Javier Carrera, alcalde de La Bañeza, y cinco concejales populares, investigados por una presunta malversación de fondos públicos
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de La Bañeza ha abierto diligencias previas por un presunto delito de malversación de caudales públicos en el Ayuntamiento. La denuncia, presentada por el exconcejal de Hacienda Luis Fernández Miguélez, ha llevado a la citación del actual alcalde, Javier Carrera (PP), y cinco ediles del equipo de gobierno: Elena Bailez, Carmen Macho, Amada Moratinos, Pedro Montiel y el exconcejal José Luis del Riego.
Además, el propio denunciante, Miguélez —actual concejal del Grupo Mixto—, acudirá en calidad de testigo. Las declaraciones tendrán lugar el próximo lunes 14 de julio, a partir de las 10:00 horas, en la sede judicial de la localidad.
¿Asignaciones indebidas?
El proceso se centra en el supuesto cobro irregular de 900 euros en concepto de asistencias a órganos colegiados. Según la denuncia, se habría producido un reparto indebido de asignaciones vinculadas a comisiones municipales que, supuestamente, no llegaron a celebrarse o no fueron justificadas correctamente.
En este contexto, el Juzgado ha solicitado al secretario municipal un informe detallado para identificar a las personas que percibieron dichas cantidades y verificar la legalidad de los pagos.
Carrera: “Todo es legal”
En declaraciones a los medios locales el alcalde Javier Carrera (que no ha respondido a las llamadas de Heraldo de León) ha defendido la legalidad de todas las actuaciones y ha asegurado que “todo es perfectamente legal”. Según el regidor, el pago en cuestión “corresponde a la asistencia a órganos colegiados que sí se celebraron, como recoge el informe de la secretaría”.
Carrera ha mostrado su disposición a colaborar con la justicia: “Tengo ganas de declarar y aclarar mi inocencia y la de mis compañeros”, afirmó. No obstante, ha declinado responder a preguntas del diario Heraldo de León.
Un conflicto personal, según el alcalde
El primer edil bañezano sostiene que la denuncia ante la Fiscalía obedece a un conflicto personal con el denunciante, Luis Fernández Miguélez, quien fue apartado del equipo de gobierno y de su cargo como concejal de Hacienda. Carrera lamenta lo que considera un “juicio social” basado en “acusaciones infundadas”.
El proceso judicial seguirá su curso tras la ronda de declaraciones, mientras se espera el informe oficial del secretario municipal que podría resultar clave para determinar si hubo o no delito en el manejo de los fondos públicos.
