreto de teletrabajo, que vendrá a perfeccionar la norma vigente, para ampliar los derechos de los empleados públicos y adaptarse al nuevo contexto tecnológico.

El certificado de competencias digitales permitirá acreditar de forma objetiva y graduada el nivel de conocimientos y habilidades de los empleados públicos en este ámbito, estableciendo distintos niveles en función de sus competencias, con el objetivo de mejorar la calidad del servicio que se presta a la ciudadanía y su desempeño profesional.

Los distintos niveles del certificado se definirán en una orden posterior de la Consejería de la Presidencia, cuya publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León permitirá activar la aplicación de la norma. El decreto entrará en vigor tres meses después de la publicación de dicha orden, garantizando así una implantación progresiva del sistema de certificación.

Creación de un comité

El decreto será de aplicación al personal de la Administración General de la Comunidad de Castilla y León y de sus organismos autónomos y tendrá incidencia directa en ámbitos como el acceso al teletrabajo, la carrera profesional horizontal y los procesos de provisión de puestos de trabajo.

Asimismo, la norma contempla la creación de un Comité de Competencias Digitales, adscrito a la Consejería de la Presidencia, encargado de la gestión, seguimiento y actualización del sistema de certificación.

Entre otras medidas, el decreto prevé el refuerzo de la oferta formativa en competencias digitales por parte de la Escuela de Administración Pública de Castilla y León, así como el reconocimiento de certificados emitidos por otras administraciones públicas mediante convenios de carácter recíproco.

Por último, el texto normativo incluye además la modificación del Reglamento General de Ingreso y Provisión de Puestos de Trabajo, de modo que el certificado en competencias digitales pasará a ser un mérito valorable en los concursos de traslados, reforzando su papel en el desarrollo profesional de los empleados públicos.

Servicios veterinarios

Finalmente, en materia de personal, se dio luz verde al decreto por el que se establecen las cuantías y requisitos para la percepción del complemento de atención continuada, en las modalidades de turno de noche y de sábados, domingos y festivos, por parte de los veterinarios de los servicios oficiales de salud pública que trabajan en mataderos e industrias alimentarias de Castilla y León.

Este nuevo decreto, que tendrá un impacto económico de 417.067 euros para 2026, establece los requisitos y las cuantías que deben concurrir para el devengo del complemento de atención continuada en las modalidades de turno de noche o turno de sábados, domingos y festivos por parte del personal veterinario de salud pública de los Servicios Veterinarios Oficiales destinados en mataderos e industrias alimentarias en Castilla y León, que realizan sus funciones en horarios nocturnos o en sábados, domingos y festivos en las citadas empresas con sede en el territorio de la Comunidad de Castilla y León.

También define el horario nocturno y el horario en sábados, domingos y festivos a los efectos de prestación de servicios aplicándose con carácter retroactivo a partir del 1 de abril de 2025. La cuantía del complemento de atención continuada por prestación de servicios en horario nocturno pasa de 2,45 a nueve euros por hora, lo que supone casi cuadruplicar su importe. Cuando los servicios se realicen en sábados, domingos y festivos, dentro de la jornada ordinaria, el complemento será de nueve euros la hora.

Además, cuando tales servicios se presten fuera del horario ordinario y se excedan las horas mensuales estipuladas, el complemento ascenderá a 32 euros por hora.